• Algunos inversionistas de la minería han sido abordados por funcionarios policiales que les quitan las máquinas y los extorsionan para devolvérselas

La primera vez que Mariana Díaz* escuchó sobre criptomonedas fue en una pizzería ubicada en el Centro Comercial Paseo Las Mercedes a finales de 2016. Se lo comentó su hijo, un millenial de 30 años de edad, de una manera rudimentaria e inexacta.

“Es una máquina que conectas y empieza a hacer dinero”, le dice. Ella, incrédula a todas las promesas de enriquecimiento fácil, no lo creyó en la primera conversación. Dos semanas después, un hombre que se convertiría en su futuro socio le explicó, detalladamente, la tecnología blockchain, y la animó a invertir en máquinas de minería de criptoactivos.

Parte importante de la persuasión de su socio fue la de señalar las bondades de la incipiente minería de criptomonedas en Venezuela: electricidad e internet casi gratuitos, los dos factores más importantes a la hora de establecer un proyecto de minería digital. Luego de los apagones nacionales, de una máquina quemada en consecuencia, de una gran inversión en alquileres de locales y construcciones de infraestructura para poner las minadoras, además de no pocos desencuentros con organismos policiales, Díaz reflexiona sobre si tomó la decisión correcta.

En el momento en que decidió invertir en los bitcoins, el principal criptoactivo del mundo estaba valorado en 900 dólares. La inversión inicial fue de 6.000 dólares por 6 máquinas modelo S9 provenientes de la empresa china Bitmain. El alquiler de un local en Caracas y algunos insumos dieron lugar al inicio de la minería de la emprendedora.

Cada una de esas máquinas generaba aproximadamente 5 dólares diarios, y teniendo en cuenta que el salario mínimo a principios de 2017 rondaba los 30 dólares, significaba que las 6 minadoras S9 hacían en un día lo que un trabajador venezolano hacía en un mes.

“La minería es un negocio siempre y cuando tengas acceso a precios energéticos competitivos. Teniendo ese detalle garantizado, es un negocio donde solo se gana”, indica Juan Pinto, emprendedor del negocio de las criptomonedas.

Venezuela era un país con las condiciones “perfectas” para la minería. Según Carlos Vargas, ex superintendente de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip): “Nosotros tenemos en costo la electricidad más barata del planeta. Producir un bitcoin en China tiene un costo de 1.513 dólares mientras que producir un bitcoin en Venezuela tiene un costo de 15,13 dólares. Así de grande es la oportunidad que tenemos de desarrollar la minería digital en Venezuela”, dijo en 2017 durante su intervención en el foro “El Petro y la ola tecnológica blockchain”, realizado en el Banco Central de Venezuela.

Carlos Vargas, ex superintendente de la Sunacrip. Foto: Referencial

Contenta con su nuevo proyecto, Díaz fue parte de las personas que se beneficiaron del monto más alto que han alcanzado los bitcoins: casi 20.000 dólares a finales de 2017. Su emprendimiento sufriría un duro revés en el año 2018, cuando fue abordada por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

Robo

Una comisión del Cicpc llegó al galpón, ubicado en el este de Caracas, donde Díaz tenía instalada una granja — conjunto de aparatos de minería — de 13 máquinas modelo Antminer tipo S9. El depósito estaba cerrado con un candado industrial y fue abierto en cuestión de segundos. La mujer supo, minutos después, que se habían llevado todos sus equipos.

El dueño del galpón le indicó a la propietaria de las máquinas que los funcionarios habían argumentado, para entrar al galpón, “un nivel exagerado de electricidad y mucho ruido” en la zona.

Díaz tuvo que contactar a un familiar en el Cicpc para poder recuperar su fuente alternativa de ingreso. Y se sorprendió al saber que los funcionarios tenían un conocimiento igual, sino superior, al de ella sobre las criptomonedas.

Funcionarios estatales tienen gran conocimiento de la minería digital. Foto: Referencial

“Me pidieron un bitcoin (que en ese momento era equivalente a 10.000 dólares) para poder recuperar las máquinas. Cuando las tuve, las revisé y una estaba dañada, mientras que las otras ya habían sido configuradas para minar hacia cuentas que ellos tenían establecidas. Lo hicieron muy rápido”, explica para El Diario.

Este es uno de tantos casos de extorsión por criptomonedas registrados en el país. El ex superintendente Carlos Vargas explicó que, cuando fue creada la Sunacrip, varios funcionarios fueron detenidos y puestos a la orden de la justicia venezolana por sus actuaciones arbitrarias.

