• Detenciones arbitrarias, hostigamiento a familias, grafitis amenazantes en viviendas de dirigentes opositores y mensajes anónimos a periodistas se han recrudecido en Venezuela luego de que EE UU acusara de narcoterrorismo a altos cargos del régimen chavista.

El avance del coronavirus de Wuhan (Covid-19) ha causado estragos en el mundo entero. Con más de 1.000.000 de contagios y 52.000 muertes a escala global, la pandemia ha colapsado hospitales de China, Italia, España, Irán, Francia, Ecuador, Brasil y Estados Unidos en vista de la exorbitante cantidad de pacientes que llegan a diario. 

Ante la emergencia sanitaria mundial, múltiples organismos internacionales, incluida la Organización Mundial de la Salud (OMS), dirigen esfuerzos en conjunto con los gobiernos para tratar de mitigar el impacto económico, político y social que deja a su paso el virus. 

La llegada del Covid-19 a Venezuela en lugar de atenuar la crisis política, la ha incrementado, ya que el régimen de Nicolás Maduro lo ha empleado como acicate, en el marco del estado de alerta nacional, para incrementar la persecución contra quien piense distinto.

Muestra de ello son los 28 presos políticos que, de acuerdo con la ONG Foro Penal, se han registrado desde el pasado 16 de marzo, fecha en la que el régimen implementó la cuarentena social preventiva en Venezuela luego de que tres días antes Delcy Rodríguez anunciara los dos primeros casos conocidos del nuevo coronavirus en el país.

Cifra en aumento. La ONG Foro Penal contabilizaba un total de 328 presos políticos hasta el lunes 30 de marzo.

En ese agitado contexto que parecía fortalecer la figura del chavismo en el poder, el 26 de marzo el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente a Nicolás Maduro y 13 altos funcionarios del régimen de narcoterrorismo, corrupción y lavado de dinero. El organismo norteamericano afirmó que los implicados formarían parte del “Cartel de los Soles”. 

Luego de conocer la medida, el mismo Maduro dijo durante una alocución pública que “si se atrevieran a tocarnos un pelo, prepárense para la ‘furia bolivariana’ que arrasaría con todos ustedes”.

El lema fue rápidamente secundado por Diosdado Cabello (también acusado por la justicia de EE UU), quien advirtió que si el Ejército estadounidense ponía un pie en Venezuela, los del régimen irían por todos aquellos que piden una invasión militar extranjera.

En medio de sus declaraciones por la emergencia sanitaria que ha provocado el Covid-19, Maduro expresó: “Hasta a ti que me ves. Hasta a ti te va a llegar. ¿Crees que no te va a llegar? A ti te va a llegar la justicia. Cuando te toque el tun-tun (allanamientos sin orden judicial) no te pongas a llorar por las redes sociales”.

Horas después de que el dirigente socialista expresara esas palabras, el presidente interino Juan Guaidó, expresó a través de su cuenta en Twitter lo siguiente: “No te veo: pero me envían el video. No tengo problema en nombrarte, Nicolás. Ten pantalones y asume que lanzaste por un barranco a los tuyos y no confías en nadie. Acepta la oferta de la comunidad internacional y salva al país. Ya tu gente está sacando cuentas, ¿tun tun?”.

Foto: Twitter

Pero la represión no solamente está enfocada en figuras políticas que adversan al régimen. Médicos, periodistas y personas en general que cuestionan la falta de rigurosidad de los contagiados por Covid-19 en Venezuela, así como la infraestructura de los hospitales, han sido objeto de amenazas.

Denuncias de supuestos contagios para efectuar detenciones

La noche del 21 de marzo el periodista Darvinson Rojas denunció a través de su cuenta en Twitter que efectivos de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) llegaron a su casa ubicada en Caricuao, en Caracas, para solicitarle que los acompañara en vista de que habían recibido una llamada anónima reportando un caso de Covid-19 en su hogar.

Ante la negativa de Rojas de acompañarlos, los funcionarios derribaron la puerta y se lo llevaron detenido (al igual que a sus dos padres, quienes fueron liberados poco después) al señalar que lo buscaban por haber publicado unos tuits sobre unas cifras de casos de coronavirus de Wuhan en el estado Miranda. Estas aseguraban que había más contagios en la entidad que los reportados oficialmente.

