• Analistas consultados por El Diario descartaron una inminente intervención militar en Venezuela

De una Venezuela sumida en una crisis humanitaria, como lo documenta la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), y donde se ejecutan crímenes de lesa humanidad, según el más reciente informe de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos de la ONU, el presidente interino Juan Guaidó invocó la Responsabilidad de Proteger (R2P).

“Les pido a todos los representantes de Estados Miembros que asuman la responsabilidad de asistir al gobierno legítimo de Venezuela en su misión de proteger al pueblo venezolano, y considerar una estrategia que contemple escenarios luego de agotada la vía diplomática. Ha llegado el momento de acciones oportunas y decisivas”, dijo Guaidó en un mensaje enviado a los representantes estatales que asistían, virtualmente, a la Asamblea General de la ONU el 23 de septiembre.

Analistas consultados por El Diario aseguran que la solicitud de la R2P no implica necesariamente una intervención militar inminente en territorio venezolano.

¿Qué significa la Responsabilidad de Proteger?

La Responsabilidad de Proteger (R2P), de acuerdo con Andrei Serbin Pont, analista internacional y director de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (Cries), nació de la frustración. 

Se trata de un principio que pretende condicionar el accionar de los Estados dentro de la comunidad de naciones ante la violación masiva de derechos humanos, y surge ante la incapacidad de las Naciones Unidas (ONU) de prevenir dichos crímenes”, indica en exclusiva para El Diario.

Firmado en el año 2005 por la comunidad de naciones, la R2P se originó tras los ecos del fin de la guerra fría y las nuevas dificultades que enfrentaba el mundo luego de que cayera el telón de acero que dividió al mundo en Oriente y Occidente.

“Del principio de la R2P sale un documento final en el que se incluyen dos párrafos, el 138 y 139, que ponen en práctica la responsabilidad de proteger, es un documento consensuado entre todos los estados miembros de la ONU”, señala Serbin Pont.

Párrafos 138 y 139 de la R2P

El documento final de la Cumbre Mundial del año 2005 contiene los siguientes párrafos sobre la R2P:

“138. Cada Estado es responsable de proteger a su población del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad.

Esa responsabilidad conlleva a la prevención de dichos crímenes, incluida la incitación a su comisión, mediante la adopción de las medidas apropiadas y necesarias. Aceptamos esa responsabilidad y convenimos en obrar en consecuencia. La comunidad internacional debe, según proceda, alentar y ayudar a los Estados a ejercer esa responsabilidad y ayudar a las Naciones Unidas a establecer una capacidad de alerta temprana.

139. La comunidad internacional, por medio de las Naciones Unidas, tiene también la responsabilidad de utilizar los medios diplomáticos, humanitarios y otros medios pacíficos apropiados, de conformidad con los Capítulos VI y VIII de la Carta, para ayudar a proteger a las poblaciones del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad.

En este contexto, estamos dispuestos a adoptar medidas colectivas, de manera oportuna y decisiva, por medio del Consejo de Seguridad, de conformidad con la Carta, incluido su Capítulo VII, en cada caso concreto y en colaboración con las organizaciones regionales pertinentes cuando proceda, si los medios pacíficos resultan inadecuados y es evidente que las autoridades nacionales no protegen a su población del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad. Destacamos la necesidad de que la Asamblea General siga examinando la responsabilidad de proteger a las poblaciones del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad, así como sus consecuencias, teniendo en cuenta los principios de la Carta y el derecho internacional. También tenemos intención de comprometernos, cuando sea necesario y apropiado, a ayudar a los Estados a crear capacidad para proteger a su población del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad y a prestar asistencia a los que se encuentren en situaciones de tensión antes de que estallen las crisis y los conflictos.

Fuente: Naciones Unidas

Previo al evento que terminó con la disolución del bloque soviético, los delitos que ahora se conocen como crímenes de lesa humanidad y genocidio no se trataban en el ámbio internacional, así lo explicó Milos Alcalay, exembajador de Venezuela ante las Naciones Unidas.

