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- Ante cada asesinato producto de las torturas y tratos de lesa humanidad realizados por el régimen, en El Diario nos preguntamos qué tipo de persona puede llevar a cabo este tipo de acciones
En los últimos meses ocurrieron dos casos de tortura de gran relevancia en Venezuela. El primero fue el asesinato en los calabozos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo y, el segundo fue un disparo de perdigones efectuado por un funcionario de Politáchira en el rostro del joven Rufo Chacón mientras protestaba en su comunidad por la falta constante de gas doméstico. Este disparo, posteriormente, lo dejaría ciego.
No es la primera vez que se conocen de casos de tortura o tratos inhumanos por parte de funcionarios del régimen. Desde el año 2014 hasta 2016, se contabilizaron — de acuerdo con el informe presentado por el Foro Penal Venezolano (FPV) — 3.708 detenciones relacionadas con diferencias políticas, manifestaciones en las redes sociales y protestas vinculadas con el funcionamiento deplorable de los servicios básicos. De esta cifra se registran 145 casos de tortura y tratos crueles en las detenciones realizadas por el régimen, propiciados especialmente por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).
Un caso que sorprendió al país, por demostrar la crudeza del régimen al enfrentar las manifestaciones públicas, fue el de Geraldine Moreno, quien murió el 22 de febrero de 2014 por un disparo de perdigones a quemarropa en el rostro, por parte de funcionarios, en este caso de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
Según la misma ONG, 2017 fue un año sin precedentes en la represión social impuesta por los organismos del régimen. La transformación de los tratos inhumanos, de la tortura y de la impunidad por parte del Estado fue notable en comparación con el informe anterior, que establecía los datos sobre la represión ocurrida entre 2014 y 2016. En este año se contabilizaron — desde el 1° de abril hasta el 31 de diciembre — 5.475 arrestos arbitrarios, ligados a diferencias políticas e ideológicas con el Estado.
Entre 2014, el segundo año de Nicolás Maduro en el poder, y 2017, ocurrieron 12.007 detenciones arbitrarias en todo el país, según datos presentados por el FPV. Uno de los procesos que se aplicó en 2017 fue el enjuiciamiento de civiles a través de tribunales militares, donde resultaron 760 los ciudadanos procesados bajo esta modalidad.
El director del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, explicó el 1° de enero de 2018 que 15% de las personas detenidas arbitrariamente han denunciado torturas, tratos inhumanos y maltratos a su integridad física. “El menú es amplio, como siempre lo hemos dicho: va desde abusos sexuales, asfixias, descargas eléctricas, etcétera”, señaló.
En comparación con 2014, este año uno de los casos con mayor nivel de sadismo por parte del régimen tuvo como protagonista a un joven del estado Aragua, cuyo nombre se mantuvo en el anonimato por sugerencia de su abogado Martín Ríos.
El caso inició el 15 de junio de 2017 con la detención arbitraria de 10 jóvenes por parte de la PNB. En palabras de Ríos a BBC Mundo, “los formaron en fila y obligaron a unos a tocarle las partes privadas a otros y a manipular sus miembros. Les pegaban, los pateaban y los golpeaban con los cascos de protección que usa la policía. Los forzaron a bailar ‘La Macarena’. Quienes no lo hacían recibían más golpes. Pero eso no fue lo único que les hicieron…”.
Luego los separaron. Cada uno de los jóvenes estaba encerrado en cuartos individuales, sin poder ver a los demás, sin saber dónde estaban, y escuchando mientras los gritos y maltratos que ocurrían en el resto de los cuartos. A uno de ellos, cuando estaba aislado, le hicieron algo “aberrante y dantesco”, según el abogado. Lo arrodillaron en el piso mientras amarraban un cable a sus muñecas para inmovilizarlo completamente. Le rociaron gas pimienta en el rostro y le pusieron una capucha en la cabeza. Mientras estaba de rodillas con el ardor del gas en los ojos y la ceguera de la capucha, le bajaron el short y le introdujeron un tubo en el recto. El resto de sus compañeros, detenidos en celdas separadas, no podían ver lo que ocurría pero podían escuchar los gritos de dolor y los clamores de ayuda del joven.
