• Economistas coinciden en que el pago de los intereses efectuado por órdenes del gobierno interino de Juan Guaidó en mayo puede ser considerado como la aceptación de la legalidad y legitimidad de los mismos, lo que dificultaría los intentos de buscar su nulidad ante tribunales norteamericanos

Un “bono basura” es un instrumento financiero con un gran riesgo de caer en default (cesación de pagos). Debido a ello, el interés generado por este tipo de título de deuda es más alto. De acuerdo con expertos consultados por El Diario, esa sería la forma más sencilla de definir el bono Pdvsa 2020 que pone en peligro el activo venezolano más importante fuera del territorio nacional: Citgo Petroleum Corporation, subsidiaria de la estatal petrolera.

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Los bonos Pdvsa 2020 son considerados por los mercados internacionales como unos ‘bonos basura’ porque entraron en default y cuyo valor es muy bajo. Son bonos en donde la recuperación del capital invertido pasa por trabas legales como litigios explica Economista venezolano Manuel Sutherland

La decisión de la Asamblea Nacional (AN), respaldada por el gobierno interino de Juan Guaidó, de no pagar los intereses a los tenedores del bono Pdvsa 2020 el pasado 27 de octubre se sustenta bajo el argumento de que dicho instrumento financiero es ilegal al no haber sido aprobado por el Parlamento venezolano. El pago evadido era de aproximadamente 914.000.000 de dólares.

Desde El Diario se detalla una cronología de los eventos que llevaron a este escenario, que podrían concluir en la pérdida de Citgo.

La “ilegalidad congénita”

blank De acuerdo con el artículo 150 de la Constitución venezolana: “La celebración de los contratos de interés público nacional requerirán la aprobación de la Asamblea Nacional en los casos que determine la ley”.

En ese sentido, para hablar de la naturaleza del bono Pdvsa 2020 es necesario remontarse a la emisión de uno anterior denominado Pdvsa 2017. La convocatoria de este último se efectuó en octubre del año 2010 por un monto total de tres millardos de dólares que, de acuerdo con la estatal petrolera, serían “destinados a fines corporativos de Pdvsa, para financiar proyectos de inversión, incluyendo desarrollo social e integral del país”. La oferta a los posibles tenedores de ese título de deuda era de un interés de 8,5% fijo.

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En ese momento, la situación de la petrolera venezolana no era óptima. Rafael Ramírez, que en 2010 era presidente de la compañía, confesaba con preocupación que “(fue) un año duro para la industria petrolera, un año donde el precio del petróleo producto de la crisis internacional tuvo un abatimiento importante”. Los ingresos a Pdvsa, debido a los bajos precios del barril de petróleo en 2009, se redujeron en 41%.

Nueva propuesta financiera. El 16 de septiembre del año 2016 apareció una nueva propuesta. Ya el país había entrado, en esa fecha, en recesión, con una contracción del Producto Interno Bruto (PIB) de 16.5%, de acuerdo con el Reporte Anual entregado a agencias estadounidenses.

La sangre ya había manchado el asfalto de las calles durante las manifestaciones antigubernamentales del año 2014. La represión arreciaba cada día, especialmente luego de que la oposición venezolana había logrado un triunfo histórico en las elecciones parlamentarias celebradas en el año 2015.

En ese contexto la petrolera hizo la siguiente oferta: “Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa) invita a todos los tenedores de los bonos con vencimiento en abril de 2017 y noviembre de 2017 (los ‘Títulos Elegibles’ o los “Bonos Pdvsa 2017”) a participar de forma voluntaria en el proceso de canje de dichos Títulos Elegibles (el “Proceso de Canje”) mediante la presentación de ofertas de canje de conformidad con los términos y condiciones que se especifican en la presente invitación y sus posibles modificaciones (la ‘Invitación’)”.

