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- Representantes de Cavececo y la Cámara Inmobiliaria de Venezuela comentaron a El Diario sus impresiones acerca de la medida anunciada por Nicolás Maduro
El sector inmobiliario en Venezuela se encuentra ante un panorama, cuando menos, poco alentador luego de que Nicolás Maduro anunciara que debido a la epidemia de Covid-19 registrada en el país el pago de alquileres se suspenderá por un lapso de seis meses.
La medida, que fue publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.522, se produce luego de que días antes fuese decretada una cuarentena social para intentar evitar la propagación del virus. El motivo de la suspensión del pago de los alquileres, tanto comerciales como residenciales, es proteger a los arrendadores durante el tiempo que dure la epidemia, según indicó Maduro.
De acuerdo con la Gaceta, no solo se suspende el pago de los cánones de arrendamiento, sino que también se prohíbe el cobro de aquellos que se encuentren vencidos. Del mismo modo, se cesa la aplicación de la causal de desalojo.
El decreto establece, en su Artículo 4, que la estructuración del pago de los cánones de arrendamiento deben ser producto de un acuerdo entre el inquilino y el arrendador. Pauta que en ningún caso se puede exigir al arrendatario que el monto total adeudado tenga que ser cancelado inmediatamente finalice la medida el 1° de septiembre.
La decisión supone un duro golpe para el sector de los centros comerciales, que además de verse obligados mantener cerradas sus puertas en cumplimiento de las restricciones implementadas por el Estado, también observan cómo su única fuente de ingresos se ve afectada de forma directa con esta decisión.
Claudia Itriago, directora de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales (Cavececo), explica que la medida anunciada por Maduro supone la eliminación de la única fuente de ingreso con la que cuentan todos los centros comerciales, bien sean pequeños, medianos o grandes.
Explica que el dinero correspondiente al cobro del condominio que se realiza a cada uno de los locales, no constituye una ganancia para el sector pues esos recursos son destinados al pago, entre otras cosas, de los servicios básicos.
“En el sector de los centros comerciales nos hemos visto afectados económicamente al igual que el resto del país. No somos ajenos a la situación que se está viviendo”, comenta Itriago en exclusiva para El Diario.
La directora de Cavececo lamenta que desde el gobierno no se les consultara la medida pues considera que la misma tan solo beneficia a los arrendatarios y deja en una posición precaria a los arrendadores, es decir, los centros comerciales.
Es por esto que hace un llamado al gobierno para que se considere la aplicación de otras medidas que sean “más realistas”, que funcionen en beneficio de todos y no solo de un sector de la población, tal y como considera que sucede actualmente.
En este sentido la directora de Caveco cree que como parte de las decisiones que el gobierno puede asumir de forma inmediata está la prorrogación del pago de los impuestos, tal y como se ha solicitado desde Fedecámaras. Dicha providencia ayudaría de forma significativa no sólo a los centros comerciales, sino también al resto de empresas privadas del país.
Iriarte es optimista pues cree que en caso de que el gobierno lleve a cabo una consulta con el gremio se puede avanzar para llegar a acuerdos importantes, que beneficien a todas las partes involucradas y que vayan en pro del país.
Otros afectados
Otro segmento del sector que también se vió afectado por el decreto promulgado por el gobierno es el de inmuebles de uso residencial, pues el decreto impacta de forma directa en el pago de alquiler de viviendas.
La vicepresidenta de la la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV), Teresa Borges, y el ex presidente del sector, Aquiles Martini, sostienen que esta medida es la última demostración de cómo la legislación venezolana sacrifica los derechos del arrendatario en beneficio del inquilino. Sin que sean tomadas en cuenta otras alternativas que no impliquen actuar en detrimento de una de las partes.
“La legislación especial de arrendamiento en nuestro país ha sacrificado al arrendador. Una vez más lo hace sin valorar aquellos ciudadanos que dependen de los cánones de arrendamiento para poder vivir”, comenta Borges en exclusiva para El Diario.
Ante esta situación consideran que uno de los pocos mecanismos que tiene el arrendadores para mejorar su situación es la de dialogar con sus respectivos inquilinos; aseguran que esta es una de las pocas herramientas que tienen a su alcance tal y como lo establece la Resolución N° 023 publicada en la Gaceta Oficial N° 41.852 con fecha del 1° de abril.
Al igual que en el caso de los centros comerciales, para un segmento importante de quienes mantienen inmuebles residenciales alquilados la figura de los cánones de arrendamiento constituye su única vía de ingresos. Enfatizan que en ningún momento deben intentar forzar al inquilino a cancelar total o parcialmente el monto del alquiler, pues sería contraproducente.
Ambos consideran que la vía del entendimiento entre las partes puede servir para equiparar las cargas entre inquilinos y propietarios. Lo cual consideran fundamental, especialmente durante una coyuntura como la que atraviesa el país debido al Covid-19. Creen que es un deber de todos intentar minimizar los daños en la medida de lo posible.
Apuntan que este mecanismo no es ajeno a la dinámica del sector inmobiliario pues en la mayor parte de los casos en donde existen diferencias entre el inquilino y el arrendatario, estos impases son dirimidos mediante el acuerdo entre las partes.
Tanto desde Cavececo como desde la CIV formulan votos para que los propietarios de locales comerciales e inmuebles residenciales puedan alcanzar un acuerdo que permita superar el difícil momento que supone la epidemia de Covid-19 en el país. Ambos sectores son conscientes de que solo podrán salir adelante, si todas las partes actúan privilegiando el bien común.
