• La reciente excarcelación de Freddy Guevara durante las reuniones exploratorias en México pone en evidencia el uso de presos políticos como piezas de negociación por parte del régimen de Nicolás Maduro. Alí Daniels, director de Acceso a la Justicia, explicó para El Diario que también sirven para mantener el control social sobre la disidencia

“Mi libertad es condicional y la libertad de todos los venezolanos también”, declaró el dirigente opositor Freddy Guevara luego de su excarcelación, el 15 de agosto de 2021. Fuera de El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), reconoció no tener mayores detalles sobre los términos de su salida. Aunque si de algo afirma estar seguro, es que responde a una causa más política que jurídica.

Días antes, el 13 de agosto, representantes del régimen de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria de la oposición firmaron un memorando de entendimiento con los puntos del nuevo proceso de negociación. Aunque no se hicieron públicos los resultados de las reuniones exploratorias, la liberación de Guevara parece ser un primer avance. Así lo creen múltiples analistas, e incluso el propio diputado.

El dirigente de Voluntad Popular (VP) se suma a una larga lista de opositores que han entrado y salido de El Helicoide —entre otras cárceles venezolanas— los últimos años. Organizaciones como el Foro Penal han llamado a esta práctica del régimen “el efecto puerta giratoria”. Mientras algunos políticos son liberados en procesos de diálogo o acuerdos internacionales, otros son detenidos para mantener el control represivo sobre la disidencia.

Fichas de intercambio

Foto: Cortesía

“El caso de Freddy Guevara es la máxima demostración de que el Estado de derecho no existe en Venezuela”, señala a El Diario el director de la asociación civil Acceso a la Justicia, Alí Daniels. Considera que la detención del parlamentario cumple el mismo patrón observado en otros procedimientos. El uso de la fuerza durante la captura, la desaparición forzosa del aprehendido y la negativa a permitirle hablar con sus abogados. 

Sobre el efecto puerta giratoria, comenta que para el oficialismo se trata de una política de Estado. Aunque reconoce que existen casos de presos políticos usados como rehenes para negociar, cree que no es la principal razón por la que ocurren este tipo de arrestos. Para él, el mantener grupos de ciudadanos privados de libertad es una forma de control social y demostración de poder.

“Los nombres (de los detenidos) van siendo algo secundario. Para el gobierno lo más importante de mantener a ese grupo es que sirva de advertencia al resto de la población”, afirma.

No obstante, el Foro Penal sostiene que la puerta giratoria es más evidente cuando se producen diálogos entre el régimen y la oposición. En una rueda de prensa realizada el 21 de mayo de 2021, el director de la organización, Alfredo Romero, denunció al menos ocho casos registrados de esta práctica. Con Guevara ahora serían nueve. 

El uso de los presos políticos en negociaciones para obtener espacios políticos lo que trae como consecuencia es que se siga usando a estas personas y se siga encarcelando a ciudadanos para ser utilizados como fichas de negociación, tanto de un lado como del otro”, declaró.

Diálogos infructuosos

Desde el ascenso al poder de Nicolás Maduro en el año 2013, el oficialismo y la oposición se han sentado a dialogar en ocho ocasiones de las que se tenga conocimiento. La primera ocurrió en 2014, durante la ola de protestas conocidas como La Salida. En ese momento se realizó una reunión televisada en el Palacio de Miraflores, en la que participó la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Entre sus representantes estaban Henrique Capriles, Ramón Guillermo Aveledo y Henry Ramos Allup. 

Ese año el régimen de Maduro se apuntó su primer preso político de alto perfil: el líder y fundador de VP, Leopoldo López. A él se sumaron después los alcaldes de San Cristóbal (Táchira), Daniel Ceballos, y de San Diego (Carabobo), Enzo Scarano, además de cientos de estudiantes y manifestantes. El diálogo solo duró solo un mes antes de congelarse por falta de acuerdos, aunque tiempo después fueron liberados líderes estudiantiles como Sairam Rivas. Los dirigentes políticos continuaron en prisión por algunos años más.