“La primera vez que se trató ese tema fue al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando se creó un tribunal penal ad hoc para tratar el genocidio, el Holocausto y los millones de asesinados durante la época del nacionalsocialismo. La justicia procesó a los criminales de guerra, y muchos de ellos fueron condenados a la pena máxima. Cuando se pensaba que no se iba a repetir más esa situación, empezaron a aparecer temas como el de Rwanda, los países balcánicos, Costa de Marfil, y se crearon comités ad hoc para juzgar a los criminales de guerra. Se fue dando el mecanismo para establecer el Tribunal Penal Internacional como un tribunal permanente”, relata Alcalay.

Pero paralelamente a los avances internacionales de protección de los derechos humanos en la ONU, se percibieron limitaciones.

Se dieron cuenta de que cuando intervienen, lo hacen tardíamente. Y entonces no se pudieron evitar las masacres en los países mencionados. No se trataba de llegar tres, cuatro, cinco años después y hacer un informe, sino la R2P pretendía proteger a las poblaciones de crímenes de lesa humanidad. Los Estados se dieron cuenta de que no basta con llegar luego de que hubiese 5.000.000 de refugiados fuera, que poblaciones enteras hubiesen sido diezmadas por la crisis alimentaria o sanitaria”, acota.

Para Serbin Pont, la R2P supone un principio que pretende superar los handicaps del derecho a la soberanía.

“Cuando un Estado incumple con sus responsabilidades con su propia población, hay una limitación de la soberanía y entramos en una etapa en que hay una responsabilidad de la comunidad internacional de asegurar el resguardo de la población”.

Sin embargo, la R2P no implica necesariamente una intervención militar en un país determinado. “Hay un menú muy amplio por el que se puede intervenir”, señala Alcalay. Entre ellos, la ayuda a los refugiados o migrantes venezolanos, que hoy sobrepasan los 5.000.000 de connacionales que recorren el mundo en busca de mejores oportunidades de vida; el ingreso de ayuda humanitaria o incluso las sanciones financieras.

“La R2P no es un botón que uno aprieta y eso hace que inmediatamente venga la OTAN o los marines o los cascos azules. Se ha hecho una caricatura de la realidad con ese debate”, asevera.

El abogado e internacionalista Mariano de Alba indicó, a través de su cuenta de Twitter, que las medidas coercitivas requieren la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU.

Indica Serbin Pont, sobre este tópico, que solo el “último 5% de la R2P es en donde se evalúan medidas coercitivas como el empleo de la fuerza. Pero la R2P tiene un carácter preventivo.  Y eso estuvo muy presente en el discurso de Guaidó”.

¿Se dirigió Guaidó a la Asamblea General de las Naciones Unidas?

El exembajador Alcalay explicó para El Diario de qué forma se dirigió Guaidó ante la Asamblea General de la ONU, dado que la misma reconoce a Nicolás Maduro como titular del Poder Ejecutivo en Venezuela.

“Guaidó aprovechó la presencia durante dos días de los jefes de Estado en el debate general, para dar un mensaje a los países que lo reconocen como presidente interino. El organismo que define quién habla en nombre de Venezuela ante la ONU es el Comité de Credenciales, que definió que quien representa a nuestro país es el gobierno de Nicolás Maduro. Esta es la primera vez que hay un debate general virtual. A este segmento asisten 150 jefes de Estado físicamente, pero por la pandemia, todo fue virtual. En ese contexto, fue importante y oportuno, pues el mensaje de Guaidó fue distribuido a todos los países miembros de la ONU, aunque técnicamente no se puede decir que Guaidó se pronunció formalmente ante la Asamblea”.

Para Serbin Pont, Guaidó quiso apelar a los países “que no son champions ni completamente críticos con el principio de la R2P. La referencia a los crímenes de lesa humanidad es importante, sobre todo cuando se contextualiza con el informe publicado hace unos días. Lo que hizo Guaidó fue poner el tema en discusión con una profundidad teórica y técnica que no se había hecho antes”.

