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- En el documento de balance sobre 2023, la organización aseguró que se registraron detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y represión contra quienes criticaban al gobierno de Nicolás Maduro. Foto principal: EFE
La organización de derechos humanos Amnistía Internacional (AI) presentó su informe anual La situación de los derechos humanos en el mundo: abril de 2024, en el que resaltó en el apartado sobre Venezuela que persisten las detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales en mano de fuerzas de seguridad del Estado.
“Aunque al concluir el año se excarceló a algunas personas, las detenciones arbitrarias de motivación política seguían siendo una práctica sistemática”, reza parte del documento publicado el 24 de abril en su página web.
Amnistía Internacional recordó el informe presentado por la Misión Intencionalidad Independiente de Investigación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela (MIIV) de las Naciones Unidas (ONU), en el que se abordó la represión selectiva contra miembros de la oposición venezolana y la estructura de los organismo policiales responsables de ejecuciones extrajudiciales.
“Quienes pertenecían —o se consideraba que pertenecían— a la oposición política sufrían ataques continuamente y corrían peligro de ser objeto de detención arbitraria, tortura y otras violaciones de derechos humanos. Según la organización de derechos humanos Foro Penal, aproximadamente 9.000 personas estaban sometidas a medidas restrictivas de la libertad debido a procedimientos judiciales de motivación política, pasados o en curso”, agrega la organización internacional.
El informe de Amnistía Internacional
En el informe están plasmados los “motivos de preocupación” en materia de derechos humanos de 155 países durante el año 2023.
Entre los motivos se encuentran Estados y grupos armados que rompen e interpretan las reglas de la guerra, racismo, crisis económica, cambio climático, degradación ambiental, derechos humanos, represión y derechos contra las mujeres, niñas y personas LGBTIQ+
Amnistía Internacional sobre las restricciones y represión en Venezuela
Amnistía Internacional aseveró en su informe que las autoridades venezolanas continuaron restringiendo la participación política en el país. Se refirieron a la inhabilitación de la dirigente María Corina Machado, ganadora de las elecciones primarias de la oposición en octubre.
Otro caso que se detalla en el documente es el debate en la Asamblea Nacional sobre el proyecto de ley para auditar y regular el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales, para supervisar su actuación y financiación. Además, recordó la destitución de la junta directiva de la Sociedad Venezolana de la Cruz Roja y la detención del miembro de dicha comisión Roberto Abdul, en diciembre de 2023, a quien excarcelaron después de dos semanas.
“La situación legal de los miembros de esa entidad seguía siendo confusa al concluir el año”, agregó Amnistía Internacional.
AI reiteró que las detenciones arbitrarias contra civiles se podría constituir como crimen de lesa humanidad. También citó los datos ofrecidos por distintas organizaciones de la sociedad civil, quienes aseguran que entre 2014 y 2023 se llevaron a cabo aproximadamente 15.700 detenciones arbitrarias.
“La desaparición forzada y la tortura, entre otras violaciones de derechos humanos, seguían formando parte de la política de represión ejercida por el gobierno. Amnistía Internacional denunció que, tras ser arrestadas, las víctimas comparecían sistemáticamente ante un tribunal —a menudo con competencia especial en materia de terrorismo— y eran acusadas de asociación para delinquir y otros cargos relacionados con el terrorismo, y posteriormente eran trasladadas a un centro militar o policial donde permanecían meses o incluso años en espera de juicio”, agregó Amnistía Intencional.
En cuanto a las denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales, la organización internacional mencionó que la Policía Nacional Bolivariana (PNB) estuvo implicado en varias presuntas ejecuciones extrajudiciales de 2023.
Otras denuncias de violaciones a los derechos humanos
Amnistía Internacional plasmó en su informe otros hechos que supuestamente violentaron los derechos humanos de los ciudadanos en Venezuela. Entre ellos la falta de acceso a derechos económicos y sociales, poder adquisitivo, derecho a la salud, alimentación, educación y trabajo.
Asimismo, mencionan la crisis en los centros de reclusión. De acuerdo con el informe, la situación de las cárceles ha empeorado, especialmente por hacinamiento y previsión insuficiente de comida y agua, así como la falta de servicios de salud y tratamientos médicos que ponen en peligro la vida de los reclusos.
“La población reclusa dependía de que sus familiares les proporcionaran los recursos básicos para sobrevivir. Continuó la detención prolongada en las comisarías de policía y otros centros de detención ilegal”, detalla el documento.
Entre otras violaciones que reportó la ONG están las detenciones contra migrantes venezolanos que fueron retornados al país, violencia de género, además de discriminación contra personas de la comunidad LGBTIQ+.
Preocupación por otros países de la región
En su informe anual, Amnistía Internacional detalló que en la región se sigue reduciendo el espacio cívico a un “ritmo alarmante”. En ese sentido, explica que en El Salvador, Nicaragua y Venezuela el derecho a la libertad de expresión estaba amenazado y los gobiernos impusieron más medidas legales e institucionales contra los grupos de la sociedad civil para “tratar de silenciar las críticas”.
En países como Argentina, Bolivia, Cuba, El Salvador, Haití, Paraguay, Perú, Puerto Rico y Venezuela las autoridades respondieron a las protestas públicas con medidas represivas. De hecho, en Bolivia, la Defensoría del Pueblo, denunció varios casos de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía.
Amnistía Internacional destacó que la región seguía siendo “un lugar peligroso” para las personas que ejercían el periodismo debido a que sufrían amenazas, hostigamientos, vigilancia y hasta homicidios en países como Argentina, Colombia, Cuba, El Salvador, México, Paraguay, República Dominicana y Venezuela.