Dicho canje estuvo acompañado de un tentador valor colateral (es decir, la garantía en caso de que no se cumpla con los términos acordados en el contrato): “Los nuevos bonos estarán garantizados por una garantía prendaria con prioridad sobre el 50,1% de las acciones que conforman el capital social de Citgo Holding Inc”.

El valor real de Citgo, el activo venezolano más importante en el extranjero, no estaba claro. Algunos analistas la evaluaban en 1,3 millardos de dólares; mientras que para la propia Pdvsa, el “triángulo rojo” — emblema de Citgo — que los americanos podían ver en varias estaciones de servicio podía valer más de 12 millardos de dólares.

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Desde la AN, presidida en aquel entonces por Henry Ramos Allup, secretario general del partido Acción Democrática, se rechazó la transacción e incluso se instó al Ministerio Público (MP) a abrir una investigación sobre la operación.

“Rechazamos categóricamente que dentro de la operación de canje se ofrezca como garantía con prioridad por el 50.1% de las acciones que conforman el capital social de Citgo Holding Inc, o que se constituya garantía sobre cualquier otro bien de la nación”, decía el comunicado acordado por el Poder Legislativo.

El Parlamento venezolano, como parte de los argumentos para rechazar el proceso de canje, aseguró que la deuda de Pdvsa era significativamente más elevada que en años anteriores, y que el financiamiento que se había obtenido de dicho endeudamiento.

El ingreso en los últimos 16 años había sido de más de 700 millardos de dólares, todos utilizados con fines políticos y no en beneficio del desarrollo nacional.

“La situación financiera de Pdvsa es la de una entidad altamente endeudada con una deuda financiera de US$ 43.716 millones y de US$ 19.052 millones con proveedores, niveles estos significativamente mayores que lo adeudado en 1998”, señaló el acuerdo de la AN.

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Reportes financieros de Petróleos de Venezuela confirmaron esas cifras. Sin embargo, ni los ingresos ni el sobreendeudamiento se tradujeron en un incremento visible de la producción nacional de crudo, algo que también fue acotado por la AN al señalar que los niveles de extracción de barriles de petróleo, en el año 2016, estaban por debajo de los logrados antes de la llegada de Hugo Chávez al Ejecutivo en 1998.

De parte de las calificadoras de riesgo también sonaron las alarmas ante el canje de los bonos Pdvsa 2017 hacia los nuevos bonos. La agencia Standard And Poors consideró la operación como un posible default en puertas y rebajó la calificación de los bonos de CCC a CC, eso significa, en otras palabras, que los mercados percibieron que Pdvsa no sería capaz de cumplir con el compromiso de pago.

El baremo de las calificadoras de riesgo varía en función de distintos criterios. Moody’s, Standard and Poors y Fitch coinciden en que a partir de ciertos índices — que están por encima del referido anteriormente de los bonos Pdvsa 2020 — los bonos se pueden considerar como “basura”.

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Desde Financial Times, diario estadounidense, tildaron al canje de bonos como “El principio del fin” y en la prensa estadounidense empezó a discutirse si habría un impago en puertas y si la transacción no sería un intento por parte del régimen de Maduro de retrasar sus compromisos financieros sobre los bonos Pdvsa 2017.

En su momento, economistas como Alejandro Grisanti — actual miembro de la junta directiva Ad-Hoc de Pdvsa designada por Guaidó — consideraron la medida como “beneficiosa” para los bonistas pues su inversión estaría respaldada por activos en suelo estadounidense. “Es muy seguro, muy sólido y con un excelente rendimiento”, afirmaba en ese entonces.

La incertidumbre se apoderó de las oficinas financieras del chavismo, que extendía la oferta a medida que expiraba el plazo al no lograr concretar el canje de los bonos. No muchos estaban dispuestos a asumir ese riesgo, pese a la atractiva tasa 8.5% fijo, y menos cuando era ya públicamente conocido que no contaba con el aval legal, necesario, del Poder Legislativo.

