• Organizaciones no gubernamentales consideran que este instrumento representa una violación de los derechos de los venezolanos

Un mecanismo de control social, un instrumento partidista e incluso una nueva forma de apartheid. Estos son algunos de los apelativos que el carnet de la patria ha recibido desde que fue presentado a la población de forma oficial hace ya cuatro años.

“Celebramos el 4° aniversario del carnet de la patria. Un instrumento innovador que nos ha permitido proteger a nuestro pueblo en tiempos de bloqueo económico y pandemia”, publicó Nicolás Maduro a través de su cuenta de Twitter.

En su momento, el mandatario aseguró que dicha tarjeta electrónica, que contiene los datos personales de su poseedor, serviría para racionar y facilitar la distribución de la comida vendida por los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

No obstante, el alcance de este documento fue incrementándose con el transcurso del tiempo. El régimen lo utilizó para entregar ayudas estatales de forma discrecional y sin que mediase ningún tipo de planificación.

Un ejemplo de esta realidad puede apreciarse con la adjudicación de las bonificaciones entregadas durante 2020, que oscilaron entre dos y cinco dólares mensuales, dependiendo de las órdenes emanadas desde Miraflores.

Sin embargo, desde la organización Transparencia Venezuela aseguran, en un informe publicado en 2019, que el carnet de la patria vulnera los derechos de los venezolanos, al tiempo que “alimenta la pobreza y exclusión” que se vive en el país.

¿Protección social?

Explican que si bien desde el régimen apuntan que los bonos entregados mediante esta figura pretenden ser un mecanismo de “protección social”, en la práctica esto no sucede. La razón de esto es que los montos asignados en cada una de las bonificaciones son insuficientes para que la población pueda adquirir los insumos mínimos para subsistir.

Esto queda demostrado al observar que en promedio el monto mensual entregado en 2020  fue menor a 10 dólares, cifra significativamente inferior a los 188,31 dólares que, según el Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (Cenda), se necesitaban en noviembre para cubrir la canasta alimentaria.

“Los bonos estimulan el proceso inflacionario que genera la impresión de dinero inorgánico y los controles, entre otras distorsiones de una economía en ruinas”, se lee en un informe publicado por Transparencia Venezuela en su sitio web.

Apuntan que debido a que no existe ningún tipo de control por parte de algún organismo del Estado venezolano, es imposible medir cuál ha sido el impacto de este instrumento en beneficio de los venezolanos.

Instrumento de coacción

Otro señalamiento negativo que ha recibido el carnet de la patria está relacionado con su rol como mecanismo para coaccionar a la ciudadanía, especialmente en épocas electorales bajo la premisa de que en caso de no apoyar a los candidatos del régimen los ciudadanos dejarán de percibir beneficios.

Esto ha llevado a que la organización Acceso a la Justicia denuncie la pretensión del Estado venezolano de dividir a la ciudadanía entre aquellos que poseen el carnet de la patria y aquellos que no. 

En este sentido, comparan este tipo de discriminación política con la vivida luego de que saliera a la luz pública la denominada “Lista Tascón”. Este documento sirvió de excusa para que el gobierno del entonces presidente Hugo Chávez expulsara de la administración pública a aquellas personas que se oponían a su visión.

Desde la ONG Espacio Público añaden que desde el régimen utiliza el carnet de la patria para “intimidar a la población y así propiciar un ambiente de discriminación, persecución y control político”.

Argumentan que este mecanismo no solo obliga a la ciudadanía a participar en procesos electorales, sino que al mismo tiempo resulta imprescindible para poder acceder a medicinas, alimentos, vivienda, educación, e incluso para poder llevar a cabo trámites dentro de la administración pública.

“Personas que presentan necesidades específicas se han visto impedidas a acceder a sus derechos por no contar con el carnet de la patria, la población es discriminada y segregada por un apartheid político bajo una política autoritaria y de control”, expresó el director de Espacio Público Carlos Correa.

Gasolina subsidiada

La necesidad de contar con el carnet de la patria no se límita a la obtención de los bonos que son entregados a través de este instrumento pues más recientemente su alcance se ha visto aumentado al incluirlo como un requisito imprescindible para la compra de combustible a precios subsidiados por la administración pública.

En caso de no contar con dicho documento es imposible adquirir gasolina en moneda nacional, siendo la única opción de compra mediante divisas, específicamente dólares.

Esto se traduce en que para poder llenar el tanque de un vehículo con una capacidad de 40 litros se requieren unos 20 dólares tomando en cuenta que el precio del litro de gasolina está fijado en 0,5 dólares.

Sueldo mínimo

Además de ser un vehículo para el control de la población, el carnet de la patria también le ha permitido al régimen de Nicolás Maduro ser capaz de entregar ayudas económicas a la ciudadanía sin que estas tengan que traducirse en aumentos de sueldo mínimo.

Esto, según expertos consultados por El Diario, representa un beneficio para el régimen, pues no supone una obligación a futuro tal y como sí ocurre al realizar un incremento de sueldo mínimo.

“Esto tiene como objetivo que la población tenga la sensación de que es Nicolás Maduro quien está regalando dinero a las personas, para hacer creer que él es bueno y que está cuidando de todos los venezolanos”, comentó el economista José Ramón Acosta al ser consultado.

Sostiene que debido al uso que se le ha dado al carnet de la patria es una nueva forma de clientelismo, pues podría considerarse que quienes lo poseen forman parte de la nómina pública. La razón de ello es que mensualmente reciben al menos una bonificación por parte del Estado Venezolano, que en muchas ocasiones es significativamente superior al sueldo mínimo mensual decretado por el propio Maduro.

Todo parece indicar que este mecanismo seguirá siendo la estrategia para, según el régimen, continuar, “protegiendo a los venezolanos de la guerra económica” al tiempo que le permite continuar manteniendo su poder sobre la población.

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