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- El director de Espacio Público, Carlos Correa, señala que el Estado despliega una persecución sostenida contra las emisoras en las regiones. Luisa Torrealba, investigadora del Ininco, llama la atención sobre la opacidad en el estatus del espectro radioeléctrico del país, y denuncia las violaciones al debido proceso y al derecho a la defensa en los procedimientos del ente regulador
A finales de julio, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció el cierre de seis emisoras radiales en el estado Cojedes por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) nada más en julio de 2022.
Las dos últimas emisoras cerradas fueron Luna 95.5 FM e Impacto 91.7 FM. Pero en el mismo mes de julio, el ente regulador clausuró las emisoras Moda 105.1 FM, NEX 100.1 FM, HITS 92.5 FM y Candela 92.9 FM.
La medida es vista por el SNTP, organizaciones no gubernamentales (ONG) e investigadores de la comunicación como parte del patrón de acoso gubernamental.
El 12 de agosto, durante una protesta en Cojedes, Marco Ruíz, secretario general del SNTP, denunció que, con el cierre de emisoras, 60 personas se quedaron sin trabajo en la entidad.
Ruíz y el resto de los manifestantes entregaron una carta en la sede regional de la Defensoría del Pueblo en la que pidieron su mediación para que cese el ataque a los medios de comunidad en Cojedes. A su vez, exigieron respeto por la libertad de prensa y el derecho al trabajo de quienes se desempeñan en distintas áreas dentro de los medios de comunicación.
En los siete primeros meses de 2022, Conatel clausuró 12 emisoras de radio. Además de las emisoras de Cojedes, las medidas del organismo han recaído sobre Éxitos 90.5 FM y Calle 98.5 FM, en el estado Guárico; Activa 89.3 FM, en Anzoátegui; Topacio 101.5 FM, en Barinas; Triunfo 99.3 FM en portuguesa y Mix 98.3 FM, en el estado Yaracuy.
Carlos Correa, director de Espacio Público, indica que, de forma regular, Conatel despliega una política represiva para el cierre de emisoras de radio. Asevera que una de las vías empleadas por el ente regulador es lo que se denomina “exhortos”, de los cuales no hay evidencia sino cuando un programa es sacado del aire, muchas veces son escritos, pero la mayoría de las veces se hacen a través de llamadas telefónicas.
En tal sentido, refiere Correa, los exhortos son una suerte de advertencia, pero es un mecanismo que está establecido en la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión (Ley Resorte).
“En algunas ocasiones nos enteramos por qué sacan un programa de radio del aire, otras veces no, porque allí hay muchísimo miedo. No te dicen qué pasó y es muy difícil para nosotros documentar estos casos”, señala el director de la ONG.
El otro mecanismo de persecución es el cierre de las emisoras de radio. En este sentido, Carlos Correa afirma que la gran mayoría de las emisoras, cerca del 80 % (aunque dice que este dato es variable), no tienen la titulación en regla.
“Lo que nos dice la gente en las emisoras es que la causa de esto no es por la falta de entrega de los documentos, sino porque Conatel no responde. Entonces, tienes una emisora que está operando y que en su proceso de titulación ha entregado los documentos y no los tiene, entonces tiene otro componente de vulnerabilidad y es que no tiene un permiso renovado. Eso genera mayor inestabilidad y que sean más susceptibles a la presión de una llamada telefónica”, expresa.
Opacidad manifiesta
Luisa Torrealba, profesora e investigadora del Instituto de Investigaciones de la Comunicación (Ininco), expresa que ha habido mucha opacidad con respecto al espectro radioeléctrico.
En ese sentido, asevera, resulta cuesta arriba precisar cuáles son las emisoras que están habilitadas, cuáles han solicitado habilitación y cuáles pidieron renovación.
Torrealba destaca que existe otro patrón de parte de Conatel y es que, cuando una emisora hace una solicitud de una licencia para operar una nueva emisora, queda en espera de que le respondan, pero, mientras tanto, comienzan a aplicarles el cobro de los impuestos de telecomunicaciones. Estos son los impuestos que están establecidos en la Ley Resorte y la Ley de Telecomunicaciones.
“De alguna forma, cuando se comienzan a cobrar esos impuestos de cara al operador, a la emisora de radio o a la televisora, ya se está generando un compromiso. Pongo la metáfora de un crédito bancario, no se comienzas a pagar las cuotas hasta tanto no recibes el préstamo”, refiere.
La investigadora del Ininco sostiene que las emisoras acuden a hacer la solicitud, algunas vuelven a introducir la solicitud y allí hay un silencio.
“Pero, ese silencio actúa como una espada de Damocles que puede ser utilizada en cualquier momento y decir que se está operando ilegalmente”, acota.
