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- Luego de que la Corte Penal Internacional emitiera una orden de captura contra Vladímir Putin, Moscú respondió que el tribunal no tiene jurisdicción en su país, pues ya no forma parte del Estatuto de Roma
La Corte Penal Internacional (CPI) dictó el 17 de marzo una orden de captura contra el presidente de Rusia, Vladímir Putin, por crímenes de guerra. También contra Maria Alekseyevna Lvova-Belova, comisionada presidencial para los derechos del niño. Esto, por presuntamente ser la responsable, bajo la aprobación del mandatario, de un plan para deportar a cientos de niños ucranianos desde las zonas ocupadas por la invasión a ese país y trasladarlos ilegalmente a Rusia.
“Hay motivos razonables para creer que el señor Putin tiene responsabilidad penal individual por los crímenes antes mencionados, (i) por haber cometido los actos directamente, junto con otros y/o a través de otros. Y (ii) por no ejercer un control adecuado sobre los subordinados civiles y militares que cometieron los actos, o permitieron su comisión, y que estaban bajo su autoridad y control efectivos”, expresa la resolución.
Sin embargo, esto lejos de preocupar al gobierno ruso, fue más motivo de burlas por parte de sus funcionarios. “La Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra Vladímir Putin. No es necesario explicar dónde se debe usar este papel”, escribió en Twitter el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvedev, junto al emoji de un papel higiénico.
La posición oficial del Kremlin fue considerar la medida como “indignante e inaceptable”. Resaltó que Rusia no tiene ninguna obligación, ni intención, de entregar a su presidente a organismos occidentales. Esto debido a que ya no forma parte del Estatuto de Roma, y por tanto, no reconoce la autoridad de la CPI ni tiene jurisdicción en su territorio.
¿Qué es el Estatuto de Roma?
El 17 de julio de 1998 se reunieron en Roma, Italia, las delegaciones de 160 países para la Conferencia Diplomática de las Naciones Unidas (ONU). Allí se firmó el estatuto de constitución de la CPI, con el fin de crear un órgano de competencia internacional que pudiera intervenir y juzgar a los responsables de algunos de los crímenes más atroces cometidos contra la humanidad.
Tomó como base los precedentes que dejaron en el derecho internacional los juicios de Núremberg y Tokio, con los cuales se condenaron a los principales criminales nazis y japoneses por genocidios de judíos y chinos cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. Si bien hubo intentos de repetir esta experiencia con otros conflictos a lo largo del siglo XX, no se lograron consensos para sistematizar una estructura judicial con ese alcance. Sin embargo, en los años noventa ocurrieron los genocidios de Ruanda y Yugoslavia, los cuales llevaron a la ONU a plantear la necesidad de una CPI.
Este nuevo tribunal toma su competencia a partir de cuatro tipos de crímenes tipificados en el Estatuto de Roma. Estos son el genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de agresión. Aunque es un órgano independiente de cualquier Estado, aunque puede colaborar con sus autoridades. Precisamente su función es fungir como tribunal para aquellos casos que un país no pueda o no quiera resolver.
Si bien está relacionado con la ONU y vela por el cumplimiento de la Carta de las Naciones Unidas, funciona de autonomía a esta. De hecho, se diferencia de la Corte Internacional de Justicia, que sí es el brazo judicial de la ONU, en que la primera solo puede resolver disputas entre Estados, mientras que la CPI se enfoca en el procesamiento de personas que hayan cometido los crímenes mencionados.
En contra
El 11 de abril de 2002, 10 países africanos realizaron una ceremonia en la que ratificaron, al mismo tiempo, su adhesión al Estatuto de Roma. Con esto, el acta ya contaba con 60 ratificaciones, que era el mínimo exigido por la ONU para entrar en vigor. A partir de entonces comenzó comenzó a operar la CPI, y por eso no investiga casos anteriores a esa fecha. Para 2019, 123 Estados soberanos figuran como firmantes del acuerdo, entre los que destaca casi toda Europa y Latinoamérica.
