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- Según la policía, la intención del hecho fue “manipular el mercado bursátil”, de forma que cada vez que estallara un artefacto se crearán desequilibrios financieros
Entre el 19 de julio y el 18 de agosto de 1993 se vivió una ola de violencia en Caracas debido a una serie de atentados con explosivos que propiciaron la inestabilidad política y económica en Venezuela durante esa época.
El primer hecho fue la explosión de un sobre bomba entregado en la sede de la Corte Suprema de Justicia. En el ataque, el archivista Hugo Betancourt Zerpa perdió su mano izquierda y su compañero de trabajo José Francisco Urbano resultó herido. El sobre era remitido por “Pedro Carmona”. No obstante, no se pudo determinar en la investigación si se trataba de un alias de alguno de los responsables.
De acuerdo con las autoridades, el resto de los sobres con explosivos fueron entregados en diferentes sitios en orden cronológico.
Se detectó uno de ellos la casa del magistrado Alirio Abreu Burelli. También, en la residencia del presidente de la magistratura, Gonzalo Rodríguez Corro.
Una semana más tarde, el 29 de julio, estalló un paquete en una estación de servicio ubicada en Altamira, que ocasionó daños en la infraestructura, pero ningúna persona o vehículo fue impactado. Ese mismo día, otro artefacto explotó frente a la Embajada de Colombia en Caracas. Otro sobre explosivo fue entregado en la Escuela de Enfermería de la Universidad Central de Venezuela UCV sin ocasionar daños a personas.
Luego, el 31 de julio fue activado un dispositivo explosivo en la entrada principal de la sede de Fedecamaras en Caracas. La carga fue colocada en un cajero automático que estaba justo en el acceso principal del edificio. En el hecho, solo una persona resultó herida así como el daño a la infraestructura.
El último de los hechos fue la explosión de un carro bomba el 18 de agosto de 1993 en el estacionamiento del Centro Ciudad Comercial Tamanaco (CCCT), donde tres ciudadanos resultaron heridos.
La Policía Técnica Judicial (PTJ)—actualmente el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC)— estuvo a cargo de las investigaciones, y pudo determinar con los rastros dactilares localizados en los restos de los sobres bomba que el autor de los hechos fue Monsalve Planchart, quien actuó en compañía de otros sujetos expulsados de la policía científica y con otros funcionarios activos.
Sin embargo, unas semanas después se acusó a Ramiro Helmayer de la fabricación, el transporte, colocación y detonación de los artefactos. Además, el presunto responsable era buscado por la policía estadounidense desde 1982 por tráfico de armas y la Administración de Control de Drogas (DEA) lo vinculó a una banda involucrada con actividades del narcotráfico.
Mientras tanto, por los hechos del 18 de agosto la única organización política que se adjudicó los ataques fue el autonombrado Movimiento Revolucionario José Antonio Páez, del que nunca se tuvo conocimiento previo y no se encontró rastro.
Caída del mercado bursátil
Las explosiones tuvieron un efecto sobre las acciones del mercado bursátil, que forzaron a bajas en la Bolsa de Caracas y en otros mercados internacionales. Adicionalmente, cayeron los precios de bonos que el Estado venezolano tenía en venta.
Según un reporte de JP Morgan Securities Inc, de Nueva York publicado en esa época, durante julio y agosto los precios de oferta por la deuda venezolana descendieron considerablemente.
Mientras duró la baja, se compraron desde Venezuela grandes cantidades de bonos de la deuda. Cuando explotó el carro bomba, los niveles en los precios de los bonos bajaron cuatro puntos en una hora y luego subieron cerca de tres puntos.
Ese comportamiento le permitió a algunos inversores obtener ganancias al comprar a la baja y vender antes del cierre del mercado esa misma tarde, de acuerdo con un artículo publicado por la revista colombiana Semana.
Las detenciones
Las detenciones de todos los involucrados fueron anunciadas por el director de la PTJ, comisario Orlando Jordán Petit, el 8 de octubre de 1993.
De acuerdo con Petit, Ramiro Helmeyer se entregó a la policía y confesó su participación en el atentado. No obstante, en una declaración a la prensa, manifestó que no tenía nada que ver con las acusaciones que pesaban en su contra.
Asimismo, según la PTJ, Helmeyer dio información que condujo a la captura de Thor Halvorssen, expresidente de la antigua Empresa Nacional de Telecomunicaciones (CANTV), entre los años 1978 y 1979.
Halvorssen, fue identificado por fuentes policíacas como uno de los cerebros y financista de la conspiración. El empresario estuvo involucrado en una dura batalla de tres años por el control del Banco de Venezuela, en la cual un pequeño grupo de accionistas del Banco de Venezuela.
De acuerdo con la revista Semana, Helmeyer estaba casado con Carolina Tinoco, hija de Alejandro Tinoco, pariente del fallecido Pedro Tinoco (Grupo Banco Latino).
Un segundo miembro de la banda, Walter Alexander del Nogal Márquez, estaba emparentado políticamente con la familia Salvatierra (Grupo Banco Unión) y vivía en la Lagunita en Caracas.
En 1990, Del Nogal fue identificado por la policía suiza como miembro y financista de una cadena de narcotraficantes que enviaba cocaína a Suiza e Italia, y que también operaba una cadena internacional de robo de automóviles, la cual se especializaba en Mercedes tipo sedán.
Otros ciudadanos arrestados en su momento fueron José Gregorio Hernández Villegas, exagente de la extinta Dirección Nacional de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), experto en explosivos, y José Enrique Moreno Hinojosa, empleado de Helmeyer, quien de acuerdo con la policía manejó el carro bomba hasta el centro comercial.
Los otros detenidos por el caso fueron Álvaro Campins Camejo, presidente de Asfastrol (financiera con intereses en el exterior), quien fue liberado inmediatamente luego de hacer su declaración a las autoridades investigadoras.
También figuraron Gustavo José Mancera, abogado y asesor financiero del expresidente de Venezuela Luis Herrera Campíns; José Ibrahim, presidente de Serfincor (intermediaria de capitales); Alan Torres Oliver, presidente de Serfin ST; András Manuel Rodríguez, de la misma empresa, y Danilo Diaz granados, de Fisa Unión, quienes resultaron absueltos de cargos.
El comisario Petit declaró que el objetivo de la acción criminal fue “manipular el mercado bursátil”, de forma que cada vez que estallara un artefacto se creará una situación de inestabilidad.
La investigación policial confirmó parcialmente las declaraciones a la prensa del ministro del interior, Carlos Delgado Chapellín, quien dijo que los atentados fueron cometidos por “miembros del sector financiero”.
El destino de los implicados
Thor Halvorssen Mendoza, hijo de empresario detenido, lideró una campaña por Amnistía Internacional, la Sociedad Internacional para los Derechos Humanos y por Comités Helsinki en varios países que permitió su liberación tras 74 días en la cárcel. Fue hallado inocente de todos los cargos que se le acusaban.
Por su parte, Ramiro Helmeyer fue condenado a treinta años de prisión por el atentado. No obstante, fue indultado el 15 de enero del año 2000 durante la presidencia de Hugo Chávez.