Ese mismo mes de 2017 ocurrió otro caso parecido en el estado Zulia. Un joven detenido en el marco de las protestas de ese año fue llevado a las inmediaciones de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), lugar que fue utilizado como recinto para las detenciones arbitrarias realizadas en la zona.
En la audiencia preliminar el joven relató que, mientras estaba detenido junto a otras personas, fue violado por varios funcionarios de la PNB frente a todos los demás prisioneros. La jueza del caso dictaminó una sentencia de 45 días de arresto domiciliario para la víctima, no para los victimarios.
En junio de 2018 la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas presentó un informe sobre las violaciones en esta materia realizadas en Venezuela en 2017. El informe establece que “entre los actos de malos tratos y tortura documentados se incluyen la aplicación de descargas eléctricas, golpes fuertes, violaciones y otras formas de violencia sexual, asfixia con bolsas de plástico y productos químicos, simulacros de ejecución y privación de agua”.
En el primer trimestre de este año, también de protestas políticas y manifestaciones a causa del empobrecimiento de los servicios básicos, se contabilizaron 1.503 detenidos según el FPV.
Los meses siguientes, especialmente entre el 30 de abril y el 1° de mayo, cuando Leopoldo López y Juan Guaidó hicieron un llamado a las Fuerzas Armadas para apoyar la destitución de Nicolás Maduro, fueron detenidas 327 personas. De igual forma, fueron asesinadas seis personas, de las cuales tres eran menores de edad. En estos casos, según el informe del mes de abril presentado por el FPV, resalta que todas las personas fueron asesinadas por armas de fuego y que todos los asesinatos ocurrieron durante el desarrollo de manifestaciones en contra del gobierno.
Ahora, luego de ver la evolución de las torturas durante las distintas protestas y manifestaciones realizadas desde la llegada de Nicolás Maduro al poder, es imposible no pensar en la naturaleza que produce esas acciones en un individuo. ¿Por qué una persona adulta, que tiene una separación coherente entre lo bueno y lo malo, realiza este tipo de acciones? ¿Existe una consciencia de la maldad, del hecho que realizan para destruir la integridad y el espíritu humano?
Para estas preguntas, expuestas a partir del caso venezolano, es necesario revisar una vez más el concepto de la “banalidad del mal” acuñado por la filósofa Hannah Arendt en su texto de 1963 a propósito del juicio realizado al jerarca nazi Adolf Eichmann en Jerusalén, luego de la Segunda Guerra Mundial. Eichmann es enjuiciado por ser el responsable de la “Solución final”, como se conoció el aberrante asesinato sistemático de judíos.
Según su tesis, Arendt expone que “este nuevo tipo de criminal […] comete sus crímenes bajo circunstancias que hacen que le sea casi imposible saber o sentir que está haciendo algún mal”. Es decir, la maldad que recae en la acción de violar a un joven con un tubo, de golpear hasta la muerte a un capitán de corbeta o de disparar al rostro de un adolescente hasta dejarlo ciego, no representa la “ausencia del bien” para el victimario, simplemente es una orden que tiene que cumplir.
Para los funcionarios que realizaron las violaciones mencionadas no existe una culpa, tampoco una conciencia de la maldad de sus actos, porque en su razonamiento ellos “solo seguían órdenes”. Por ende, la naturaleza de la tortura no recae en los victimarios, sino en el discurso que impulsó la realización de ese acto.
Parece entonces que los funcionario del régimen no pueden sentir cargo de conciencia por las atrocidades cometidas, porque en su razonamiento la verdadera culpa recae en la línea discursiva del régimen y en su estructura de poder, regida por Nicolás Maduro.
No es necesario que el victimario sea un individuo particularmente atroz, retorcido, con la mente inundada de imágenes grotescas, que disfruta al destrozar el cuerpo del otro. Según la tesis expuesta por Arendt, cualquier individuo “normal” es capaz de las peores atrocidades cuando la culpa del hecho no recae sobre él, sino sobre una idea mayor que justifica todo.
