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- Marino Alvarado, activista de la ONG Provea, aseguró que la excarcelación del exsindicalista ferrominero no fue un acto de justicia por diversos motivos, lo cual es cierto según el proceso de verificación realizado por el equipo de Cotejo.info. Cuando tenía ocho años preso, Rodney Álvarez denunció que fue forzado a declararse culpable para cerrar el caso y así tener libertad bajo medidas cautelares
El 15 de abril de 2022, a horas de la liberación bajo medidas cautelares del extrabajador ferrominero Rodney Álvarez, el activista de la ONG Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Marino Alvarado, expresó en la red social Twitter que: “La excarcelación de Rodney Álvarez no es un acto de justicia”.
La ex cacelación de #RodneyAlvarez no es un acto de justicia. La injusticia continúa al no otorgarle libertad plena. 10 años con un proceso judicial viciado de irregularidades, víctima de la administración de justicia chavista/Madurista
— Marino Alvarado B (@marinoalvarado) April 15, 2022
El defensor de Derechos Humanos agregó que tras casi 11 años preso, el trabajador estuvo sometido a incontables padecimientos que le causaron graves daños y perjuicios. Además, subrayó que se le liberó por la presión de organizaciones sociales en espacios internacionales.
Ante esto, el equipo de Cotejo.info revisó el proceso judicial desde su detención, lo publicado en medios de comunicación, lo expuesto por organizaciones internacionales que documentaron su caso y entrevistó a expertos en derecho, con el propósito de verificar la afirmación de Alvarado. El calificativo asignado es que se trata de una verdad.
¿Quién es Rodney Álvarez y qué pasó el 9 de junio de 2011?
Rodney Álvarez era un trabajador de la extractora de mineral de hierro, Ferrominera Orinoco, detenido en junio de 2011.
Fue acusado del asesinato del obrero Renny Rojas (militante del PSUV) en los portones de la estatal, durante una asamblea de trabajadores para escoger el comité electoral de los comicios del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera (Sintraferrominera).
Álvarez apoyaba al grupo sindical del presidente de Sintraferrominera, Rubén González, líder independiente contrario al sindicato oficialista que era adepto al gobierno del entonces presidente, Hugo Chávez.
El 9 de junio, día del asesinato, Álvarez era desconocido en el mundo sindical y nadie lo vinculaba con el asesinato después de los disparos. Según el medio regional, Correo del Caroní (presente ese día en el portón), esa mañana los trabajadores que asistieron a la estatal señalaban a Héctor Maicán, un trabajador ferrominero afiliado al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), como el presunto asesino.
Maicán fue detenido y presentado en el Tribunal Cuarto. Le imputaron el delito de homicidio calificado por motivos fútiles e innobles, pero el Tribunal Segundo de Control otorgó medida cautelar de libertad con régimen de presentación cada 30 días. “El juez que llevaba el caso desestimó el homicidio calificado por motivos fútiles e innobles que formuló la Fiscalía contra Maicán, y precalificó los delitos de porte ilícito de armas y lesiones leves”, reseñó Correo del Caroní.
Días más tarde, el 17 de junio, Álvarez fue detenido en Ciudad Piar y trasladado a Caracas. Desde ese momento pasó más de una década preso sin ninguna sentencia. Después de casi 11 años, lo liberaron el 15 de abril. Una vez que el fiscal titular noveno nacional, Regino Cova, solicitara una revisión de la medida privativa preventiva de libertad por una de libertad plena ya que Álvarez había cumplido desde su detención “un 83 % de la pena mínima a imponer”.
Sin garantías de un proceso justo
De acuerdo con el Código Orgánico Procesal Penal (en sus artículos 356, 309, 325) la audiencia de presentación, preliminar y la apertura de juicio no debería sobrepasar de un periodo de 90 días hábiles, con máximo un diferimiento de audiencia. Pero en el caso de Álvarez no fue así.
Álvarez sufrió más de 25 diferimientos de audiencia y más de seis suspensiones de juicio por cambios de juez durante los tramos finales del proceso, manteniéndolo en un limbo judicial que no lo absolvía de los cargos pese a las escasas pruebas.