“Para ese momento, efectivamente ocurrieron algunos incidentes con algunos funcionarios que trataron de despojar de los equipos a quienes los habían traído al país y que ya estaban en un proceso de legalización, incluso que contaban con un certificado de trámite que había expedido la Superintendencia para el momento. Entonces sí, hubo aproximadamente entre 13 y 17 funcionarios que fueron detenidos y puestos a la orden de Fiscalía a causa de estas actuaciones extralimitadas en el uso de sus funciones, por lo que fueron procesados”, indicó Vargas a El Diario.

Vargas estuvo a cargo de la Sunacrip desde el 8 de diciembre de 2017 hasta junio de 2018, cuando fue reemplazado por Joselit Ramírez, quien se desempeñó como director general de la Vicepresidencia de la República durante la gestión de Tareck El Aissami.

Fue a partir del pasado 30 de enero cuando el gobierno de Nicolás Maduro estableció un marco legal para la minería de criptomonedas en Venezuela. La asamblea nacional constituyente (ANC) publicó la Ley de Criptoactivos, en la que otorgaron a la Sunacrip las competencias de fiscalizar, penalizar y emitir permisos a los mineros. Sin embargo, las denuncias de casos de extorsión persisten.

Infografía: Gabriela Galíndez

El ex superintendente señaló que aunque existen casos en los que “personas hacen uso de sus uniformes para cometer arbitrariedades”, la gente se ha dado cuenta de que pueden usar las leyes para proteger sus actividades mineras.

“Los funcionarios — policías y guardias — ya están mucho más familiarizados con el tema. Saben que es totalmente legal, que mucha gente se está poniendo a derecho. Creo que mucha gente siente todavía un temor natural, pero poco a poco se ha ido venciendo esa barrera y han ido poniéndose a derecho, informándose sobre ese proceso, y han ido lográndolo. Cada vez se vinculan más con la minería, sin duda alguna eso va despejando la incertidumbre y se genera más confianza”, explica.

Un caso parecido al de Mariana Díaz le ocurrió recientemente a Juan Blanco, inversionista de criptomonedas que decidió difundir su experiencia con organismos de seguridad del Estado venezolano el pasado 4 de julio de este año.

Blanco, quien tenía una granja de 15 equipos Antminer T15, fue abordado por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

Foto: Referencial

“(Tenían) intención de llevarse los equipos de minería digital. Inmediatamente le pedí a mi socio poder hablar con el encargado del procedimiento. Me dijo que se llevaría las máquinas por no tener en el sitio la factura de los equipos y tampoco el registro en la Sunacrip”, relató Blanco a través de su cuenta de Twitter.

El inversionista presentó todos los documentos correspondientes al registro en la Superintendencia, mientras que uno de los funcionarios repetía incesantemente “jefe, nos llevamos las máquinas”. Blanco explicó además que días atrás, a pocas cuadras de su granja, habían sido decomisados tres equipos de minería de la criptomoneda DASH por denuncias de ruido por parte de los vecinos.

“No se ejecutó ningún procedimiento ya que no había forma de sustraer los equipos dado que presentamos todos los documentos que solicitaron. Realmente pienso que lo que evitó el traslado de equipos fue el Registro Integral de Servicios en Criptoactivos (Risec). Mi socio y yo concluimos que ‘el vecino’ fue quien suministró la información de la granja que administramos, es una hipótesis. Obviamente quedamos ‘marcados’ por la PNB y debemos tomar decisiones, como mover la granja”, aseveró Blanco.

Pese a que en ciertas ocasiones los avisos a los funcionarios sobre la existencia de granjas provienen de la misma comunidad, el Estado tiene una forma sistemática de reconocer en dónde se encuentran las máquinas de minería digital.

Vargas aclara que la Corporación Eléctrica Nacional reconoce “picos inusuales y característicos de cada uno de los electrodomésticos de una zona determinada”, por lo que la empresa nacional de electricidad puede detectar las zonas en las que se generan consumos energéticos como los de las mineras.

Esos picos de electricidad que generan los mineros tienen una definición y ellos (Corpoelec) tienen la posibilidad de predecir cuando existe algún tipo de minería ilegal, con un gran nivel de exactitud. Además existe un principio de cooperación entre los entes de la administración pública”, acota.

Personal de Corpoelec. Foto: Referencial

Pese a los señalamientos de la posibilidad de encarar a los funcionarios policiales con la documentación oficial, Díaz se mantiene escéptica y prefiere esconder sus actividades incluso de sus amistades. Sin embargo, el duro golpe de haber perdido un bitcoin no se compararía con lo que vendría.

Blackout

2018 fue un año difícil para las criptomonedas. Luego de estar en alza, empezaron a desplomarse vertiginosamente. Por supuesto, la rentabilidad de las máquinas cayó.