Una parte de Citgo fue, finalmente, dada como garantía a los tenedores de bonos. La otra mitad fue dada como garantía a la empresa rusa Rosneft, a cambio de un préstamo de 1.5 millardos de dólares a finales de ese tenso 2016.

Tres años después, en 2019, un diputado de La Guaira, ingeniero, asumió la presidencia de la AN. Y luego, frente a miles de personas, se juramentó como presidente interino de Venezuela. Paralelo a ello, el Departamento del Tesoro (OFAC por sus siglas en inglés) impone las sanciones económicas más severas a las que se ha enfrentado el chavismo, como forma de lograr un cambio de gobierno favorable a la oposición venezolana.

El nuevo gobierno interino, a partir de las sanciones, logró tener el control efectivo de Citgo, nombrando el 13 de febrero una nueva junta directiva encabezada por Luisa Palacios como presidenta de la compañía, Rick Esser como vicepresidente ejecutivo, Edgar Rincón como vicepresidente de operaciones para el hemisferio occidental, acompañados por Ángel Olmeta, Luis Urdaneta, Andrés Padilla y Fernando Vera.

Presión

Pese a que desde la Asamblea Nacional se denunció el canje de los bonos Pdvsa 2017 a los denominados Pdvsa 2020 hace ya más de seis años, algo ocurrió en mayo de este año que produjo mucha controversia.

La Comisión de Finanzas del Parlamento aprobó el pago correspondiente a los intereses del bono Pdvsa 2020 cuya fecha límite de liquidación era el 27 de abril del presente año.

El Bloque Parlamentario 16 de Julio, coalición opositora que sigue a la coordinadora de Vente Venezuela, María Corina Machado, salvó su voto ante la decisión establecida en el hemiciclo. “Toda la deuda emitida e incurrida por el régimen de Maduro sin la aprobación de la Asamblea Nacional es ilegal. Los bonos en cuestión fueron declarados ilegales en el momento mismo de su emisión en el año 2016”, aseveraron los diputados de dicho grupo en una carta.

El procurador José Ignacio Hernández, designado por el presidente interino Juan Guaidó, defendió, en ese momento, el pago de dichos intereses y recomendó hacerlo bajo protesta.

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“Antes de que este bono se emitiera, en octubre de 2016, la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo en el que cuestionó la operación de canje que llevó a la emisión del Bono 2020, en especial, considerando sus condiciones financieras y la garantía sobre 50,1% de las acciones de Citgo Holding Inc, empresa de control de Citgo Petroleum Corporation”, dice un comunicado difundido por Hernández el 7 de mayo de este año.

Y acota: “Sin embargo, lo cierto es que el contrato de emisión del bono sigue siendo válido y vinculante de acuerdo con las leyes de Nueva York, que es el derecho aplicable. Esto significa que, a pesar del cuestionamiento de la Asamblea Nacional, Pdvsa debe pagar los intereses del bono antes del 29 de mayo, pues de lo contrario se generará un incumplimiento”.

El economista Manuel Sutherland cuestionó la posición del procurador. “Creo que tanto el gobierno de Nicolás Maduro como el de Juan Guaidó equivocaron dramáticamente la estratégia y cometieron errores garrafales porque el interés del bono Pdvsa 2020 previsto para el mes de abril no debió ser pagado”.

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“Muchos economistas advertimos en su momento que iba a ser imposible pagar los 913 millones que estaban previstos para el mes de octubre y que eso era una plata perdida. Lo que había que hacer era plantarse en la embajada de Estados Unidos o ir al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y pedir que los bienes de Venezuela en el extranjero fueran declarados inembargables”, propone Sutherland.

Esa era una propuesta. Pero otros expertos consultados por El Diario difieren sobre este asunto, señalando que se trataba de un compromiso ineludible, como sentencia el procurador Hernández.

Para el economista Aarón Olmos, los contratos por los bonos Pdvsa 2020 no podían ser obviados, pues eso hubiese acarreado que la república cayera en severas sanciones legales.

