• La ONG detalló que los incidentes ocurrieron en 8 estados del país. Foto: EFE

El Instituto de Prensa y Sociedad Venezuela (IPYS Venezuela) denunció en un informe el lunes 4 de noviembre que durante el referendo consultivo sobre el Esequibo se registraron 9 casos que vulneraron la cobertura informativa de periodistas y medios de comunicación.  

Los hechos se reportaron en los estados Bolívar (2), Amazonas (1), Aragua (1), Cojedes (1), Falcón (1), Monagas (1), Nueva Esparta (1) y Yaracuy (1).

De acuerdo con el IPYS, hubo 8 restricciones de acceso a la información y 1 agresión física o verbal, en la cuales 30 periodistas y 1 camarógrafo resultaron afectados. Además, denunciaron que los efectivos del Plan República fueron los principales victimarios al ejercer limitaciones en ocho casos.

En el estado Bolívar se registraron dos hechos contra la prensa. El primero, en las inmediaciones de una unidad educativa ubicada en Puerto Ordaz, donde periodistas de diversos medios trataban de cubrir el acto de votación del diputado a la Asamblea Nacional Rachid Yasbek y funcionarios del Plan República les impidieron el acceso a la institución. 

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La otra situación ocurrió en Ciudad Guayana. El periodista Carlos Suniaga, de El Pitazo y Unión Radio realizaba un recorrido por los centros electorales del municipio y un funcionario del Plan República le impidió el acceso a un centro educativo.

IPYS denunció limitaciones a los periodistas durante cobertura del referendo por el Esequibo
EFE/ RAYNER PEÑA R.

En Maracay, en el estado Aragua, el periodista David Marcano, de El Periodiquito, tuvo que borrar una fotografía en un centro de votación ubicado en la Unidad Educativa Las Delicias, tras ser obligado por un efectivo militar.

Marcano informó que percibió la intención del efectivo de arrebatarle el teléfono, y aunque no lo hizo, no se apartó del lado del reportero hasta que eliminó la fotografía de su celular”, indicó la organización no gubernamental especializada en la defensa de acceso a la información.

En Cojedes, los periodistas José Carlos Gómez, de Globovisión; Alimar Bueno, de VTV; Gregorio Villalonga, de Unión Radio; Pilar Guerra, de Qué Pasa Venezuela; Rosannin Mogollón, de Prensa Gobernación; Brigitte Gerdel, de Notitarde y María Yasibit Bolívar, de Televen, no tuvieron acceso al centro de votación ubicado en la Escuela Básica Bolivariana Ligia Cadenas Alvarado, en Tinaquillo.

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Restricciones en Yaracuy, Falcón, Nueva Esparta y Amazonas

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En San Felipe, estado Yaracuy, efectivos del Plan República, no le permitieron al reportero Ricardo Tarazona, de Qué Pasa En Venezuela, grabar en un centro de votación ubicado en la Unidad Educativa Cecilio Acosta.

 “Los oficiales también intentaron fotografiar la credencial del reportero bajo el argumento de garantizar el resguardo de todos y le indicaron que si tomaba gráficas, debía hacerlo a una cuadra del plantel”, precisó el IPYS.

Al periodista Gerardo Morón, del medio digital Cactus 24, un efectivo militar le impidió cubrir el proceso en el Centro Educativo Interdisciplinario Rómulo Gallego, en el sector La Velita de la ciudad de Coro, en Falcón. 

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Otro caso denunciado por El Instituto de Prensa y Sociedad Venezuela se registró en el estado Nueva Esparta, donde el Plan República impidió a los equipos de prensa de varios medios de comunicación ingresar al centro de votación Casa de la Cultura Juan Fermín Millán, en el municipio Maneiro.

En Amazonas, funcionarios del CNE y efectivos del Plan República le prohibieron a tres periodistas fotografiar a la alcaldesa del municipio Atures, Yamilet Mirabal, mientras ejercía su voto en la escuela básica Monseñor Enrique de Ferrari.

Los funcionarios alegaron prohibiciones de fotografiar cualquier espacio del centro de votación, pese a que los reporteros insistieron en que Mirabal es una autoridad y su participación en la consulta era de interés informativo”, puntualizó el IPYS.

La organización rechazó las restricciones “arbitrarias” contra los trabajadores de la prensa durante la cobertura de la consulta electoral por parte de funcionarios públicos, especialmente por los que conforman el Plan República.

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 “Las limitaciones de acceso, así como las órdenes de eliminar registros periodísticos, son vulneraciones que interrumpen la búsqueda y difusión de noticias de interés colectivo, sobre todo en el marco de un evento electoral que exige pluralidad y transparencia”, concluyó.

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