Sin embargo, varios países se opusieron desde el principio a la creación de la CPI. Curiosamente, Estados Unidos fue uno de los países que más objeciones puso a su creación, al igual que Israel. Se sabe que ambos, junto a China, fueron 3 de los 7 votos en contra que tuvo el acuerdo durante su votación en la Conferencia de Roma. Aunque no se hizo público cada voto, se ha sospechado que los cuatro restantes pudieron venir de India, Indonesia, Irak, Libia, Catar, Rusia, Arabia Saudita, Sudán o Yemen.
Tras la aprobación del acuerdo, se dio un plazo hasta el 31 de diciembre del 2000 para que los países firmaran su incorporación al Estatuto de Roma. Al vencerse el plazo, se encontró que 41 Estados decidieron no firmar el pacto, por lo que hasta la actualidad no reconocen a la CPI. Entre ellos están China, Cuba, Nicaragua, Corea del Norte, Arabia Saudita, India, Bielorrusia y Turquía. Otros como Burundi y Filipinas se retiraron posteriormente.
El resto de países sí firmó el estatuto, pero un grupo de 31 naciones que, por diferentes razones, decidieron no ratificar. De los que han manifestado que jamás lo harán están Sudán e Israel, además del propio Estados Unidos. Este último incluso ha instigado a otros países como Colombia o El Salvador para que firmen acuerdos bilaterales que otorguen inmunidad en sus territorios a ciudadanos estadounidenses acusados de crímenes por la CPI.
El caso ruso
Al igual que Estados Unidos, Rusia firmó el Estatuto de Roma en el año 2000, pero decidió no ratificarlo. En 2016, una investigación preliminar de la CPI concluyó que Rusia practicó una intervención militar sobre Ucrania al momento de ocupar la región de Crimea. Ya para ese entonces alertaba que el aumento de las hostilidades entre ambos países hacía inminente un riesgo de guerra.
La respuesta de Moscú fue una carta dirigida al entonces secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, en la que expresaba su intención de desincorporarse del Estatuto de Roma. Aunque su salida no se ha concretado hasta ahora, de facto ya se asumía desde hace años que Rusia no responde a ninguna jurisdicción de la CPI.
Esto no solo se limita a Rusia. Expertos consideran que el Kremlin ha ejercido presiones para que otros países de su esfera de influencia tampoco ratifiquen el estatuto. Esto respondería a por qué naciones como Azerbaiyán y Kazajistán nunca lo suscribieron, mientras Uzbekistán no lo ha ratificado. Las excepciones serían Georgia, que sí es miembro pleno, y la propia Ucrania, que tampoco lo ratificó, pero que tras la salida de su gobierno prorruso con la revolución de 2014, se ha mostrado dispuesto a colaborar y permitir el trabajo de la CPI en su territorio.
¿Hay riesgos para Putin?
“Rusia no es miembro del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y no tiene ninguna obligación en virtud del mismo. Rusia no coopera con este organismo, y las posibles pretensiones de detención procedentes de la Corte Internacional de Justicia serán legalmente nulas para nosotros”, dijo la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso Maria Zakharova.
Con esto, el Kremlin descarta cualquier probabilidad de que Putin sea detenido y entregado a la CPI. De hecho, es bastante improbable que el presidente ruso compadezca ante la justicia en el corto plazo. La medida, en realidad solo limita sus ya escasas salidas del país, pues solo podrá ser capturado dentro de las fronteras de un país que sí sea parte del Estatuto de Roma.
Con esto, si bien no podrá pisar ningún territorio de la Unión Europea y probablemente tampoco Ucrania, sí puede viajar a países aliados. No solo de su eje de influencia como Bielorrusia o Kazajistán, sino también a otros como China, Cuba, Corea del Norte, Nicaragua o Siria. Incluso podría ir a Turquía y Estados Unidos de darse el caso.
Por otro lado, el hecho de que un país sea miembro del estatuto tampoco da garantías de una posible detención del mandatario. Un ejemplo sería Venezuela, que a pesar de reconocer a la CPI, difícilmente colabore con el arresto de Putin si entre en su territorio al ser aliado del régimen de Nicolás Maduro. En otros casos, al ser Rusia una potencia militar y nuclear, también sería latente el temor de algunos Estados de proceder sabiendo las consecuencias que tendría. En todo caso, la medida de la CPI, más que una acción efectiva para finalizar la guerra en Ucrania, parece ser simplemente una declaración de persona non grata para Putin en Occidente, como en los tiempos de la Guerra Fría.