“Si el Estado venezolano asumió un compromiso de pago con los inversionistas, eso hay que honrarlo, sin importar los problemas políticos que puedan existir en el país. Si un tenedor de los bonos Pdvsa 2020 confió, independientemente de la situación país, en que por una cuestión contractual le iban a pagar cada tres o cuatro meses, y eso no sucede, obviamente el riesgo país se va a disparar”, explica Olmos.

El Parlamento pagó dichos intereses durante el período de gracia, hasta el 29 de mayo, abierto a partir del 29 de abril. Dicha transacción fue anunciada el 16 de mayo por la junta ad hoc de Petróleos de Venezuela nombrada por Guaidó. El monto pagado fue de 71.559.991,25 dólares.

Un giro inesperado

Dos cosas ocurrieron luego de lo anteriormente descrito.

En primer lugar, la orden ejecutiva 13884, emitida el 5 de agosto de este año, establecida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que dictaba: “Todas las propiedades e intereses en propiedades del gobierno de Venezuela que se encuentren en Estados Unidos, que de ahora en adelante entren a Estados Unidos, o que estén en posesión o control de una persona estadounidense, han sido bloqueadas y no pueden ser transferidas, utilizadas como forma de pago, exportadas, retiradas o utilizadas en cualquier tipo de transacción”.

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Cesar Mata, experto en derecho petrolero, aclaró para El Diario el alcance real de la orden ejecutiva en torno a Citgo.

“Antes de la orden ejecutiva 13884 del 5 de agosto, Citgo no estaba protegida” de ser tomada por acreedores internacionales, señala Mata. Y continúa: “¿Dónde estaba el riesgo de Citgo entonces? Principalmente en dos de las demandas más importantes que pesaban sobre ella, es decir, la de Crystallex International Corp — minera canadiense que pretende reclamar el pago de 1.400 millardos al Estado venezolano debido a una expropiación de sus activos en territorio nacional en el año 2008 — y la de los bonos Pdvsa 2020. Crystallex no podía ejecutar la garantía porque Citgo estaba bloqueada, aunque posea una decisión judicial”, explicó Mata, y agregó que “el problema con los tenedores de bonos es que ellos contaban con la licencia 5, que permitía hacer transacciones con los bonos y ejecutar garantías en caso de que hubiese una decisión judicial”.

Ante esa licencia, los tenedores del bono Pdvsa 2020 podrían tomar Citgo sin ser frenados por la referida medida ejecutiva.

Pese a haber pagado los intereses del bono en mayo, el gobierno interino de Venezuela anunció, sorpresivamente, que no cancelaría los intereses del bono Pdvsa 2020 correspondientes a la fecha del 29 de octubre. Previo a esa decisión, Lee Buchheit, abogado estadounidense experto en renegociaciones de deuda externa, se había sumado al equipo que el gobierno interino llevaba al frente de las batallas legales para proteger los activos venezolanos en el exterior.

Buchheit incluso renunció a su cargo en el bufete jurídico en el que trabajaba, Cleary Gottlieblast, para evitar un posible conflicto de intereses, pues en dicha firma había clientes que también eran tenedores del bono Pdvsa 2020.

El argumento utilizado por la administración provisional de Guaidó fue que se trataba de una operación “ilegal” desde su inicio, que requería la aprobación de la Asamblea Nacional. Ante la justicia estadounidense, específicamente ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, la junta ad hoc de Pdvsa introdujo un recurso legal en contra del compromiso financiero que ponía Citgo en riesgo.

Parecía inminente la pérdida de las refinerías, pero la Casa Blanca nuevamente resolvió, aunque sea momentáneamente, el asunto. Estados Unidos emitió la licencia general denominada 5A que, en palabras de César Mata, “indica que se pueden hacer transacciones y ejecutar garantías pero a partir del 22 de enero. No van a poder ejecutar la garantía hasta ese momento”.

