- Luego de que el Departamento de Justicia acusara formalmente de narcotráfico y terrorismo a 14 figuras vinculadas al chavismo, en El Diario conversamos con dos analistas políticos para evaluar las posibles repercusiones de la medida, en el contexto de la pandemia provocada por el Covid-19
La escalada de presión por parte de Estados Unidos contra el régimen chavista alcanzó su punto más álgido este jueves 26 de marzo, cuando el Departamento de Justicia de la nación norteamericana acusó formalmente a Nicolás Maduro —y a otras 13 figuras vinculadas a él— de haber convertido a Venezuela en un “narcoestado”.
«Tengo un mensaje para los altos cargos del chavismo: la fiesta se les está acabando», fueron las declaraciones de Ariana Fajardo, la fiscal general del distrito sur de Florida, uno de los estados donde se presentaron los cargos.
La justicia estadounidense ofreció una recompensa de 15.000.000 de dólares a quien proporcione información que les permita lograr la captura de Maduro y otros 10.000.000 por Diosdado Cabello.
Dentro de los solicitados también está el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno; el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López; el vicepresidente de Economía, Tareck El Aissami; el ex director de Inteligencia Militar y disidente del chavismo, Hugo Carvajal (del cual se desconoce su paradero); y Cliver Alcalá, quien tras conocer la decisión de EE UU se entregó este 27 de marzo en Colombia.
El analista político Luis Trejos explicó para El Diario que las medidas de la justicia estadounidense pueden tener dos lecturas para el contexto venezolano: un alcance simbólico, ya que se podría interpretar como una renuncia por parte de EE UU a una intervención directa en la transición política de Venezuela; y por otra parte, más presión contra Maduro y su cúpula para lograr una transición pactada.
Daniel Varnagy, doctor en Ciencias Políticas y profesor titular de la Universidad Simón Bolívar (USB), indicó a este medio que la decisión de la justicia estadounidense pudiera no ser percibida pronto, sin embargo, aseguró que por ser medidas legales van a afectar directamente a las personas que tienen una orden de captura.
“En el corto plazo no tiene ningún alcance salvo generar nuevamente algo de esperanza. Son medidas legales que tienen un efecto a nivel global, afectando directamente a las personas que están involucradas en estas órdenes de captura” añadió Varnagy.
También aclaró que esto no significa que Estados Unidos vaya a efectuar una intervención militar en territorio venezolano ni contra el gobierno propiamente, sino que se enfocan en responsabilizar a figuras claves de conformar un narcoestado.
¿Cómo podría llevarse a cabo el proceso judicial?
Trejos considera que el escenario legal es “bastante complejo” puesto que los acusados tendrían que presentarse ante tribunales en los Estados Unidos, un panorama que, según afirmó, no se realizará a corto plazo.
Varnagy considera lo mismo. Pero señala que el proceso judicial no tomará “muchos años”. Destaca en cambio que efectuar la captura de estas personas tomará tiempo, ya que estas situaciones solo se pueden lograr por medio de quienes estén dispuestos a delatar a los acusados.
El profesor de la USB resaltó que las medidas del Departamento de Justicia son realmente un proceso de búsqueda de justicia por parte del gobierno estadounidense en vista de que se han llevado a cabo “delitos con la moneda” de ese país. Aclaró que estas acciones no van propiamente en contra del gobierno de Venezuela, sino en contra de ciertas personas que han cometido delitos.
Trejo secundó esta idea y agregó que, en las declaraciones emitidas por el Departamento de Justicia, no se reconoce a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela sino como un ex presidente.
¿Qué tan oportuna es la decisión en medio de la pandemia que se vive?
El mundo está en una emergencia global debido al avance del Covid-19 que ha provocado la muerte de miles de personas. Las agendas de casi todos los Estados están ocupadas en buscar soluciones que ayuden a frenar esta pandemia.
En este aspecto, Varnagy afirmó que si bien el Covid-19 mantiene en cuarentena a gran parte de la población mundial, los gobiernos continúan sus agendas de trabajo. Enfatizó que en Estados Unidos se enfocan en preservar la seguridad de sus ciudadanos y que las figuras del chavismo acusadas por narcotráfico y terrorismo están vinculadas con grupos irregulares de larga data.
El Departamento de Justicia de EE UU aseguró que durante los últimos 20 años, desde que el ex presidente Hugo Chávez asumió el poder, el Estado venezolano ha conspirado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para ingresar toneladas de cocaína a territorio estadounidense.
William Bar, fiscal general de Estados Unidos, afirmó que Maduro, Cabello y los otros altos funcionarios chavistas como Padrino López, Maikel Moreno, Tareck El Aissami (así como los disidentes Hugo Carvajal y Clíver Alcalá, forman parte del llamado “Cartel de los Soles”.
Trejos indicó que lamentablemente se crea una pregunta que queda en el aire: “¿Es esto una cortina de humo para tratar de evadir la profunda crisis que genera el coronavirus en Estados Unidos?”.
Donald Trump, ¿artífice de los procesos de investigación contra el chavismo?
Si bien las presiones contra el régimen chavista vienen desde antes de la administración de Donald Trump, fue él quien “metió el acelerador a fondo” en cuanto a intervención se refiere, según Trejos.
Contrastó que, aunque el mandatario estadounidense ha amenazado con acciones militares al régimen de Maduro, este lo que espera realmente es una salida negociada del chavismo.
Varnagy, por su parte, señaló que este tipo de procesos judiciales es algo que conlleva muchos años de investigación y data, y que por ello es muy probable que se hayan iniciado desde el mandato del ex presidente Hugo Chávez.
La decisión del Departamento de Justicia de EE UU contra figuras claves del régimen chavista incidirá notablemente en el panorama político y en las relaciones diplomáticas de Venezuela durante los próximos meses. Queda ver si esta jugada de Trump debilita o cohesiona a los altos funcionarios allegados a Maduro.
