Email
- La pesada herencia de una deuda recae sobre el gobierno interino de Juan Guaidó, cuyos argumentos son rechazados en los tribunales, los cuales dan la razón a los acreedores, quienes buscan cobrar intereses y capital de los bonos que el chavismo dejó caer en default | Foto: Efe / Archivo
El mazo de la justicia estadounidense marca el ritmo de lo que pasará con los bonos venezolanos. Son papeles en default cuyo destino se decide en los tribunales, luego de tres años de impago y en medio de una crisis política que forzó el traspaso de la representación legal del país a las cortes internacionales.
Por un lado, el régimen de Nicolás Maduro está limitado por las sanciones y la falta de confianza para sentarse a negociar con el grueso de los acreedores. Por el otro, el gobierno interino tiene la intención de conversar con los bonistas, pero no tiene cómo ofrecer un plan de pago hasta tanto tome el poder en Venezuela.
En menos de un mes, dos decisiones judiciales claves han sacudido el tema. La primera abre el camino para que más casos se decidan a favor de los reclamos de los bonistas (caso Pharo Gaia Fund y Casa Express) y la segunda declara la legalidad de los bonos Pdvsa 2020, por lo que la mitad de las acciones de Citgo estarían en vilo.
Ninguno es todavía definitivo, pero a casi tres años de que el régimen venezolano invitara a una renegociación imposible, la paciencia de algunos acreedores se agota y recurren a los tribunales para que obliguen al país a cancelar sus deudas.
Las denuncias comienzan a acumularse. En octubre ya se han presentado tres nuevas demandas que buscan lo mismo que lograron otros demandantes a finales de septiembre en el caso donde la jueza Analisa Torres ordenó el pago de $390,7 millones a favor de Pharo Gaia Fund y Casa Express.
Las más recientes querellas se presentaron ante la Corte del Distrito Sur de New York el lunes 12 de octubre. En una Daniel Retter, reclama el pago de los intereses y capital del bono soberano 2019, mientras la otra es una nueva de Pharo Gaia Fund, en reclamo de $337,46 millones por concepto de intereses y capital de ocho bonos.
Estos se suman a otros dos casos similares de los fondos de inversión Contrarian Capital Management (iniciado en noviembre de 2019) por unos $300.000.000 y Altana Credit Opportunities Fund (del 8 de octubre de 2020) que exige al menos $100.000.000, ambos asignados a la jueza Torres.
La estrategia del gobierno de Guaidó es defender los activos de Venezuela en el exterior, que se reduce básicamente a Citgo, y convencer a los acreedores de esperar a que tome el poder para sentarse a negociar.
“Citgo sigue protegida”, afirma a El Diario el diputado Alfonso Marquina, tras conocerse la decisión sobre la validez de los bonos Pdvsa 2020. “Una sentencia es apelable”, agrega.
A través de un comunicado, el gobierno de Guaidó no descarta apelar y dice que “esta protección brindada por Departamento del Tesoro (…) se mantendrá al menos hasta el 19 de enero de 2021, otorgando así un margen de tiempo adecuado para seguir avanzando en la estrategia procesal de defensa de Citgo”.
El bono Pdvsa 2020, cuya garantía es la mitad de las acciones de Citgo, fue el último en caer en default, porque incluso bajo protesta, el gobierno de Guaidó pagó los intereses en mayo de 2019. Son en total 17 bonos de la República y 9 de Pdvsa que entre capital e intereses atrasados representan unos $60 millardos.
“Todavía hay opciones legales para Pdvsa, incluyendo la apelación”, afirma Mark C. Weidemaier, experto en deuda soberana y profesor en la Universidad de Carolina del Norte, en una comunicación por correo con El Diario. “Pero las opciones legales se están estrechando y se volverá más difícil para el gobierno de Estados Unidos seguir bloqueando la ejecución de la garantía” (en el caso de los Pdvsa 2020).
Si bien la protección emitida por el Departamento del Tesoro impide momentáneamente la ejecución de la garantía, no bloquea las acciones judiciales en contra de la República y de Petróleos de Venezuela, en este caso de pequeños acreedores, mientras los más grandes siguen a la espera.
Por otro lado, según reportó la agencia Reuters, pequeños fondos de inversión no estadounidenses están comprando bonos venezolanos a muy bajo precio (menos de 10% de su valor nominal), con la intención de presentarse en los juzgados y reclamar los pagos atrasados.
La renegociación se esfuma
En el comunicado sobre la decisión de los bonos Pdvsa 2020, el gobierno de Guaidó reitera la que ha sido su posición ante la justicia estadounidense: la “intención de que el Estado venezolano pueda cumplir con las obligaciones legítimamente contraídas (…) Para ello, debe haber una evaluación y reestructuración organizada de deuda (…) lo cual será posible tras una transición democrática”.
No obstante, el escenario de la renegociación no es tan claro. En marzo de 2020 la Comisión para la Renegociación de la Deuda Pública, creada por la Asamblea Nacional, inició consultas para el proceso de reconciliación de reclamaciones, siete meses después de su creación, sin que hasta ahora se conozcan sus avances.
“Hasta que se levanten las sanciones estadounidenses, lo que no parece probable pronto, no puede haber una renegociación inclusiva de la deuda. Y cuanto más los tenedores de bonos obtengan sentencias judiciales, más complicado será renegociar la deuda de los bonos”, afirma Mark C. Weidemaier, experto en deuda soberana y profesor en la Universidad de Carolina del Norte, en una comunicación por correo con El Diario.
Como dice el adagio: “es una culebra que se muerde la cola”, porque las sanciones permanecerán mientras Maduro esté en el poder y su salida puede ser indefinida, un lapso que al menos un grupo de acreedores no está dispuesto a esperar.
La jueza Torres le corta aire a la estrategia de esperar y sentencia que “un aplazamiento que duraría hasta que el gobierno de Guaidó tome el poder en Venezuela, estabilice el país y negocie un proceso de reestructuración de la deuda, equivale a un aplazamiento indefinido”.
El tema de los bonos se ha vuelto incómodo dentro de la oposición y algunos legisladores extreman los cuidados. “Hay juicios abiertos sobre los mismos, cualquier cosa que diga puede ser usada (…) No estoy opinando” sobre el tema, dijo a El Diario un diputado consultado sobre el asunto, cuyo nombre prefirió mantener en reserva.
Además, la Comisión para la Renegociación ha sufrido varias bajas desde su creación. Ricardo Villasmil, Alejandro Grisanti, Ricardo Hausmann y José Ignacio Hernández, son nombres que ya no están dentro del gobierno interino. Incluso Grisanti mostró públicamente su desacuerdo con la estrategia de demandar la nulidad de los bonos Pdvsa 2020.
Del otro lado, el régimen de Maduro busca un reconocimiento legal al tratar de negociar con los bonistas. En septiembre se anunció una propuesta que pretende que los acreedores no demanden a la República o a Pdvsa a cambio de que no prescriban sus derechos a cobrar los pagos retrasados. El gobierno de Guaidó rechazó esa propuesta, al igual que los propios acreedores, no obstante, Maduro extendió el plazo hasta el 13 de noviembre.
