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- La excarcelación se produjo en medio de los alivios de sanciones de EE UU y las reuniones en Barbados. Foto principal: EFE
La noche del miércoles 18 de octubre anunciaron las liberaciones de los presos políticos Roland Carreño, Juan Requesens, Marco Garcés, Eurinel Rincón y Mariana Barreto en medio de las negociaciones del régimen de Nicolás Maduro con la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).
Las liberaciones son las primeras que se producen tras los acuerdos firmados el martes 17 de octubre, en Barbados, entre la oposición y el régimen de Maduro, que encaminan a una ruta para la liberación de los casi 300 civiles y militares detenidos por razones políticas.
Así fue el proceso judicial de cada uno de los cinco presos políticos liberados:
Juan Requesens
Desde el 28 de agosto de 2020, el dirigente de Primero Justicia cumplía casa por cárcel. Sin embargo, en agosto de 2022 anunciaron que fue condenado a 8 años de prisión.
Su excarcelación se materializó minutos después de que Gerardo Blyde, representante de la PUD en las negociaciones con el régimen, publicó una lista de cinco presos políticos que serían liberados.
Comenzó su carrera política como estudiante universitario, involucrado en movimientos estudiantiles. Así se convirtió en líder de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (UCV).
Requesens fue elegido diputado a la Asamblea Nacional en 2015, representando al estado Táchira. A lo largo de su mandato, se convirtió en un firme defensor de la democracia y un crítico del régimen de Nicolás Maduro.
La lucha de Requesens tuvo un giro el 7 de agosto de 2018, cuando fue arrestado por su supuesta implicación en el atentado con drones contra Maduro. Su detención fue criticada por organizaciones de derechos humanos y gobiernos de varios países, que consideraron su arresto como un acto de represión política.
Roland Carreño
El periodista y dirigente de Voluntad Popular (VP) Roland Carreño también forma parte de los cinco presos políticos liberados tras el acuerdo en Barbados.
Carreño fue detenido el 26 de octubre de 2020 acusado por el régimen de portar armas para “promover acciones violentas”. Por el hecho se le imputaron los delitos de financiamiento al terrorismo, conspiración contra la forma política y tráfico ilícito de armas de guerra.
El fiscal general del régimen, Tarek William Saab, dijo entonces que Carreño era el “principal” financiador de VP y que al momento de su detención llevaba consigo 12 mil dólares en efectivo como parte de supuestos actos de “conspiración”.
Carreño posee una larga trayectoria en los medios de comunicación venezolanos y fue presentador durante varios años del canal de televisión local Globovisión.
Marco Garcés
El estudiante universitario fue detenido en 2020 tras supuestamente estar en un vehículo con un ex marine estadounidense.
Sus familiares denunciaron que Garcés fue víctima de torturas mientras estuvo bajo custodia de funcionarios del régimen venezolano.
Organizaciones de derechos humanos también alegaron que la encarcelación de Marco Garcés se debía a razones políticas.
Mariana Barreto
Mariana Barreto detenida tras protestar en 2019 por irregularidades en el suministro de gasolina en el oeste del estado Trujillo.
El caso de Barreto fue criticado en las redes sociales. Diversas organizaciones coinciden en que los cuerpos de seguridad cometen actos represivos contra quienes denuncian irregularidades del régimen de Nicolás Maduro.
Así lo destacó un reciente informe del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el que se destacó la preocupación sobre las represalias que sufren los defensores de derechos en Venezuela.
Eurinel Rincón
Eurinel Rincón era secretaria en el Ministerio de Defensa y fue imputada en 2021 por “traición a la patria” y fuga de información tras aparecer en una foto con un dirigente opositor.
En Venezuela, el delito de traición a la patria ha sido ampliamente criticado por organizaciones de derechos humanos y la comunidad internacional debido a su uso político para reprimir.
Defensores de derechos humanos han denunciado la interpretación e imputación selectiva de este delito por parte del régimen de Maduro.
En varias ocasiones, se ha utilizado para procesar y encarcelar a opositores políticos, periodistas y disidentes, bajo acusaciones de conspirar contra el gobierno o de participar en actos que según perjudican la estabilidad del Estado.
Estos cargos son considerados una herramienta de persecución política, ya que a menudo carecen de pruebas sólidas y son utilizados para silenciar a la oposición.
