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- Francisco Castro, director de Súmate, explicó para El Diario que el registro electoral requiere un movimiento de aproximadamente 7,5 millones de personas y que se necesitan habilitar entre 2.500 y 3.000 puntos para que asistan los ciudadanos. Luis Lander, del Observatorio Electoral Venezolano (OEV) dijo que se debe efectuar durante varias semanas. Foto: AFP
Actualizar el registro y el catastro electoral es una de las deudas más importantes que debe saldar el nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) para garantizar el derecho al voto de todos los venezolanos dentro y fuera del país, sin distinción política ni intereses partidistas. Si bien las nuevas autoridades del ente comicial han dado señales que apuntan hacia esa dirección, hasta ahora no detallan cómo sería el proceso.
El análisis de expertos consultados por El Diario tiene cuatro características en común sobre cómo deben hacerse estos procedimientos: con suficiente tiempo de anticipación a las elecciones, que se haga en suficientes puntos desplegados en lugares con mayor densidad de votantes en Venezuela y en el exterior, con varios meses para participar, y con una campaña masiva para informar a los ciudadanos al respecto.
“Sin lugar a dudas, (la actualización del registro y del catastro electoral) es una pieza muy importante del rompecabezas que se está intentando montar para recuperar la confianza en el ámbito electoral. Por lo tanto, la confianza también en el sufragio como herramienta de expresión política”, dijo Luis Lander, director del Observatorio Electoral Venezolano (OEV).
El jueves 13 de mayo, Pedro Calzadilla, nuevo presidente del CNE, anunció que la inscripción y actualización de datos en el registro electoral (RE) se realizará del 1° de junio al 15 de julio de este año. Este lapso, sin embargo, podría ser insuficiente para llevar a cabo todas las modificaciones que requiere el RE venezolano.
El diagnóstico
De acuerdo con el artículo 27, título III, de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre), el RE “es la base de datos que contendrá la inscripción de todos los ciudadanos y todas las ciudadanas que conforme a la Constitución de la República y a las leyes, puedan ejercer el derecho al sufragio”.
En este sentido, Francisco Castro, director de la ONG Súmate, explicó que actualmente hay un rezago en la data del RE venezolano.
De acuerdo con estimaciones de Súmate, el registro requiere, entre actualizaciones e inscripciones, el movimiento de los datos de 7,5 millones de ciudadanos. Desglosado, esto quiere decir que hay más de 2 millones de jóvenes que cumplieron 18 años de edad y que no han tenido la posibilidad de inscribirse; aproximadamente 1,5 millones de personas que deben cambiar su residencia o centro de votación; 1 millón de jóvenes en el exterior que no se han podido inscribir; y cerca de 3 millones de venezolanos que emigraron y todavía están inscritos para votar en Venezuela. Esto representa aproximadamente el 30% del RE si se considera una base electoral de 20 millones de votantes.
“Esto, indudablemente, es una cosa sumamente grave y está violando el derecho a la participación electoral de millones de ciudadanos”, comentó Castro.
Los motivos del rezago
A principios de este siglo, comentó Lander, el CNE dio pasos importantes para la actualización del RE. El país venía de años de rezagos en este sentido que afectaba principalmente a los habitantes de zonas populares. Fue entonces cuando bajo los primeros años del primer gobierno de Hugo Chávez se puso en marcha una campaña de inscripción de ciudadanos en el CNE e incluso de identificación ante el registro civil. Los avances fueron significativos. “El número de venezolanos no registrados para votar disminuyó notablemente”, recordó el director del OEV.
Sin embargo, el retroceso en los últimos años ha sido todavía más notable. “Eso se empezó a descuidar y ya en las últimas elecciones no se hizo ninguna campaña especial para la actualización del registro. El CNE argumenta que las oficinas regionales están abiertas para el registro, eso puede ser verdad, pero eso no garantiza que la gente tenga facilidad para inscribirse”, dijo Lander.
Desde las elecciones parlamentarias de 2015, en las que se preveía –como posteriormente se confirmó- una victoria de la oposición ante el régimen de Nicolás Maduro, los esfuerzos del ente comicial para restringir y modificar el patrón electoral han sido sistemáticos.
De acuerdo con un informe de la ONG Súmate, en 2015 el registro electoral se abrió el 2 de febrero hasta el 8 de julio de ese año, es decir seis meses antes del corte para esos comicios; con un despliegue de 1.565 puntos, según el CNE. Por otra parte, para las elecciones de gobernadores de 2017, el CNE realizó la apertura de una Jornada Especial del Registro Electoral del 6 al 15 de julio, con una plataforma de solo 200 puntos. Este lapso, señaló Castro, no se había anunciado el adelanto de la fecha de la celebración de las elecciones regionales.
“Se expresa en esas actuaciones la poca disposición del árbitro electoral de permitir la participación e incorporación de nuevos electores al registro electoral, negando el derecho político y, por ende, humano de elegir y ser elegido”, expresó la ONG.
Manipular el RE
Pero los obstáculos más grandes para la ciudadanía ocurrieron para las elecciones parlamentarias de 2020. El proceso de inscripción y actualización en el RE se estableció en 14 días, con una prórroga de tres días. Este lapso de tiempo, según la ONG, era insuficiente para lograr la inscripción de más de 2 millones de electores y la actualización de al menos 1,6 millones. Entre los hallazgos más importantes de Súmate se encuentran:
– El 25% de los ciudadanos no tuvieron acceso en su parroquia a este operativo.
– En las zonas urbanas, que agrupan al 55% de la población, se asignaron el 37% de los puntos, mientras que en centros poblados pequeños con el 20% de la población se asignaron el 45%. En éstos últimos el PSUV obtiene históricamente el 60% de sus votos.