Diferencias entre la solicitud de la R2P por parte de Guaidó y la de otros dirigentes políticos

El analista internacional Serbin Pont explicó las diferencias entre la solicitud de la R2P efectuada por el presidente interino Juan Guaidó y otras realizadas por la coordinadora del movimiento Vente Venezuela, María Corina Machado.

“La propuesta previa de María Corina Machado fue una mezcla entre el artículo 187 de la Constitución, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca y la R2P. No profundizaban en los debates teóricos que se dan dentro de la ONU en cuanto a la implementación de la R2P. En muchos sentidos fue superficial. Sin embargo, Guaidó demostró un conocimiento profundo de cuáles son esos debates y de cómo se operacionaliza la R2P”.

Señaló que los aspectos clave del discurso de Guaidó se basan en el secuenciamiento de los tres pilares de la R2P:

  • La responsabilidad de cada Estado de proteger a sus poblaciones (primer pilar). 
  • La responsabilidad de la comunidad internacional de ayudar a los Estados a proteger a sus poblaciones (segundo pilar).
  • La responsabilidad de la comunidad internacional de proteger a las poblaciones de un Estado cuando es evidente que este no logra hacerlo (tercer pilar).

Otra de las diferencias entre la propuesta de Guaidó y María Corina Machado es que esta última, a juicio de Serbin Pont, equiparaba la intervención humanitaria con la R2P.

¿Qué se puede esperar próximamente?

Una de los obstáculos más importantes para el establecimiento de la opción de la fuerza por parte de la ONU se encuentra en el Consejo de Seguridad del ente multilateral, pues dos gobiernos aliados al régimen de Nicolás Maduro, los de Rusia y China, pueden vetar esa posibilidad, que depende del Consejo de Seguridad de la ONU.

Sin embargo, el exembajador Alcalay advierte que “hay múltiples maneras” de superar esto, y la historia lo demuestra.

EFE/EPA/ERIK S. LESSER

“En el caso de Libia, regida por Muahmmar Gaddafi, los gobiernos de Rusia y China tenían una posición bastante firme de que no hubiese una acción militar. Y luego sucedió la salida dramática del poder de Gaddafi. Lo mismo sucedió con Saddam Hussein. Aquí no se puede decir: ‘Si haces A, viene B’. Pero claramente es más claro el aislamiento de un país en el que se violan derechos humanos y se efectúan crímenes de lesa humanidad”.

Pese a ello, tanto Alcalay como Serbin Pont descartan la posibilidad de una intervención militar en Venezuela por parte de una coalición multilateral.

“Es improbable que veamos una intervención. Ambos actores (Rusia y China) van a vetar toda posibilidad. Algunos van a argumentar que ante este bloqueo sistemático se van a buscar opciones por fuera de las Naciones Unidas. Yéndonos al terreno político, la decisión de la intervención en Venezuela es de los Estados Unidos”, asevera Pont.

—¿Y está en capacidad Estados Unidos para hacer esa intervención?

—Es el único Estado capaz de intervenir y llevar a cabo operaciones militares en Venezuela, y es el que tendría capacidad para poder, después, tratar de estabilizar el país. El problema es que, sea esta administración o la próxima, liderada por Donald Trump o Joe Bien, ¿está dispuesta a intervenir militarmente en Venezuela, con lo que ello conlleva políticamente, presupuestariamente? Recordemos que Estados Unidos aún mantiene presencia militar en dos países que intervino hace 19 y 17 años. En ese sentido, es difícil pensar que Estados Unidos está dispuesto a hacer esa apuesta tan a largo plazo que no necesariamente le va a traer algún tipo de resolución real al problema. La intervención tampoco asegura la estabilización y el resguardo de los derechos humanos. Es muy poco probable que ocurra una intervención.

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