El abogado y director de Acceso a la Justicia, Alí Daniels, explicó que el caso de Álvarez es una injusticia porque salió de prisión después de 10 años preso sin garantías de un proceso justo. “Justicia sería si hubiesen condenado al verdadero autor de la muerte”, declaró vía telefónica al equipo de Cotejo.Info.
El experto recalcó -durante la entrevista realizada por el autor de este reportaje el 28 de abril de 2022, a las 12:00 pm- que la liberación no ha sido absolutoria, sino por haber cumplido un porcentaje importante de la pena, lo que tampoco representa una medida que defina a Álvarez como inocente.
De acuerdo con Daniels, si en Venezuela hubiese justicia, se debería: declarar la medida absolutoria, una declaración de responsabilidad del Estado por enjuiciar a una persona inocente y una reparación de tipo monetaria para compensar los años presos.
Nula independencia y retardo procesal
En Venezuela, la justicia es utilizada con fines políticos. Los presos detenidos por causas políticas sufren de peor forma la nula independencia de poderes.
El Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Independencia del sistema de justicia y acceso a la justicia documentó que la independencia del sistema de justicia estaba socavada debido a:
- La inseguridad en la titularidad de jueces y fiscales.
- La escasa transparencia en los procesos de designación.
- La relación existente entre los miembros del Tribunal Supremo de Justicia con el gobierno y el PSUV.
“Esta situación impide que el poder judicial ejerza su función clave como un actor independiente en la protección de los derechos humanos y contribuye a generar impunidad y la persistencia de violaciones de estos derechos”, expusieron textualmente en las conclusiones del informe.
Esto fue denunciado en un momento por Álvarez, cuando en julio de 2019 manifestó, en una carta, la falta de independencia judicial y que estaba siendo forzado a declararse culpable.
“En la última audiencia, el secretario del tribunal de la causa frente a mi defensa, me dijo de manera alterada y con desesperación: “Hasta cuándo Rodney, qué esperas tú, o es que no quieres estar con tu familia, a ti, te abandono tu sindicato, tu primera defensa, decide hasta cuándo con esto, vale, nosotros estamos claro que tú eres inocente, que el asesino es Maicán, pero la orden es que tú asumas los cargos y nosotros inmediatamente te damos un beneficio de libertad condicional bajo presentación, ya te falta poco, ya con ocho años que llevas, solo quedarás bajo presentación. De lo contrario te pudrirás aquí”, denunció Álvarez en el escrito, donde afirmaba se declaraba en rebeldía y que no asistiría más a tribunales.
La OIT recomendó su liberación
Además de lo antes señalado, los informes de investigación internacionales no fueron garantía de una liberación o una medida reparatoria a favor de Álvarez. Su caso llegó a instancias internacionales en 2019. La Comisión de Encuestas, el órgano de investigación más importante de la Organización Internacional del Trabajo, documentó las múltiples violaciones al debido proceso y el retardo procesal que sufrió el exferrominero y otros dirigentes sindicales contrarios al oficialismo.
En su informe detallaron que “desde el comienzo el caso había sufrido de retraso procesal, las audiencias diferidas constantemente y no se habían respetado las garantías constitucionales, como el debido proceso, la presunción de inocencia y la tutela judicial”.
“La Comisión expresa su profunda preocupación ante el encarcelamiento de un dirigente sindical durante ocho años sin que se haya demostrado su culpabilidad y en ausencia total de justificación por parte del Gobierno de las pruebas que condujeron a la Fiscalía a hacer las imputaciones de las que es objeto el señor Álvarez”.
La Comisión de Encuestas señaló que su prisión sin sentencia era un atentado contra el debido proceso y un acto violatorio contra la libertad sindical. “Mantener procesos penales relacionados con el ejercicio de actividades sindicales abiertos durante varios años, además en condiciones de suma precariedad y peligrosidad, representa una gravísima vulneración de las garantías de la libertad sindical”, expusieron.
Para finalizar, en el informe recomendaron la liberación inmediata de Rodney Álvarez y el cese a las medidas de hostigamiento contra líderes sindicales.
Ante todo lo recabado por organizaciones internacionales y la prensa, aunado al análisis del caso realizado por especialistas, el equipo de Cotejo.Info concluyó en que la afirmación de Marino Alvarado es verdadera y que el proceso bajo el que fue sometido Álvarez fue injusto y violatorio del debido proceso y sus derechos humanos.