Ricardo Hausmann, quien se desempeñó como representante del gobierno de Guaidó ante el Banco Interamericano de Desarrollo, apoyó la decisión de no pagar los intereses de octubre de la siguiente forma: “¿Por qué pagamos los intereses del bono Pdvsa 2020 en abril y ahora argumentamos la ilegalidad del bono? En abril pagamos bajo protesta para evitar que nos quiten Citgo porque no estábamos preparados para ir a juicio. Hoy sí lo estamos”. Las críticas llovieron de inmediato.

Francisco Rodríguez, economista venezolano, cuestionó la estrategia legal propuesta por Hausmann.

“Su planteamiento es difícil de entender, en tanto que para finales de abril el gobierno de Juan Guaidó, que tenía tres meses de haberse establecido, tenía tiempo para armar una estrategia legal. Este tipo de bufetes están acostumbrados a trabajar contrarreloj, dependiendo de las circunstancias. No es nada raro, por ejemplo, que una empresa que no puede pagar una obligación contacte a unos abogados para armar una estrategia en semanas o días”.

“Desde el punto de vista legal”, concluye Rodríguez, “no veo el argumento”.

Para Henkel García, analista financiero y director de la firma Econométrica, se trató de una decisión contradictoria que estuvo fundamentada en análisis que para el momento señalaban que el pago de los intereses era la mejor opción. Meses después la realidad sería otra.

“Es obvio que existe una contradicción entre pagar los intereses del bono Pdvsa 2020 en mayo y luego en octubre decir que son ilegales. Sin embargo, creo que el análisis realizado en cada uno de esos momentos determinó que el curso de acción fuese ese”, asegura.

Entre las opiniones de expertos recogidas por El Diario existe el consenso de que es un error, por decir lo menos, haber realizado el pago de los intereses del bono Pdvsa 2020 en mayo y meses después intentar argumentar la ilegalidad del mismo.

Las pequeñas victorias

La licencia 5A alejó, hasta finales de enero del año próximo, la posibilidad de que Citgo caiga en manos de los tenedores de bonos. Recientemente se conoció, mediante la prensa estadounidense, que el gobierno interino de Guaidó llegó a un acuerdo para compartir información con los bonistas hasta el 10 de febrero de 2020.

Luego de ese proceso, iniciará un período de declaraciones de expertos y una audiencia el próximo 5 de mayo de 2020, lo que daría a los representantes del gobierno venezolano un lapso de casi cinco meses para armar una estrategia legal que permita la victoria en los juzgados estadounidenses.

En la sesión ordinaria del Parlamento venezolano efectuada este martes 19 de noviembre fue aprobada la creación de un fondo especial de litigios de 3.5 millones de dólares.

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El equipo legal de Guaidó también debe maniobrar y apaciguar los ánimos de los bonistas venezolanos, que el pasado 4 de noviembre decidieron interpelar a la justicia norteamericana la licencia 5A.

Documentos obtenidos por El Diario muestran que la mayor parte de los tenedores de bonos son instituciones y fondos de inversión extranjeros conocidos, que deben ser públicos debido a regulaciones del sistema financiero estadounidense. Francisco Rodríguez estima que entre 10% y 15% de los bonistas son venezolanos y fondos conocidos por usar “estrategias más agresivas”.

Ante este escenario de incertidumbre es momento de decisiones rápidas y eficientes por parte del equipo legal del gobierno interino de Venezuela para poder superar el lastre dejado por el chavismo.

El tiempo dirá si el camino tomado ha sido el correcto para subsanar la crisis derivada por el sobreendeudamiento ocasionado por el régimen de Nicolás Maduro, y si ha resultado beneficioso para los intereses nacionales el haber pagado los intereses del bono Pdvsa 2020, o si por el contrario esa decisión fue el catalizador de la pérdida de Citgo.

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