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- La campaña del presidente ha solicitado un recuento en el estado de Wisconsin y ha presentado docenas de juicios en estados de campo de batalla, pero los expertos advierten que resulta una investigación política sin méritos
Es improbable que un presidente en ejercicio pierda las elecciones de Estados Unidos —no pasaba desde hace 28 años con la victoria del gobernador demócrata Bill Clinton quien le arrebató el cargo al republicano George H. W. Bush en 1992— pero lo que nunca había ocurrido es que un mandatario se niegue a reconocer la derrota. Tampoco antes había gobernado un antisistema como lo es Donald Trump. En este momento no está en riesgo la presidencia, sino la institucionalidad del país.
Estados Unidos es un país lleno de tradiciones y formalidades que a pesar de la polarización política tiene un protocolo a seguir en la transición presidencial. En 1933 se estableció que el 3 de enero inicia un nuevo Congreso y el 20 de enero se inviste al nuevo presidente, de acuerdo con la enmienda XX de la Constitución.
Una vez se reconoce el resultado electoral, la Administración de Servicios Generales (GSA, por sus siglas en inglés) libera los 9.900.000 de dólares para el equipo de transición, que incluye 6.300.0000 de dólares para la administración electa, 1.000.000 de dólares para el entrenamiento y orientación del personal y 2.600.000 de dólares para servicios continuos.
Pero en los 70 días que faltan para que llegue el día de la investidura, el presidente Trump ha mostrado su intención de no llevar a cabo una transición pacífica, desconociendo el triunfo del demócrata Joe Biden, alegando una conspiración de fraude electoral generalizado y corrupción por parte de funcionarios electorales demócratas. Tales afirmaciones han sido rechazadas por secretarios de estado tanto demócratas como republicanos.
“Nuestras instituciones están construidas para esto. Contamos con el sistema para considerar las preocupaciones, y el presidente Trump está 100% en su derecho de investigar las denuncias de irregularidades y sopesar sus opciones legales”, agregó.
McConnell es quizás el mayor institucionalista en el Senado, un creyente en la “forma en que se supone que funcionan las cosas”, y consciente de las formas en las que se establecen, se cumplen y se siguen los precedentes.
Los anuncios de los senadores republicanos resultan consensuales, no hablan de fraude pero sí evocan que el presidente está en su derecho de ejercer acciones legales, todo esto pensando en que el próximo 5 de enero habrá segunda vuelta en las elecciones de senadores de Georgia.
“Su partido no lo apoya en cuanto al supuesto fraude, pero sí lo hacen sobre su derecho a ejercer acciones judiciales, las cuales en su mayoría serán desechadas por falta de pruebas”, advierte en entrevista para El Diario Luis De Lion, abogado y experto en Política Internacional.
El federalismo impera en los resultados electorales
El fiscal general, William Barr, dio instrucciones a los fiscales federales para investigar sobre acusaciones de fraude electoral “si las irregularidades son claras y aparentemente creíbles, que de ser ciertas, podrían afectar potencialmente el resultado de las elecciones federales en algún estado en particular“
Barr, quien ha sido durante mucho tiempo blanco de críticas por parte de los demócratas que alegan que ha politizado al Departamento de Justicia, testificó en junio que “no tenía motivos para pensar” que las elecciones de 2020 serían manipuladas.
“Si bien es imperativo que las acusaciones creíbles se aborden de manera oportuna y eficaz, es igualmente imperativo que el personal del Departamento actúe con la precaución adecuada y mantenga el compromiso absoluto del Departamento con la justicia, la neutralidad y el no partidismo”, Barr escribió en un memorando a los fiscales estadounidenses.
“Ustedes son los líderes más importantes del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y confío en que ejerzan gran cuidado y juicio al abordar las denuncias de irregularidades en la tabulación de votos y votaciones. Si bien las acusaciones serias deben manejarse con mucho cuidado, las afirmaciones engañosas, especulativas, fantasiosas o inverosímiles no deben ser una base para iniciar investigaciones federales”.
Luego de esta comunicación, Richard Pilger, director de la División de Crímenes Electorales del Departamento de Justicia desde 2010, renunció en protesta por presiones del fiscal general Barr para lanzar investigaciones federales sobre las elecciones presidenciales.
En ese sentido, es necesario recordar que “las elecciones de EE UU son manejadas por los estados, por cuanto cada investigación tiene que enfocarse en cada estado o inclusive en cada jurisdicción”, señala el profesor de de la Universidad de Iowa.
El 8 de diciembre es la fecha límite que tienen los estados para resolver controversias y disputas sobre las elecciones, incluidos recuentos y demandas, antes de que los miembros del Colegio Electoral se reúnan para votar el 14 de diciembre. La campaña de Trump ha solicitado un recuento en Wisconsin y ha presentado docenas de juicios en estados de campo de batalla.
Desde Wilmington, Biden opinó sobre la negativa de Trump a conceder la carrera presidencial, denunciando las acciones del presidente y sugiriendo que los estadounidenses están “listos para unirse”.
“Bueno, creo que es una vergüenza, francamente”, dijo Biden sobre la insistencia de Trump en que ganó la carrera. “La única cosa que – ¿cómo puedo decir esto con tacto? – Creo que no ayudará al legado del presidente”.
Al haber perdido las elecciones presidenciales, Trump se convierte en un lame duck president (pato cojo), un presidente que solo puede enfocarse en su legado y no en establecer nuevas políticas. El Congreso no podrá aceptar nuevas iniciativas hasta que asuman los nuevos congresistas pero entra el periodo de las midnight actions, acciones de última hora que podrán ser revertidas por el nuevo presidente.