El 1° de mayo 2016 inició un nuevo diálogo, esta vez auspiciado por los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero, Martín Torrijos y Leonel Fernández. Como parte de esas conversaciones, el 1° de noviembre de ese año la entonces canciller Delcy Rodríguez anunciaba la liberación de cinco presos políticos. De acuerdo con el Foro Penal, durante el tiempo que duró el proceso se registraron 2.484 detenciones políticas. 51 de ellos permanecieron encarcelados al finalizar el año.

Fue justamente en su informe de 2016 cuando el Foro Penal acuñó el término puerta giratoria. Explican que desde 2013 se mantuvo un promedio mensual de presos políticos que no variaba sin importar la cantidad de detenciones o liberaciones. “Esto tiene el objeto de crear la impresión, sobre todo en el exterior, de una supuesta reducción de la represión y así promover el acercamiento con gobiernos extranjeros y organismos internacionales”, acota.

En ese año ocurrieron importantes excarcelaciones como la del líder de Un Nuevo Tiempo (UNT), Manuel Rosales, o los estudiantes Nixon Leal, Gerardo Carrero y Ángel Contreras. Sin embargo, también se apresaron a figuras como el diputado Gilber Caro o los concejales Roniel Farías e Irwing Roca. El exministro de Defensa Raúl Isaías Baduel, quien se encontraba en libertad condicional, volvió a prisión por orden de un juzgado. 

Sin libertad plena

Freddy Guevara tras salir de El Helicoide. Foto: Cortesía

Un fenómeno observado por múltiples organizaciones es que, a pesar de ya no estar tras las rejas, las personas enjuiciadas siguen sin ser libres. El Foro Penal estima que alrededor de 9.303 excarcelados permanecían sometidos a medidas cautelares hasta finales de 2020.

15.742

detenciones con fines políticos se han registrado en Venezuela desde 2014

266

es la cifra de presos políticos para el 16 de agosto de 2021, de acuerdo con el Foro Penal

Entre los mecanismos judiciales y restricciones de libertad documentadas, se encuentra el arresto domiciliario, la presentación periódica ante tribunales y la prohibición de salida del país. También otras medidas que directamente atentan contra los derechos de los procesados, como la prohibición para declarar ante la prensa o de participar en eventos políticos.

Daniels asegura que la aplicación de estas medidas cautelares funge como una espada de Damocles. El temor de volver a ser detenido hace que muchos políticos se alejen de los reflectores momentáneamente tras su excarcelación. Otros reanudan sus actividades en la calle, aunque bajo un riesgo permanente. Un ejemplo es el diputado Gilber Caro, quien ha pasado por prisión en tres ocasiones por razones políticas, y actualmente podría enfrentar su cuarta detención tras ser acusado por Jorge Rodríguez de promover acciones de violencia en la Cota 905.

Lamentablemente esto lo que nos está diciendo es que la libertad de los opositores en Venezuela es algo que queda sometido a la voluntad del gobierno. Y en esas circunstancias, decir que se tiene la libertad de negociar es incluso algo atrevido, porque no sería la primera vez que los que negocian con el gobierno terminan detenidos”, comenta el abogado.

Tribunales competentes

Precisamente Guevara formaba parte de la delegación opositora que participaría en las reuniones en México. Su arresto, ocurrido el 12 de julio de 2021 en plena autopista al este de Caracas, pasó pocos días después de reunirse con miembros de la misión técnica electoral de la Unión Europa.

El diputado electo en 2015 indicó que le fue impuesto un régimen de presentación en tribunales cada 30 días. Esto, sumado a problemas de salud, pone en duda su posible incorporación a las negociaciones. Aunque su equipo médico aseguró que el viaje no representa mayores riesgos, por el momento el opositor se mantiene centrado en su tratamiento.

