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- La ONG Foro Penal denunció que Medina llevaba un mes presentando problemas de salud y no recibió atención médica oportuna
Gabriel Medina, un exfuncionario de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), falleció mientras se encontraba detenido en la cárcel La Pica, en el estado Monagas, por complicaciones de salud.
Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal, informó en su cuenta de Twitter que el preso político de 39 años de edad falleció debido a una falla respiratoria que no recibió atención médica.
Medina estaba bajo detención preventiva desde abril del año 2020 luego de que fuera acusado, junto a otras ocho personas, de planear un complot en contra de Diosdado Cabello.
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El director de la ONG aseveró que se trata del noveno preso político que muere bajo custodia del Estado desde el año 2014.
Nueve presos políticos que fallecieron en la cárcel
Gabriel Medina – La Pica -(29-08-2021)nSalvador Franco- Internado judicial El Rodeo II (3-01-2021)nPedro Pablo Santana – Arresto domiciliario Caracas (14-08-2020)nRafael Acosta Arévalo – DGCIM Boleíta (29-06-2019)nNelson Martínez – Hospital Militar de Caracas (12-12-2018)nFernando Albán – Sebin Plaza Venezuela (8-10-2018)nRafael Arreaza – Centro Nacional de Procesados Militares Ramo Verde (30-11-2017)nCarlos García -Sebin Guasdualito (17-09-2017)nRodolfo González -Sebin El Helicoide (12-03-2015)n
En la denuncia que realizó Foro Penal en Twitter se observa a Medina en una silla de ruedas con complicaciones de salud.
Durante el último mes estuvo presentando problemas de salud que no recibieron atención médica. Al complicarse su estado, los compañeros de celda del anexo Nelson Mandela presionaron para que fuese trasladado a un hospital.
Detenido preventivamente desde hace más de un año
El 24 de abril de 2020 Gabriel Medina y otras ocho personas fueron detenidas en El Furrial, estado Monagas, por supuestamente planificar un secuestro contra Diosdado Cabello, alto funcionario del régimen y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
La detención de Medina se produjo luego del 26 de marzo cuando el Departamento de Estado de Estados Unidos ofreció recompensas de entre 10 y 15 millones de dólares por la captura de Nicolás Maduro, y a varios de sus colaboradores, entre ellos Cabello. El gobierno de ese país los inculpó de “narcoterrorismo”.
El exfuncionario fue acusado de los delitos de traición a la patria, organización de cuerpos armados y tráfico de armas, entre otros.
Gabriel Medina formaba parte de los 276 presos políticos que existen en el país, según el último reporte de la ONG Foro Penal.
La organización añadió en su cuenta de Twitter que, del total de presos reportados, 260 son hombres y 16 mujeres. Entre los detenidos, hay 147 civiles y 129 militares. Asimismo, reportaron que entre los reos hay un adolescente.
Medina fue víctima también de retardo procesal porque estuvo un año y cuatro meses bajo detención preventiva a la espera de juicio, además nunca presentaron las pruebas de su caso.
Falta de atención médida, un problema recurrente en centros penitenciarios
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) en su informe anual afirma que durante el año 2020, en el contexto de la pandemia, hubo un retardo procesal total. Las cifras señalan que 23.472 son procesados (que aún no reciben condena) y 14.071 son penados (ya están cumpliendo pena).
Esto significa que 37% de la población reclusa en Venezuela cuenta con una sentencia condenatoria. Durante la ponencia, Carolina Girón hizo énfasis en que este retardo judicial viola los derechos. Específicamente el derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia de las personas que están privadas de libertad y esperan sentencia.
Además, los problemas de salud y la falta de atención médica es un problema crítico en los centros penitenciarios. Desde enero a diciembre del año 2020 murieron 292 personas privadas de libertad. De las cuales 184 fallecieron por motivos de salud, lo que representa el 63,01% de los casos registrados por el OVP. Entre los años 2017 y 2020, se registró un aumento “desproporcionado” de las muertes en centros de detención del país. Califica como preocupante que entre los años 2019 y 2020 hubo un incremento de 178,79%.