La oficina de presupuesto de la Casa Blanca ha dado instrucciones a las agencias federales para que continúen preparando la propuesta de presupuesto de la administración Trump para el próximo año fiscal, según varios funcionarios de la administración que hablaron bajo condición de anonimato para compartir detalles de conversaciones privadas al diario The Washington Post.
“Es inconcebible que el presidente saliente comience a preparar un futuro presupuesto. No sabemos si esto es otra movida de propaganda para sus votantes o si es el comienzo de una declaración de haber ganado la elección y su propósito de no salir del poder”, aclara Steffen Schmidt profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Iowa.
Recientemente, el Secretario de Estado, Mike Pompeo dijo que “habrá una transición sin problemas para una segunda administración de Trump”, poniendo en entredicho el triunfo de Biden.
Horas antes de la declaración de Pompeo los mandatarios de Canadá (Justin Trudeau), Reino Unido (Boris Johnson), Francia (Emmanuel Macron), y Alemania (Angela Merkel) sostuvieron una primera conferencia con el presidente electo. Para De Lion las declaraciones del Secretario de Estado ocurren como protesta por ello. “En el aspecto internacional ya Trump está bastante aislado”, explica.
¿Riesgo para la transición?
“Trump molesta donde pueda (financiando la transición), jugando a la ilusión de la victoria pero en tres semanas se irá de vacaciones a Florida y todo habrá terminado. Las instituciones seguirán adelante con él o sin él. Creo que no estará presente en la transmisión de poder en enero de 2021,” sentencia.
“La seguridad nacional y los intereses económicos de Estados Unidos dependen de que el gobierno federal indique clara y rápidamente que el gobierno de Estados Unidos respetará la voluntad del pueblo estadounidense y participará en una transferencia de poder pacífica y sin problemas”, dijo un portavoz de la transición Biden-Harris en una declaración.
El retraso en la transición podría afectar el acceso de Biden a información clasificada para los funcionarios de seguridad nacional entrantes; acceso a lugares seguros para debates privados sobre cuestiones de personal, presupuesto y políticas; y acceso a los 6.3 millones de dólares de fondos asignados por el Congreso designados para actividades de transición, espacio de oficina y equipo.
El equipo de Biden podría emprender acciones legales para obligar a la administración de servicios generales a reconocer la transición: “La acción legal es ciertamente una posibilidad. Pero también hay otras opciones que estamos considerando”.
Chris Lu, quien dirigió la transición del presidente Barack Obama en 2008, dijo: “La estrecha cooperación entre las administraciones saliente y entrante es siempre importante, pero es especialmente crítica cuando el país enfrenta una crisis de salud pública y una recesión económica. Es hora de que Donald Trump ponga el interés nacional por encima de su interés político”, agregó.
Lo que sí se puede determinar
Biden supera por 214.000 votos (aún están contando papeletas) si se suman los tres estados con más controversia: Michigan, Pennsylvania y Wisconsin a Trump, esta ventaja es la que le permite sin miramientos declarar al candidato demócrata frente a la reelección del republicano, recibiendo un total de 306 de los 270 votos del colegio electoral.
En 2016, Trump obtuvo el respaldo de estos mismos tres estados por una suma de 77 mil votos más que su contendiente política: la senadora demócrata Hillary Clinton, quien esa misma noche electoral le concedió el triunfo.
“Hay muy pocos ejemplos de corrupción o de violaciones de procedimientos de votación o de contar y reportar los resultados correctamente. Es posible lanzar investigaciones por razones netamente políticas sin méritos legales. El régimen Trump está persiguiendo investigaciones sin mérito“, acota Schmidt.
El equipo del presidente no puede simplemente descartar los votos en un estado, las leyes son claras y las cortes deberían llegar a fallos solamente de acuerdo con las normas de cada estado.
“No es suficiente demostrar el fraude electoral. El estándar es el fraude electoral hasta un punto que arroja dudas sobre la elección. Ese estándar significa el margen del voto si se prueba específicamente o el margen del voto + margen de votos no emitidos en esa carrera“, asegura el abogado Gabriel Malor.
En este momento en Michigan, Biden supera a Trump por 146.137 votos. Si los republicanos encuentran 50.000 votos fraudulentos en Michigan, el demócrata aún lideraría por 96.137 votos.
37.706 personas optaron por no participar en las elecciones presidenciales en Michigan, por lo que los abogados del presidente tienen que encontrar 146.137 votos que están 100% seguros de que fueron emitidos de manera fraudulenta en la carrera presidencial o tienen que encontrar 183.843 votos totales fraudulentos porque no se le permite preguntar a nadie cómo votaron. Y eso es solo Michigan. Si probaban eso, restarían 16 votos electorales a Biden. Suponiendo que Biden tenga a Georgia, todavía tiene más de 270.
Demandas en estados pendulares
El equipo legal de Trump ha interpuesto varias demandas en los estados pendulares que le estarían dando la victoria a Biden: en Pennsylvania plantea reclamos sobre el debido proceso, la igualdad de protección y la cláusula de los electores y se basa en dos quejas específicas sobre los procedimientos del estado: el impedimento a los observadores de presenciar de manera significativa el conteo previo al escrutinio, el conteo y la totalización por correo; además denuncian que las juntas electorales demócratas permitieron a los votantes enmendar las malas papeletas antes del día de las elecciones, mientras que otros condados no lo hicieron
En Michigan el equipo de campaña de Trump reclama que no les dieron suficiente acceso para observar el conteo de votos, en Georgia denuncian que presenciaron la incorporación ilegal de papeletas fuera del tiempo permitido; mientras que en Nevada aseguran que unos 10.000 papeletas fueron ilegalmente enviadas por personas que no viven en la entidad.
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