Aunque se rumora que la liberación tiene como propósito que Guevara reemplace en la mesa de diálogo a su compañero de partido Carlos Vecchio, de línea más cercana a Leopoldo López, Daniels prefiere no hacer especulaciones. Argumenta que sería pretencioso suponer las intenciones que llevaron al régimen a cambiar de opinión respecto a Guevara, luego de haber sido acusado por la Fiscalía de terrorismo, atentado contra el orden constitucional y traición a la patria.

Daniels asevera que el caso de Guevara solo demuestra la arbitrariedad con la que actúa el régimen de Maduro y su dominio del Poder Judicial. Afirma que si el oficialismo realmente desea que el opositor asista a las negociaciones, no habrá ningún juez o medida cautelar que se lo impida. “Ese es justamente el tema con no tener tribunales imparciales e independientes”, agrega.

Diálogo unilateral

Liberación de un grupo de 40 presos políticos en junio de 2018. Foto: EFE

Uno de los procesos de negociación más conocidos en Venezuela ocurrió en 2017, nuevamente en medio de una fuerte crisis por las protestas. Las reuniones en República Dominicana duraron hasta enero de 2018, cuando el asesinato del expolicía disidente Óscar Pérez llevaron a la MUD a abandonar la mesa. Desde entonces la oposición se volvió más reacia a dialogar con el régimen.

Ante la falta de colaboración de la Asamblea Nacional (AN) y sus principales partidos, el chavismo buscó otras opciones para mantener el discurso del diálogo. Fue en las elecciones presidenciales de 2018 cuando tomaron relevancia el líder de Avanzada Progresista, Henri Falcón, y el pastor cristiano Javier Bertucci. Desde ese momento Nicolás Maduro comenzó a referirse a los dos aspirantes presidenciales como “los verdaderos líderes de la oposición”.

Los acercamientos de Maduro con esta facción minoritaria de la oposición, especialmente con Bertucci, permitieron establecer un canal de comunicación que recibió el nombre de “Plan de Reconciliación Nacional”. El 1° de junio de 2018 el gobernante ordenó la liberación de 39 prisioneros, entre los que se encontraban Daniel Ceballos, Renzo Prieto y el general Ángel Vivas. Una semana antes también habían sido liberadas otras 22 personas, como el estadounidense Joshua Holt, detenido dos años atrás bajo acusaciones de presunto espionaje.

Con la llegada del gobierno interino de Juan Guaidó en 2019, Maduro se vio forzado a reconocer nuevamente a la oposición mayoritaria representada por la AN. El fallido alzamiento cívico-militar del 30 de abril propició una negociación que inició el 17 de mayo bajo la mediación del Reino de Noruega. Uno de los puntos principales a tratar era la liberación inmediata de todos los presos políticos.

Oposición a la medida

Mesa de Diálogo Nacional de partidos minoritarios. De izquieda a derecha: Jorge Arreaza, Aristóbulo Istúriz, Delcy Rodríguez, Javier Bertucci, Timoteo Zambrano y Luis Augusto Romero (Avanzada Progresista)

Durante todo 2019 se registraron más de 2.219 arrestos arbitrarios, muchos de ellos manifestantes, policías y militares capturados en el marco de la crisis presidencial. El 28 de junio, el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo murió producto de las torturas a las que fue sometido durante los cinco días que estuvo desaparecido por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Esto significó un punto de inflexión en el deteriorado diálogo, que finalizó el 15 de septiembre, cuando Guaidó dio por concluido el proceso sin resultados.

Al día siguiente del anuncio de Guaidó, el 16 de septiembre, Nicolás Maduro firmó un acuerdo de paz, aunque no con el gobierno interino. En el acto estaba presente una facción disidente de partidos opositores minoritarios, representada por los dirigentes Timoteo Zambrano, Claudio Fermín y Felipe Mujica, entre otros. Allí constituyeron la Mesa de Diálogo Nacional, a la que se sumaría luego Bertucci.

