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- Luego de registrarse motines carcelarios y diferentes actos de violencia en nueve provincias del país, el presidente Daniel Noboa firmó un decreto de estado de excepción. Ordenó neutralizar a 22 bandas delictivas responsables, entre otros hechos, de la toma de un canal de televisión
La ola de violencia que sufre Ecuador alcanzó su pico el 9 de enero, cuando el presidente Daniel Noboa declaró al país en “conflicto armado interno” contra los grupos del crimen organizado. Por eso firmó un decreto de estado de excepción, que incluye un toque de queda nocturno por 60 días. Esto mientras se realiza en todo el país un gran operativo militar y policial.
En el decreto, identifica a una serie de bandas delictivas, a las que el gobierno consideró como “organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes”. Con esto se ordenó a las Fuerzas Armadas y los cuerpos policiales ejecutar operaciones especiales para desarticularlas y neutralizar a sus miembros, aunque apegados al derecho internacional humanitario.
Entre las 22 organizaciones criminales señaladas en el decreto están: Los Águilas, Águilas Killer, AK47, Caballeros Oscuros, Los Choneros, Los Covicheros, Chone Killers, Cuartel de las Feas, Los Cubanos, Latin Kings, Mafia 18, Los Lobos, Mafia Trébol, Patrones, R7, Los Tiguerones, entre otros. En los últimos años, varios de estos grupos han dirigido el narcotráfico en el país, además de perpetrar asesinatos y atentados con explosivos en ciudades como Guayaquil, Quito, Durán, Manta y Quevedo.
Motines
El detonante del decreto vino tras una serie de motines en las cárceles del país. El conflicto inició el 7 de enero luego de que el líder de la banda Los Choneros, Adolfo Macías Villamar, alias Fito, se escapó de su celda en la cárcel regional de Guayaquil. En ese momento el presidente Noboa se trasladó a esa ciudad para reunirse con el Consejo de Seguridad Pública y del Estado.
Días antes, el 5 de enero, las autoridades habían capturado en Quito a Fabricio Colón Pico, alias El Salvaje. El líder de Los Lobos había amenazado de muerte a la fiscal general de Ecuador, Diana Salazar. La suma de ambas noticias provocó una serie de atentados en la calle, así como motines en seis cárceles del país. Entre ellas El Inca, Machala, Loja, Cuenca, Riobamba y Latacunga.
Precisamente en Riobamba, durante un motín el 8 de enero, Colón Pico se fugó junto a otros 38 presos. Aunque 14 de ellos fueron posteriormente recapturados. La situación generó un clima de pánico en las calles, donde se registraron más de 30 atentados y actos de vandalismo en nueve provincias. Principalmente varias explosiones, disparos contra locales y carros bomba. También se reportó el secuestro de al menos siete policías en la calle, así como ataques a comisarías.
El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) informó que hay 125 guardias penitenciarios y 14 funcionarios administrativos retenidos en las cárceles de cinco ciudades. En redes sociales, los reos amenazaron con asesinar a los rehenes si el gobierno no suspendía su operativo especial. Aunque las autoridades no se han pronunciado al respecto, desde la firma del decreto han circulado en Internet al menos dos videos de funcionarios ejecutados por los reclusos amotinados.
Toma del canal
Luego de que se conociera la intención del gobierno de declarar estado de excepción, la violencia callejera se intensificó. El 9 de enero, un grupo de hombres armados y con capuchas tomó las instalaciones del canal TC Televisión, en Guayaquil. Durante la transmisión en vivo se pudo ver a los delincuentes someter a los periodistas y trabajadores de la planta, quienes fueron acostados justamente en el set, frente a las cámaras.
Entre amenazas con explosivos, uno de los sujetos con un arma larga golpeó a un empleado del canal y exclamó: “Para que sepa que no se deben jugar con las mafias”. Posteriormente obligaron a uno de los presentadores a solicitar a la policía que se retire de las calles. En videos subidos a redes sociales, otros trabajadores también fueron forzados a hacer la misma petición. Posteriormente se escucharon disparos en el estudio y la señal del canal se cayó.
La situación de rehenes duró aproximadamente dos horas antes de que la Policía Nacional de Ecuador lograra recuperar el control del edificio. En su cuenta de X (antes Twitter), el organismo indicó que 13 personas fueron detenidas, presumiblemente miembros de la banda Los Tiguerones. También se rescató a todo el personal del canal, aunque de forma extraoficial se reportó al menos dos periodistas heridos.
Clases suspendidas
En paralelo a la toma de TC Televisión, otro hecho irregular se produjo en la Universidad de Guayaquil. En redes sociales, se compartieron videos en los que estudiantes y profesores escapaban ante la aparente llegada de delincuentes, mientras otros se refugiaban en los salones bloqueando las puertas con pupitres.
El campus fue evacuado y la universidad publicó un comunicado en el que suspendió las clases presenciales debido al decreto de estado de excepción. En el texto solo se informa que tanto las clases como el trabajo administrativo se realizarán desde casa. No hubo ninguna mención de un presunto asalto por delincuentes, por lo que se cree que pudo ser un acto de pánico colectivo.
La Universidad Técnica Estatal de Quevedo también fue desalojada luego de que se escucharan alarmas por la situación de violencia en las calles. Aunque ya gran parte de las instituciones educativas habían decidido suspender sus actividades por cuenta propia, el Ministerio de Educación dispuso de una modalidad de clases no presenciales hasta el 12 de enero en todo el país.
