- La duración de la medida estará sujeta al tiempo que permanezca en vigor el estado de alarma decretado debido a la pandemia de Covid-19
La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) ordenó la suspensión del cobro del servicio de puntos de venta a aquellos usuarios que no estén realizando transacciones comerciales o no están generando la suficiente actividad comercial para cubrir los costos operativos del sistema.
La medida anunciada por el ente regulador mediante un comunicado oficial, difundido a través de redes sociales, especifica que la decisión fue asumida con el objetivo de atender la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19.
Pese a los argumentos expresados por la Sudeban para justificar esta medida anunciada el 5 de mayo, el economista y especialista en instituciones financieras José Acosta señala en exclusiva para El Diario que la misma no tendrá un impacto real en la estructura de costos de los comercios. Por el contrario, esta decisión tendrá una incidencia negativa en las fuentes de ingreso de las instituciones bancarias.
El economista comenta que tradicionalmente el grueso de los ingresos de las instituciones bancarias procede de dos fuentes: la intermediación financiera y las comisiones por servicios. No obstante, actualmente la banca no puede cumplir con su función de intermediación financiera pues no está en capacidad de ofrecer préstamos, principalmente debido al encaje legal. Ante esta situación, el cobro de comisiones por servicios tales como los puntos de venta se han convertido en una de sus últimas fuentes de ingreso.
“Una medida de estas características no beneficia realmente a ninguno de los actores, ni a los comercios, ni a las instituciones financieras”, sostiene.
La economista Alicia Sepúlveda estima que es poco factible que la decisión de la Sudeban impacte de forma negativa en el servicio de puntos de venta. Señala que como consecuencia de la dolarización los montos de las transacciones realizadas a través de este mecanismo de pago resultan marginales. A esto se suma la utilización de otras herramientas como el pago móvil el cual ha tomado una mayor relevancia durante el último año.
Considera que la suspensión del pago del servicio de los puntos de venta solo debería ser aplicada luego de analizar las condiciones de cada cliente, pues cada caso es distinto, lo cual hace imposible que una medida genérica como la anunciada por la Sudeban pueda dar resultados positivos.
El comunicado publicado por la Sudeban no específica el lapso exacto durante el cual estará suspendido el cobro del servicio, pues ello estará sujeto al tiempo que permanezca el estado de alarma decretado por el régimen de Nicolás Maduro.
Acosta es tajante al señalar que la aplicación de esta medida es insuficiente para ayudar a que los comercios sean capaces de hacer frente a los estragos económicos ocasionados por la pandemia de Covid-19.
Añade que si bien la suspensión del pago del servicio de puntos de venta aporta un cierto alivio financiero, no se corresponde con las solicitudes de prórroga del pago de impuestos que han realizado organismos como Fedecámaras, Consecomercio y Conindustria. Considera que es necesario que desde el Estado se inicie una política de préstamos a la empresa privada.
Acosta cree que el motivo por el cual fue anunciada la medida es que el régimen de Maduro no está en capacidad de prorrogar el pago de impuestos tal y como lo solicitan desde el sector privado. De hacer efectiva dicha prórroga se afectarían sus ingresos por concepto tributario; mientras que al suspender el pago del servicio de puntos de venta el afectado es la banca nacional.
“En estas condiciones prorrogar el pago de los impuestos implicaría a efectos prácticos una condonación de la deuda, porque la hiperinflación diluye los montos en cuestión de semanas”, apunta.
Afirma que una muestra de que el régimen es consciente de esta realidad es que el pago de ciertos impuestos fue modificado y pasó de ser anual a mensual.
Estimar los posibles beneficios o perjuicios de la medida anunciada por la Sudeban es prematuro, sin embargo todo pareciera indicar que una vez más el régimen de Maduro no atenderá las solicitudes formuladas por el sector privado, un hecho que podría acentuar aún más el impacto económico originado por Covid-19 en el país.