El 20 de marzo fue la audiencia del periodista. Le imputaron los delitos de “instigación al odio” e “instigación pública”. Desde el momento de su detención, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), el Colegio Nacional de Periodistas (CNP), distintas organizaciones de derechos humanos abogaron por su liberación.

La noche de este jueves 2 de abril, se conoció que Rojas fue liberado, bajo medidas cautelares.

Asedio contra figuras del entorno de Guaidó

Las detenciones contra el equipo de gobierno de Juan Guaidó iniciaron el 21 de marzo de 2019, día en el que Roberto Marrero, director del Despacho de la Presidencia (e) fue detenido en su residencia por efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

Al político, quien aún se encuentra detenido en El Helicoide, el régimen lo acusó de terrorismo y participación en el gran apagón nacional que se registró el 7 de marzo de ese mismo año. 

El abogado Juan Planchart Márquez, quien es primo de Guaidó, fue detenido por el Sebin la madrugada del domingo 23 de marzo de 2019. Horas antes, el ministro de Comunicación del régimen, Jorge Rodríguez, lo había acusado de ser el “operador financiero” de una supuesta red de terrorismo que buscaba atentar contra Maduro.

Foto: Reuters

Al día siguiente, vecinos aseguraron que entre las calles Amazonas y Mirador de la urbanización Prados del Este (estado Miranda), unos hombres vestidos de negro y en vehículos de las FAES ingresaron en la urbanización del padre de Planchart, posiblemente para “sembrarlo” de evidencias. 

Erick Sánchez y Janson Parisini, dos hombres que trabajaban como escoltas personales de Guaidó, fueron detenidos por las FAES entre los días 12 de julio de 2019 tras ser acusados por Jorge Rodríguez de que vendían armamento robado. Les imputaron los delitos de tráfico ilícito de armas y municiones, conspiración y asociación para delinquir. 

Juan José Márquez, tío de Guaidó (que se desempeña como piloto de aviación) fue detenido el pasado 11 de febrero en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, cuando regresaba de acompañar al presidente interino en su gira internacional. Diosdado Cabello lo acusó de querer introducir al país unas “linternas tácticas” que tenían presuntamente explosivo sintético C4.

El dirigente chavista aseguró que Márquez viajó con los explosivos en el avión de TAP Portugal cuando venía junto con Guaidó desde Lisboa. Sin embargo, la compañía aérea desmintió que permitiera el ingreso de explosivos y puso a disposición toda la información del vuelo.

Las amenazas por parte del régimen se han recrudecido durante los últimos días. Este 2 de abril la Presidencia Interina aseguró que en tan solo 72 horas se han producido 5 “secuestros” contra el entorno de Guaidó, por parte de los cuerpos de seguridad del Estado.

“Lo que hay detrás de todo ello, es la retaliación política de parte del régimen de Nicolás Maduro al enviar ‘La Operación TUN-TUN’ como parte de la ‘furia bolivariana’ a los colaboradores y equipos de trabajo del presidente (E) Juan Guaido”, se lee en la página web.

El lema que precede a la nueva forma de intimidación

La “furia bolivariana” parece fungir como patente de corso para que grupos irregulares amedrenten a dirigentes políticos, periodistas y voces disidentes dejándoles amenazas escritas en las fachadas de las viviendas de sus casas.

Pero el hostigamiento también se extrapola a las telecomunicaciones. La diputada Delsa Solórzano recientemente denunció que recibió amenazas de muerte a través de sus redes sociales. El periodista Luis Gonzálo Pérez también recibió amenazas anónimas a través de su número telefónico.

Rafael Rico, asistente de Guaidó, informó que horas después de que fuese anunciada la propuesta de un Gobierno de Emergencia para hacer frente a la pandemia del Covid-19 en Venezuela, sujetos no identificados “secuestraron” a Víctor Silio y Rómulo García, dos miembros del equipo del presidente encargado.

El hecho se produjo el 29 de marzo en La Tahona, al oeste de Caracas. “Nicolás Maduro y los usurpadores son responsables de su integridad física. ¿Dónde están? ¿Cuál es el miedo? Seguimos firmes, de frente, y no nos vamos a rendir nunca. Fuerza, Venezuela, que estamos cerca de lograrlo”, expresó Rico mediante un video corto en Instagram.