Tensa calma
En la capital, Quito, la situación también es tensa. Tras la firma del decreto de estado de excepción, la Policía Nacional de Ecuador ordenó la evacuación del palacio presidencial de Carondelet. Por su parte, la presencia policial se intensificó en las calles y se desplegaron militares en espacios estratégicos como el metro o el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre.
El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, exigió al gobierno extender la militarización a otros espacios como infraestructura eléctrica, sistemas de transporte y edificios gubernamentales. Pidió además “toda la protección del Estado, del gobierno y de sus fuerzas de seguridad para precautelar el derecho a la vida”.
En el mercado Ipiales, en el casco colonial de Quito, los comerciantes cerraron sus tiendas al mediodía. Lo mismo pasó en el centro comercial El Jardín, donde los propietarios recibieron amenazas de presuntos asaltantes. Esto ante los rumores de saqueos instigados por las bandas criminales en las ciudades afectadas.
Durante la medianoche del 8 de enero, un artefacto explosivo detonó cerca de la casa del presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela Rodas. El incidente no dejó heridos, aunque se reforzó su anillo de seguridad y el de otros magistrados. Al norte de Quito, también se mantienen las operaciones para retomar el control de la cárcel El Inca, donde se registró un incendio tras un motín.
En auge
En los últimos dos años los índices de inseguridad en Ecuador crecieron exponencialmente. El país cerró 2023 como el año más violento de su historia, con 7.592 muertes violentas. También se dispararon las tasas de secuestros, extorsiones y muertes violentas de menores de edad. Esto mientras se convierte en un importante enclave para el narcotráfico.
De acuerdo con el portal Newtral, desde la década del 2000 varias pandillas callejeras como Latin Kings o Los Ñetas tuvieron su auge, aunque se mantuvieron bajo perfil tras un plan de legalización durante el gobierno de Rafael Correa. Sin embargo, en los últimos años el cartel de Sinaloa y otros grupos delictivos fueron estableciendo operaciones en Ecuador, fortaleciendo a las bandas locales, que se organizaron en mafias grandes, como en el caso de Los Choneros.
A partir de 2021 estalló una guerra de pandillas por el dominio en las cárceles y en las rutas de narcotráfico. Posteriormente esta lucha pasó a las calles por el control de territorios, haciendo que Ecuador pasara de registrar 5 muertes violentas por cada 100.000 habitantes en 2017, a más de 40 en 2023.
Ya para 2022, el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado reportó en un informe que seis bandas delictivas habían logrado expandirse hasta tener presencia en 20 provincias. Estas son: Los Choneros, Tiguerones, Los Lobos, Lagartos, Chone Killers y Latin Kings. Todas están mencionadas en el decreto de Noboa, mientras el resto son organizaciones más pequeñas, muchas aliadas de los seis principales.
Fuera de control
La crisis de violencia en Ecuador tuvo su origen con el asesinato de Jorge Luis Zambrano González, alias Rasquiña, el 28 de diciembre de 2020. Era el líder de Los Choneros, grupo con más de 14.000 miembros y 25 años de actividad. Rasquiña fue sucedido por Fito, quien desde 2013 cumplía una condena de 34 años de prisión por crimen organizado, narcotráfico y asesinato. A pesar de esto, el líder criminal dirigía las operaciones de la banda desde la cárcel regional de Guayaquil, donde gozaba de varios privilegios.
La muerte de Zambrano produjo una guerra entre Los Choneros, grupo dominante, con Los ChoneKillers, Los Lobos, Los Pipos y Los Tiguerones, quienes hasta entonces habían sido sus aliados y no reconocieron el liderazgo de Fito. Esto derivó en hechos como la masacre carcelaria del 23 de febrero de 2021, que se desarrolló en varios penales y en la que 79 reos murieron en riñas internas.
Con la llegada al poder de Guillermo Lasso en mayo de 2021, se intentó normalizar la situación en las cárceles con la creación de una Comisión para el Diálogo Penitenciario y Pacificación. Sin embargo, esto no evitó que se cometieran nuevas masacres, además de ataques a civiles como el atentado de Guayaquil de agosto de 2022, en el que murieron cinco personas y 16 resultaron heridas.
También el atentado del 1° de noviembre de 2022. Ocurrió en las provincias de Guayaquil y Esmeraldas, y consistió en una serie de ataques coordinados con coches bomba y explosivos contra varios edificios públicos. Además de saqueos y una balacera en el centro comercial El Paseo Shopping de Durán. El atentado dejó cinco muertos y el presidente Lasso ordenó un estado de excepción con 21 horas de toque de queda.
Contra el poder
Durante el gobierno de Lasso aumentaron los ataques contra funcionarios públicos y periodistas por parte de las bandas criminales. Esto incluyó atentados contra políticos en elecciones que habían prometido frenar la delincuencia, o que se negaron a aceptar la extorsión de sus líderes.
Por ejemplo, el 4 de febrero de 2023, Omar Menéndez, candidato a la Alcaldía de Puerto López, fue asesinado la noche antes de las elecciones seccionales de su municipio. Días después, la caravana del alcalde electo de Durán, Luis Chorrillo, recibió varios disparos mientras se dirigía a su acto de proclamación, aunque el dirigente resultó ileso. Otros cuatro candidatos a diferentes cargos de elección popular fueron asesinados en circunstancias similares.
Sin embargo, el caso más emblemático fue el del candidato presidencial Fernando Villavicencio, quien fue asesinado de varios disparos el 9 de agosto, cuando salía de un mitin en Quito. Durante la campaña también se registraron balaceras cerca de actos de otros candidatos como Otto Sonnenholzner y el propio Daniel Noboa, mientras el dirigente correísta Pedro Briones fue asesinado el 14 de agosto en Esmeraldas.