En este punto, Carlos Correa, director de Espacio Público, sostiene que “la omisión en la respuesta de las solicitudes es una responsabilidad de Conatel. El espectro está así es por culpa de Conatel que ha incumplido sus obligaciones en la administración del espectro y, paradójicamente, es empleado como un mecanismo de castigo”.
De la misma manera, Luisa Torrealba puntualiza que las medidas represivas contra las emisoras de radio son hechas por Conatel sin que medie el debido proceso y el derecho a la defensa, y aplican una medida cautelar en la que son incautados los equipos de transmisión.
Agrega que, lo indicado sería recibir primero una notificación, y el agraviado tiene el derecho de presentar sus alegatos. Pero, enfatiza la investigadora del Ininco, se produce una especie de decisión anticipada, se incautan los equipos y se imposibilita la continuidad de las transmisiones.
“Al final, la política está orientada a cerrar canales informativos”, expresa.
De la misma manera, Torrealba señala que el caso de Radio Caracas Televisión (RCTV), en 2007, dejó una impronta negativa porque se tomaron los equipos para sacar al aire una televisora oficialista, Tves.
Autocensura radial
Tanto Carlos Correa como Luisa Torreaba aseveran que las medidas de Conatel han generado miedo y autocensura entre los propietarios y los trabajadores del espectro radial.
La investigadora señala que muchas de estas emisoras han dejado de transmitir contenidos informativos para tratar de protegerse de cualquier sanción. Al mismo tiempo, indica, estas emisoras son significativas porque son el contacto más directo con los habitantes de cada localidad o región.
Refiere que los periódicos regionales definían la agenda, pero eso se debilitó, con lo cual revitalizó a las radios. “Los portales en Internet se han debilitado por las fallas eléctricas, el tema del Internet, la conectividad”, acota Correa.
Agrega que las emisoras regionales dependen, en sus pautas publicitarias, de las alcaldías y de las gobernaciones y el debilitamiento de la economía hace que no haya mucha publicidad. Refiere que muchas emisoras se ayudan con la pertenencia a un circuito radial.
Correa coincide con Torrealba en señalar que muchas de las emisoras a las que Conatel les ha dado permiso por ser comunitarias en realidad son comerciales. “Un aspecto paradójico es que muchos gobernantes locales del oficialismo utilizan las emisoras de radio para hacer programas que emulan lo que fue Aló Presidente”, señala la investigadora del Ininco.
El registro de la UE
El director de Espacio Público destaca, por otra parte, que la política de Conatel también fue registrada por la Misión de Observación Electoral (MOE) de la Unión Europea (UE) en Venezuela.
En su informe, difundido en febrero de este año, la UE señaló que los medios de comunicación del papa “sufren duras limitaciones técnicas y financieras”. Al mismo tiempo, puntualizó que los medios prefieren no proporcionar información para “evitar problemas políticos”.
“Los interlocutores de la MOE- UE reportaron autocensura en 21 estados, y el cambio de la línea editorial de algunos medios de comunicación como resultado de presiones políticas en 13 estados”, se indicó en el informe.
La UE refirió que Conatel puede sancionar directamente a los medios de comunicación, e incluso retirarles las licencias de emisión, “sin necesidad de hacer una verificación judicial de la infracción”.
En enero de este año, Conatel suspendió el espacio radial del candidato opositor Sergio Garrido, hoy gobernador de Barinas, que era transmitido por la emisora Ecos 91.1 FM de Santa Bárbara de Barinas.
La denuncia fue hecha por la Fundación de Derechos Humanos de Los Llanos (Fundehullan), la cual afirmó que el Estado, a través de Conatel, atenta contra la libertad de expresión “al censurar los espacios radiales que prestan sus espacios para la opinión de los ciudadanos y para informar a la colectividad”.
“Rechazamos las medidas arbitrarias de los funcionarios de Conatel contra las emisoras de la región de Los Llanos”, señaló Fundehullan junto con el Observatorio Enfocado en la documentación y promoción de los Derechos Humanos en la región de Los Llanos, y la Red de Justicia y Libertad.
A finales de diciembre de 2021, el ente regulador cerró la emisora Astro 97.7 FM y comenzó un procedimiento en la estación Kalor, que concluyó con la clausura de esta radio del estado Portuguesa. En las dos emisoras funge como director, y es propietario, el alcalde opositor del municipio Ospino de Portuguesa, Carlos Barrios, electo el 21 de noviembre.
El 28 de noviembre, Conatel clausuró la emisora Monumental 94.1 FM en el municipio Zamora de Barinas, cuyo propietario es Nelson García Mora. García fue el alcalde alcalde electo por la oposición en la zona.
De acuerdo con la denuncia hecha en ese momento por el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), es que una de las razones fue la falta de permisos al proyecto técnico enlace estudio-planta. Monumental 94.1 FM “tenía programación popular, informativa y conectada a visibilizar los problemas y necesidades de los sectores de menores recursos”.