Fabiana Rosales aseguró que como los individuos no encontraron a Rico, que era a quien buscaban, se llevaron detenidos a Silio y García.

Al día siguiente, sujetos no identificados secuestraron a la activista Andrea Bianchi (pareja de Rafael Rico) en Chacaíto. La joven finalmente fue liberada ese mismo día y rescatada por un motorizado luego de que la dejasen en la autopista. 

De acuerdo con sus familiares, a la joven la amenazaron con abusar sexualmente de ella, luego de que la golpearan y desnudaran. La diputada a la Asamblea Nacional (AN), Adriana Pichardo, indicó que efectivos de las FAES ingresaron en la casa de Bianchi y golpearon a quienes se encontraban en la vivienda.

Este 2 de abril el Despacho de la Presidencia (E) denunció ante la comunidad internacional, sobre la desaparición del asesor de Guaidó, Demóstenes Quijada (en presencia de su esposa e hijo de 8 años de edad) y de la asistente Maury Carrero por parte de efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

Fichas de negociación

En medio de la pandemia de Covid-19 la estrategia puesta en práctica por el régimen de Maduro ha sido la de intentar desplazar el foco de la opinión pública, del ámbito social hacia el terreno político.

De esta forma, según dice el abogado especialista en Derechos Humanos y director de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob, el gobierno pretende ocultar el hecho de que, como consecuencia de sus erradas políticas en materia de salud, el país se encuentra en una crisis humanitaria con hospitales sin medicamentos, equipos y con escasez de personal.

“Ellos no quieren que el foco sea el problema de la pandemia de Covid-19 que está afectando al país y para ello desvían la atención de todos hacia un tema político, descalificando y atacando a todo aquel que piensa distinto”, afirma Himiob en exclusiva para El Diario.

Esta no es la primera vez que desde el régimen de Maduro se produce una ola de detenciones arbitrarias en contra de dirigentes opositores, tal y como recuerda el abogado. Todas ellas han tenido un objetivo común, el aumentar la capacidad de maniobra del gobierno de cara a una posible mesa de negociación.

Cada vez que en el panorama político de Venezuela se avizora un escenario en el que pueda ser necesaria una negociación, el régimen aumenta sus fichas de negociación, es decir la cifra de presos políticos para tener más ‘fuerza’. Esto es algo que ha sucedido en repetidas oportunidades”. Gonzalo Himiob

El comentario del abogado se produce luego de que Maduro anunciara su intención de entablar conversaciones con diversos sectores de oposición para crear un frente unido ante la pandemia.

Las detenciones de los colaboradores de Guaidó han estado a carga de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) —uno de los organismos de persecución política del régimen—. Por esta razón los nuevos presos políticos han sido trasladados hasta la sede del organismo ubicada en Boleíta (Caracas)

La pandemia ha incidido en la forma como los abogados trabajan para lograr la libertad de los nuevos presos políticos, pues a su ya de por sí ingente cantidad de trabajo han venido a sumarse nuevos retos a enfrentar.

El defensor de DD HH comenta que la labor que realizan tanto él como el resto de abogados que integran el Foro Penal se ha dificultado seriamente debido a los efectos de la cuarentena. Detalla que dos de los principales problemas a los que tienen que hacer frente es la falta de gasolina y las restricciones de movilidad que les impiden trasladarse hasta los tribunales donde se llevan las causas.

Agrega que una vez que logran llegar a los tribunales deben enfrentarse a otra serie de trabas, como por ejemplo que se les niegue el acceso a los mismos, que no se les suministren los expedientes de los casos, que intenten imponerles a los detenidos defensores públicos o simplemente que decidan no presentarlos sin justificación alguna.

“No están claras las reglas sobre cómo se supone que van a funcionar los tribunales durante la cuarentena, y los criterios cambian de un día para otro. El acceso a la justicia, en general, está muy limitado”, explica.

El abogado refiere que, a las precarias condiciones en las que se encuentran recluidos los presos políticos, debe sumarse el riesgo de contagio del Covid-19 al que se ven expuestos debido a que no existe ninguna medida de prevención, excepto la suspensión de visitas tanto de familiares como de abogados. 

Noticias relacionadas