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- En exclusiva para El Diario la presidente de la Comisión Permanente de Medios de Comunicación dijo que ve poco factible que la empresa reinicie actividades antes de que se produzca un cambio político en el país
La mañana del 19 de mayo un comunicado de AT&T, la compañía de telecomunicaciones más grande del planeta, tomó por sorpresa a millones de venezolanos. Directv Venezuela, el mayor cableoperador por suscripción del país, cesaba sus operaciones de forma inmediata.
El motivo aducido por la compañía para la toma de dicha decisión fue la imposibilidad de cumplir con el ordenamiento legal tanto de Estados Unidos como de Venezuela.
Explicó que no podían negarse a acatar la orden ejecutiva de la administración de Donald Trump, que los obligaban a sacar de su parrilla de programación a dos canales de televisión venezolanos (Globovisión y Pdvsa Tv), sin contravenir la Ley de Responsabilidad en Radio y Televisión ( Ley Resorte). El motivo de la sanción a ambos canales venezolanos es su presunta vinculación con un entramado de corrupción que le costó a las arcas de la República millones de dólares.
Ante esta disyuntiva y con el objetivo de no violar el marco legal de ninguno de los dos países, AT&T decidió optar por el cese de sus operaciones en territorio venezolano.
Amelia Belisario, presidenta de la Comisión Permanente de Poder Popular y Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional, aseguró en exclusiva para El Diario que el verdadero factor que ocasionó la salida de Directv del país fue la presión ejercida por el régimen en su contra. Sostiene que intentaron obligar a la empresa a mantener en su programación tanto a Globovisión como a Pdvsa Tv a cambio de permitirles continuar operando.
La parlamentaria agregó que la problemática no es meramente de carácter legal, pues también presenta factores de índole político y aseguró desde la Asamblea Nacional de Venezuela trabajan en una reforma de la Ley Resorte.
Detalló que dicho cambio del marco jurídico se planteó por primera vez en 2016, cuando en octubre de ese año se debatió y aprobó en primera discusión una serie de modificaciones dirigidas a garantizar el derecho de los venezolanos a estar informados. El proyecto también contemplaba la necesidad de disminuir los controles que el régimen de Nicolás Maduro se había atribuido con el paso de los años.
Si bien han transcurrido ya casi cuatro años desde la fecha en la que se produjo la primera discusión del proyecto, es enfática en señalar que tanto desde la comisión como desde el Parlamento han continuado trabajando en las posibles modificaciones de la Ley Resorte.
La diputada advirtió que el retorno de Directv a Venezuela no ocurrirá hasta que se produzca un cambio político en el país. Aseguró que ese es el único mecanismo que puede garantizar que se logren recuperar los espacios de información y entretenimiento que tanto anhelan los venezolanos.
La consecución de este objetivo permitiría, según ella, no solamente crear las condiciones de seguridad jurídica y económica para que la empresa regrese a Venezuela, sino también el poder atender otros problemas que afectan a la población como los concernientes a servicios básicos como agua y luz.
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Conatel una pieza clave
Una vez conocida la decisión de la multinal estadounidense, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela (Conatel), máximo ente regulador del espectro radioeléctrico en el país, solicitó a la empresa restituir el servicio de forma inmediata.
Conatel se encuentra en control del régimen de Nicolás Maduro, esto pese a que en enero del presente año el presidente interino Juan Guaidó expresó su intención de designar una directiva ad-hoc.