Sin embargo, las máquinas continuaban trabajando. El internet y la luz aún eran igual de baratos. Todo estaba por cambiar en marzo del año 2019.

“En marzo inició el fin de la minería de criptomonedas en el interior del país”, afirma un ingeniero eléctrico, quien no quiso identificarse, consultado por El Diario, cuya fuente de ingresos ahora es realizar la instalación de minerías de criptomonedas en galpones y habitaciones.

La tarde del 7 de marzo la oscuridad arropó a Venezuela: apagón masivo. Más de 20 estados sin servicio eléctrico. Desesperación. La minería digital quedó afectada en lo sucesivo.

Apagón en Venezuela. Foto: EFE

“Tengo muchos clientes a los que se les quemó la fuente de poder de sus máquinas luego de los apagones y los bajones de electricidad, por lo que varios decidieron mover sus granjas del interior del país a Caracas, donde aún se mantiene de forma regular el servicio”, explica.

Mariana Díaz fue una de las víctimas de la falla masiva de electricidad, dado que el servicio eléctrico se volvió intermitente en las zonas en las que tenía sus granjas, así como el internet suministrado por Cantv. Una de sus máquinas también fue afectada por los bajones, y por ende sus ganancias descendieron.

El comercio de bitcoins también disminuyó durante los apagones. De acuerdo con información recogida por el sitio Morocotacoin, “los intercambios de la criptomoneda más popular del mundo llegaron a 1.456 bitcoins durante los apagones del 23 al 30 de marzo, lo que representa una disminución en las transacciones de poco más del 30% en relación con la semana del 9 de febrero, fecha en que se logró un récord en intercambios. Estas cifras negativas coinciden con los numerosos apagones que afectaron a gran parte del país. De esta forma, se intercambiaron 19.7 mil millones de bolívares, unos $ 5.8 millones, según la tasa oficial Dicom”.

Fuente: Coin Dance

El reciente apagón, ocurrido este lunes, no tomó a Díaz desprevenida. Habiendo aprendido la lección, ahora utiliza un transformador que protege a las máquinas del voltaje inestable.

Aunque no se puede aseverar que el mega apagón de marzo tuvo que ver con las criptomonedas, la relación entre las minadoras y la crisis eléctrica no es nueva. En el año 2018, el ministro Néstor Reverol informó que se realizaría una fiscalización de la minería de criptomonedas en el estado Zulia, debido a las fallas eléctricas que habían ocurrido.

“Vamos a comenzar un proceso de fiscalización a aquellos privados, o personas jurídicas, o personas naturales que se dedican a ejercer la minería de la criptomoneda para evaluar también los consumos eléctricos y si están autorizados o no por la Superintendencia”, dijo en declaraciones recogidas por el portal Criptonoticias.

Carlos Vargas defiende el uso de las máquinas de minería y asegura que han tomado el lugar energético venezolano dejado por las industrias básicas del país.

“Es un gran mito el consumo excesivo de electricidad de las máquinas. Cada vez consumen menos energía, son más eficientes y necesitan menor incorporación de ventilación forzada o de temperatura. Entonces no es cierto que tenga una afectación importante en el sistema eléctrico nacional. Además, para nadie es un secreto que el parque industrial que teníamos en el país ya no funciona y, en consecuencia, queda ese espacio o queda esa carga eléctrica disponible. En buena medida una parte de esa carga ha sido ocupada por las nuevas tecnologías, como es la minería digital”, asevera.

El ingeniero electricista señaló que una máquina minera del año 2018 consume el equivalente a un hogar con bombillos y una nevera.

¿Alcanzará?

Díaz reflexiona sobre todo lo ocurrido, como seguramente lo hacen muchos mineros. “Antes, 6 máquinas hacían 900 dólares mensuales. Luego hacían 4000, a finales de 2017. Luego 700, después 500”, dice mientras saca las cuentas.

En el año 2018, la inflación superó el tipo de cambio nominal en el mercado paralelo. La llamada “inflación en dólares”, o la disminución del poder adquisitivo del dólar en Venezuela, hacía que se necesitara más moneda dura para sobreponerse a la crisis nacional.

De acuerdo con el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FMV), en mayo de 2019 una familia necesita un aproximado de 316 dólares para mantener sus gastos alimentarios, lo que equivale a 63,82 salarios mínimos.

Este año el bitcoin y otras criptomonedas han visto un repunte de precios que las ubica en cifras similares a las de años anteriores, aunque aún por debajo de su precio tope. Con la mirada en el futuro, los mineros esperan ansiosamente que el precio se ubique en cientos de miles de dólares, pues ven en los criptoactivos un camino para poder salir de la crisis en la que está sumida el país.

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