• El Centro de Justicia y Paz (Cepaz) publicó su monitoreo mensual sobre los patrones que utiliza el régimen de Nicolás Maduro para perseguir y criminalizar a la disidencia. Destacó las inhabilitaciones políticas en el contexto de las elecciones para la Gobernación de Barinas

17 casos de persecución y criminalización contra trabajadores de la comunicación y personeros políticos se registraron en diciembre de 2021 por parte del régimen de Nicolás Maduro. Así lo documentó el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) en su más reciente informe.

Estos casos de persecución y de criminalización, de acuerdo con la ONG, forman parte de un patrón del régimen. Las acciones, detallaron, ocurrieron de forma sistemática y reiterada durante 2021. Estos patrones son: dos cierres de emisoras de radio, tres actos de amenazas u hostigamiento, cuatro programas de radio fueron censurados, tres inhabilitaciones políticas, cuatro detenciones arbitrarias y un bloqueo de una página web.

Contra el periodismo

Del total de casos, Cepaz identificó 10 contra trabajadores de la comunicación y siete contra políticos. En el primer caso, citan el cierre de dos emisoras de radio. Estas, a pesar de que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) alegó que se debía al vencimiento de la concesión, coincide con el hecho de que la emisora es propiedad de Carlos Barrios, periodista y alcalde del municipio Ospino, estado Portuguesa. Barros, identificado con la oposición, calificó el hecho como un acto de represalia política.

Asimismo, documentó el cierre de cuatro programas de radio, tres de ellos de la misma emisora, “cuyos directivos fueron obligados por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones a sacar varios programas de su parrilla por ser contrarios a los intereses” del régimen de Maduro. También por motivos políticos, según Cepaz, cerraron el cuarto programa de radio, que era conducido por el excandidato opositor a la gobernación de Barinas Freddy Superlano.

También identificaron dos detenciones arbitrarias a un periodista y su motorizado mientras hacían un reportaje. Y pudo documentar un acto de amenaza y hostigamiento contra otro comunicador que fue víctima de la presencia de funcionarios de seguridad armados en su residencia. Por último, reseñaron el bloqueo de la página web de un medio de noticias.

El régimen chavista empezó el año 2022 en esa misma línea. El miércoles 19 de enero, Diosdado Cabello atacó a varios periodistas a través del canal del Estado Venezolana de Televisión (VTV). “Se buscan por ladrones todos”, comentó Cabello al mostrar en las cámaras de VTV las imágenes impresas de los afiches en los que mencionaba a los periodistas Luis Carlos Díaz, Naky Soto, Carla Angola y Rafael Poleo, entre otros. También incluyó a dirigentes opositores como Juan Guaidó, Freddy Guevara, Tomás Guanipa, Miguel Pizarro, Stalin González, entre otros.

Metodología del monitoreo

Cepaz recoge los datos a través de la recopilación de publicaciones compartidas por las fuentes de información digital nacionales e internacionales, y denuncias que llegan directamente a su portal de denuncias. El monitoreo se realizó desde el 1º de diciembre de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021.

Señalan que la metodología busca identificar patrones de persecución y de criminalización que han documentado desde el año 2014.

“La documentación de los casos constituye un subregistro, y por tanto no necesariamente representa la totalidad de actos de persecución y criminalización ocurridos durante el mes de diciembre, pero sí es una muestra significativa para demostrar la existencia de un patrón de persecución, criminalización y ejercicio del control por parte de quienes hoy detentan el poder”, aseveran desde la ONG

Contra los políticos

La ONG documentó siete actos de persecución contra personeros políticos. Entre ellos, una amenaza colectiva en la que no pudieron determinar la cantidad de víctimas.

“Como parte de esta acción, Nicolás Maduro advirtió que tomará medidas ejemplarizantes contra los dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) que dividieron a la población en las pasadas elecciones regionales. Esta acción constituye un acto de persecución política que viola las libertades de pensamiento y expresión”, destacan los investigadores de Cepaz.

El segundo acto de amenaza que reseña en su reporte mensual se ejecutó contra el rector del Consejo Nacional Electoral (CNE) Roberto Picón. Este fue intimidado por Diosdado Cabello de interponer una denuncia, ya que las recomendaciones hechas por el rector como parte de su trabajo han sido consideradas como un ataque al régimen chavista.

Roberto Picón, rector del CNE. Foto: EFE/RAYNER PEÑA R.

Por otra parte, observaron dos detenciones arbitrarias que involucran al hermano del excandidato opositor a la alcaldía del municipio Arismendi del estado Sucre, José Lunar, y su chofer.

“El dirigente político afirmó que se trata de una retaliación por impugnar los resultados de las pasadas elecciones regionales”, señala la ONG.

El patrón de las inhabilitaciones

Durante diciembre de 2021, Cepaz resaltó tres inhabilitaciones políticas, todas en el marco de la repetición de las elecciones para la Gobernación de Barinas. Las víctimas fueron Aurora Silva de Superlano, Aldemaro Sanoja y Julio César Reyes, candidatos propuestos por la oposición.

“La inhabilitación política ha sido un patrón de sanción discrecional que se acentúa en contextos electorales en Venezuela. El mes de noviembre y diciembre, en el marco de la celebración de las elecciones regionales y municipales, no fue la excepción”, señalan.

Añadieron que el régimen de Maduro, a través de la Contraloría General de la República, utilizó las inhabilitaciones para evitar el ejercicio de cargos públicos de los principales dirigentes políticos no solo de la oposición, sino también “de aquellos que siendo progobierno han sido considerados enemigos por postular candidaturas propias”.

De acuerdo con Cepaz, estas inhabilitaciones ocurren en un contexto de persecución, “con el objetivo de acabar con el pluralismo político en Venezuela y perpetuar el gobierno de Nicolás Maduro. Lejos de ser una sanción legítima se trata de un acto arbitrario y, por tanto, violatorio de los derechos políticos establecidos en la Constitución Nacional y en los distintos instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos”.

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