Artículo 11 de la Ley Resorte
Acceso y Bloqueo de Señales
Abre arrow_downwardA los fines de garantizar el acceso por parte de los usuarios y usuarias, a todas las señales de los servicios de televisión UHF y VHF, y televisión comunitaria de servicio público, sin fines de lucro, que se reciben en las zonas donde se presta un servicio de difusión por suscripción, los prestadores de los servicios de difusión por suscripción deben cumplir con las siguientes obligaciones:nn1. Difundir gratuitamente a sus usuarios y usuarias las señales de los servicios referidos en el encabezado de este artículo, siempre que estos no ocupen más del 15% del total de canales ofrecidos, de acuerdo con lo establecido en las normas sobre las condiciones y capacidad máxima de canales. Los prestadores de servicios por suscripción podrán voluntariamente ocupar más del quince por ciento previsto con canales de señal abierta.nnLos prestadores de servicios de televisión UHF y VHF, y televisión comunitaria de servicio público, sin fines de lucro, a los que se refiere este artículo deberán cumplir las condiciones que se establezcan mediante normas técnicas.nn2. Difundir gratuitamente a sus usuarios y usuarias las señales de los servicios de televisión del Estado, los cuales serán incluidos a los fines de calcular el porcentaje previsto en el numeral anterior.nn3. Suministrar a los usuarios y usuarias que lo soliciten, facilidades técnicas que permitan de manera inmediata, y sin dificultad, la recepción de dichas señales en el mismo equipo receptor terminal por el cual disfrutan del servicio de difusión por suscripción.nnLos prestadores de los servicios de difusión por suscripción que difundan señal de radio, deberán ofrecer la misma señal y programación que se difunda por señal abierta.nnLos prestadores de los servicios de difusión por suscripción deberán suministrar a todos sus usuarios y usuarias que lo soliciten, y asuman el costo de este servicio, las facilidades tecnológicas que permitan el bloqueo de canales contratados. nnAsimismo, los prestadores de servicios de difusión por suscripción no podrán, durante el tiempo efectivo de transmisión de un programa determinado, interrumpir, interferir o difundir mensajes distintos al contenido del programa que se transmite.nnEn todo caso, deberán garantizar el correcto bloqueo de las imágenes y sonidos de los canales que difundan elementos sexuales tipo “E”.
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En este sentido Belisario indicó que también se han producido avances específicamente en el ámbito “propositivo”, respecto a cómo “crear un espacio que controle las telecomunicaciones en el país en beneficio de los ciudadanos”.
“A la fecha, y esto es entendido por todos, Conatel sigue secuestrada y el régimen sigue tomando decisiones arbitrarias al violar los derechos de los venezolanos”, señaló.
La diputada aclaró que la designación de los miembros que compondrían esa junta directiva no es una función que le competa a la comisión que encabeza, pues no se encuentra entre las atribuciones que contempla la Constitución.
“Desde la Comisión Permanente de Medios de Comunicación no estamos trabajando en ninguna posible lista de la junta ad-hoc de Conatel anunciada por el presidente Juan Guaidó”, sostiene.
Precisó que la Comisión Permanente del Poder Popular y Medios de Comunicación tiene como único objetivo legislar en la materia que le compete, es decir, en temas vinculados a las telecomunicaciones. No obstante, ello no incluye la designación de las personas que deban estar al frente de Conatel.
Pese a que el nombramiento de dichos funcionarios se ha demorado por un lapso de casi seis meses, Belisario refirió que en las actuales circunstancias la prioridad no debe ser el continuar designando autoridades. En estos momentos considera que lo primordial tendría que ser el trabajar en función a que se concrete un cambio político, pues ello redundaría en beneficio de la población.
“Venezuela no quiere vivir en un permanente problema burocrático, lo que quiere son cambios y para ello debemos esforzarnos. Solamente los vamos a lograr, si se concreta un cambio político en el país”, enfatiza.
La diputada no se atreve a predecir cuándo se concretará el cambio político en Venezuela, si ocurrirá en el corto o mediano plazo, no obstante dice que tanto la dirigencia política como la ciudadanía no puede ni debe cejar en la lucha por construir el país que todos los venezolanos merecen.
“Nuestra responsabilidad es seguir luchando por todos los venezolanos que hoy no pueden alzar su voz y por todos aquellos que durante estos años han dado su vida en esta lucha, además de todos los que permanecen secuestrados por el régimen”, concluye.
Mientras tanto las oficinas y la sede de la Directv en Caracas permanecen tomadas por el régimen de Maduro y alrededor de 2.300.000 de suscriptores del servicio se preguntan si algún día podrán volver a gozar del servicio que disfrutaron durante tantos años.
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