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- Leonardo Palacios, presidente de la organización, aseguró que la confusión en torno al Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras obedece a “la improvisación y de la ausencia de discusión pública” de la ley aprobada por la Asamblea Nacional (AN) del chavismo. Foto: EFE
“Fue un caos total”. De esa manera el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Servicios de Caracas, Leonardo Palacios, se refirió a la aplicación del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF) en la capital durante su primera semana de vigencia, en la que reinó la confusión sobre su funcionamiento.
El caos, dijo Palacios en entrevista con el Circuito Éxitos, es producto de “la improvisación y de la ausencia de discusión pública” de la ley aprobada por la Asamblea Nacional (AN) del chavismo. Argumentó que en la discusión debieron ser consultados los sectores empresariales, académicos y otros especializados en la aplicación del impuesto, hecho que no ocurrió.
Agregó que las características de esta ley del IGTF generan “resistencia” por la poca transparencia con la que se ha llevado a cabo. Además de la poca discusión de la Ley con diversos sectores, el mensaje del régimen de Maduro ha sido poco claro una vez aprobada. Mencionó que la explicación de la normativa ha ido en tres direcciones, lo cual ha generado la confusión: alícuotas diferenciales de 0 % al 2 % para las operaciones en bolívares; de 2 % al 8 % para pagos efectuados por contribuyentes en el sector financiero; y un pago del 2 % al 20 % cuando se hiciera fuera del sector financiero.
“Lógicamente, todo esto ha llevado a una gran confusión”, dijo Palacios.
De hecho, explicó que el desconcierto fue tal que Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Nicolás Maduro, convocó una reunión con viceministros de finanzas, de la administración tributaria y de sectores empresariales para tratar de clarificar lo que ha sido “una muestra de incertidumbre y de improvisación”.
En consecuencia, el presidente de la Cámara de Comercio de Caracas aseguró que esto podría ocasionar un “retroceso” en las pequeñas mejoras económicas que había registrado el país en los últimos meses. “Si se quiere tener un crecimiento económico, no se pueden tener impuestos como este”, Palacios.
Las dudas del empresariado
Las declaraciones de Palacios son una señal más de la falta de consulta al sector empresarial para la aplicación del impuesto. Desde su promulgación, varios representantes de organizaciones comerciales han denunciado la improvisación y falta de transparencia.
Tiziana Polesel, presidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), explicó que no fue sino hasta el jueves 31 de marzo, más de un mes después de su aprobación en la AN oficialista, que las autoridades se acercaron a los empresarios para explicar la nueva ley.
Polesel aseguró que debido a lo acelerado del proceso de implementación del IGTF, que comenzó a operar desde el pasado lunes 28 de marzo, muchos comercios prefirieron no aceptar pagos en divisas debido a que no tienen claro cómo debe realizarse el cobro.
“Se estima que el 75 % no ha efectuado ninguna transacción, en razón de tener muchas dudas en cuanto a la forma de hacerlo. El 25 % restante lo aplicó parcialmente, pero son empresas pequeñas en su mayoría”, detalló la presidenta de Consecomercio.
Tanto Polesel como Palacios se refirieron también a la falta de máquinas fiscales que permitan facturar el IGTF, aunque apuntó que estas no son las soluciones. “Venezuela no está preparada para la factura digital”, dijo el presidente de la Cámara de Comercio de Caracas. Argumentó que esto se debe a la falta de tecnología, de electricidad, o del servicio de Internet en distintos lugares del país.
Lo que explicó el régimen
La confusión en la población ya ha generado la respuesta de voceros del régimen de Maduro, que han intentado profundizar en la explicación de la Ley.
Jesús Farías, presidente de la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional de la Asamblea Nacional oficialista, indicó que el cobro correspondiente al 3 % de la alícuota solamente deberá ser pagado por aquellas personas que realicen transacciones en grandes establecimientos comerciales.
“Todo lo que sea comercio popular, pequeños negocios y establecimientos comerciales, están exentos de ese pago”, afirmó Farías a través de una nota de prensa. “Es mentira que todo el mundo tenga que cancelar el impuesto”, añadió.
El vocero oficialista explicó también que el cobro del IGTF cumple un doble propósito. El primero de ellos es garantizar que la moneda nacional vuelva a convertirse en la de mayor uso en el país. En segundo lugar sirve para establecer el principio de lo que denominó como justicia tributaria.