La Mesa de Diálogo Nacional ha tenido como una de sus banderas la mediación en las causas de los detenidos por razones políticas. Desde su conformación se han atribuido varias liberaciones, como la del ex primer vicepresidente de la AN, Edgar Zambrano. Eso no ha impedido que en los últimos tres años el régimen arreciara su persecución contra activistas vinculados a Guaidó, incluidos asistentes, familiares y escoltas.

De presos políticos a candidatos

Luego de 15 meses detenido en El Helicoide, el 4 de noviembre de 2017 se anunció la liberación del exdirigente estudiantil Yon Goicoechea. Lo que en un principio fue una manifestación de alegría pronto se convirtió en indignación y sorpresa. Apenas tenía pocos días libre cuando el joven político renunció a Voluntad Popular para postularse en las elecciones municipales de ese año para la Alcaldía de El Hatillo. 

Aunque Goicoechea negó en varias entrevistas que su candidatura haya sido promovida por el oficialismo a cambio de su libertad, sí admitió que en los días previos a su salida sostuvo reuniones con actores políticos que intercedieron por él. “Al final se presentaron dos opciones: que yo me fuera del país o que me quedara a participar en estas elecciones como lo estoy haciendo”, dijo en una ocasión.

El caso de Goicoechea se asemeja al de varios dirigentes que actualmente se postulan para las elecciones regionales del 21 de noviembre de 2021. Diputados en el exilio, activistas en la clandestinidad y ex presos políticos hoy se apartan de la línea del gobierno interino de no participar por la falta de garantías electorales. Uno de los más sonados es el propio Ceballos, quien desacatando la posición de su partido VP, aspira a la Gobernación de Táchira.

Daniel Ceballos. Foto: Cortesía

Para Daniels el hecho de que antiguos disidentes perseguidos sean candidatos le permite al régimen fracturar aún más a la oposición y hacer creer que existe pluralidad política en el país. “No me extrañaría que hubiera algunos casos donde la coacción sea la forma de hacer que estas personas se lancen para mostrar lo que al gobierno le interesa, que es que en Venezuela hay diversidad y una oposición que se postula sin problemas”, razona.

Añade que el régimen no mantiene una única estrategia de cara a las regionales, siendo la postulación de candidatos fuera de la unidad tan solo una de sus herramientas. Así, en caso de que no se llegue a un consenso en México, todavía quedarán candidatos contra los cuales escenificar unos comicios competitivos. «Independientemente de que haya o no un acuerdo para restaurar los partidos a sus líderes naturales, ya se está viendo que hay individualidades opositores que van a postularse”, apunta.

Camino hacia la paz

El director de Acceso a la Justicia no descarta que, de resultar todo bien, se anuncie una amnistía general a los presos políticos. Pero tampoco deposita todas sus esperanzas en ello. Aclara, en primer lugar, que el régimen de Maduro nunca ha hecho una liberación de todos sus detenidos, ni siquiera con el indulto de agosto de 2020. Además, advierte que eso no garantiza que en el futuro no vayan a haber más arrestos arbitrarios.

No estoy descubriendo el agua tibia si digo que la oposición está muy débil. El gobierno se ha afianzado y a partir de esas realidades no se puede ser ambiciosos en los requerimientos de la negociación”, aterriza.

Pese a que los antecedentes de los diálogos previos no generan altas expectativas de la reunión en México, Daniels espera que siga por buen camino. Indica que el reconocimiento mutuo de las partes es fundamental para el avance hacia un acuerdo que permita al país superar el conflicto en el que lleva años inmerso.

“En Venezuela no habrá paz mientras haya presos políticos y no habrá paz mientras no haya un acuerdo político que incluya a todos. Que se reconozca a la oposición su derecho a ser oposición, y a los venezolanos de votar por quienes quieran votar”, apunta.

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