– Al menos el 25% de los puntos fueron ubicados en espacios que afectan la imparcialidad y transparencia de la Jornada de Inscripción y Actualización.
– Se sistematizaron más de 200 denuncias de movilización discrecional de los Puntos de Inscripción y Actualización que no permitía identificar la ubicación del operativo.
– Se sistematizaron denuncias de coacción e intimidación a los electores para inscribirse en el registro electoral en el 38% de los Puntos de Inscripción y Actualización.
– No se estableció jornada para inscripción de venezolanos en el exterior.
– El CNE violó las leyes electorales al realizar actualizaciones del RE que no fueron solicitadas por los ciudadanos y, con ello, aumentó las dudas acerca de la transparencia del registro electoral.
Qué se debe hacer y cómo
Ante este panorama en el que el mismo ente comicial generó un retroceso en cuanto al RE, Castro y Lander consideran que se debe poner en marcha unas jornadas especiales para la actualización del mismo. Contrario a lo hecho en los últimos comicios, se debe hacer con suficiente tiempo de antelación a las elecciones.
Esto dependerá del tiempo en el que se habiliten los puntos de actualización e inscripción en el registro electoral. Castro, considerando la actualidad de las restricciones por la pandemia del covid-19, estima que deben mantenerse durante al menos tres meses, incluyendo fines de semana y con horarios definidos.
El director de Súmate explicó que es necesaria la instalación de entre 2.500 y 3.000 puntos en el país. Esta distribución, apuntó, debe hacerse de manera homogénea respetando la distribución geográfica del país.
“Se deben colocar puntos en todos los municipios y parroquias del país, pero además se deben colocar más puntos en los municipios y parroquias que tengan mayor densidad poblacional. No solamente esto, sino que además deben ubicarse en los sitios donde sean de mayor acceso y de mayor facilidad de acceso a los ciudadanos. Hablamos de plazas públicas, sitios de alta concurrencia como mercados populares, entre otros”, añadió Castro.
Lo que comenta el director de Súmate es, de hecho, lo que en teoría establece la Lopre. El Capítulo II, artículo 33, estipula que los criterios para elegir los centros de actualización y de inscripción son tres: facilidad de acceso para los electores y las electoras, presencia en los sectores de difícil acceso y/o de mayor concentración poblacional, y garantía para todos los sectores de la población.
También detalló que es necesaria una difusión masiva y pública de toda esta información. “Debe hacerse una campaña pública lo suficientemente profunda para que los ciudadanos estén informados de la ubicación y el tiempo en el que van a estar operativos, de tal manera de que en efecto se logra esta tarea”, dijo el director de Súmate.
Una vez concluido este paso, puntualizó que debe habilitarse con todas las garantías previstas en la Lopre el proceso de impugnaciones del RE.
Preparar el voto en el exterior
Con respecto a la actualización del RE para los ciudadanos que están en el exterior, Castro mencionó tres claves:
– La habilitación de sedes consulares accidentales con personal consular accidental voluntario (conformados por ciudadanos venezolanos) en las ciudades más importantes del mundo que aglutinan la mayor concentración de la diáspora.
– Realización de jornadas de cedulación en el exterior (en las Embajadas y oficinas consulares).
– Revisión y modificación mediante acto resolutorio del nuevo CNE, para delimitar cuál debe ser el documento demostrativo de la permanencia legal en el extranjero, tomando en cuenta los principios de participación popular, celeridad, eficiencia, equidad e igualdad.
Lander, director del OEV, comentó que es importante esta actualización. Explicó que la última vez que se realizó, para las elecciones de 2018, había 6 mil registrados para votar en el exterior. Debería ser de casi 3 millones.
Los expertos electorales recordaron que los venezolanos en el exterior solo pueden sufragar en las elecciones de carácter nacional. En consecuencia, no están habilitados para votar en los próximos comicios regionales y municipales previstos para el 21 de noviembre. Sin embargo, cree que esto no debe ser impedimento para ir trabajando la actualización del RE.
Castro también plantea que tener esta data actualizada puede permitir tener un panorama más completo de los procesos electorales. Es decir, hacer un análisis diferente de la participación o de la abstención ciudadana, la realización de proyectos electorales de carácter nacional, y verificar el principio de un elector, un voto.
Centros de votación a dedo
Castro y Lander coincidieron, además, en la necesidad de actualizar el catastro electoral. Es decir, los centros de votación. Al igual que como sucede con el RE, son muchas las irregularidades que ha cometido el CNE y que han minado el camino a la ciudadanía para poder votar libremente.
En este sentido, Súmate también hizo varios hallazgos que evidencian el actuar poco transparente y parcializado del ente electoral en las parlamentarias del 6 de diciembre:
– Se eliminaron más de 60 centros de votación sin explicación alguna.
– Siete días antes de las cuestionadas elecciones, el directorio del CNE impuesto por el Tribunal Supremo de Justicia afín al chavismo informó la reubicación por razones de infraestructura de más de 100 centros de votación en 15 estados y el Distrito Capital.
– Al cruzar la información de los 119 centros de votación reubicados por infraestructura con la TablaMesa, 89 de ellos fueron mudados a centros existentes y 30 a nuevos espacios.
– De los 30 centros reubicados en nuevas localidades, 4 de ellos fueron establecidos en centros de salud. Esto último supone un riesgo para la población al estar en tiempos de pandemia del covid-19.
– Adicional a los 119 centros reubicados, también el directorio del ente electoral trasladó otros 200 centros de votación a igual número de centros existentes. Eso afectó a 206.942 electores.
– La más evidente, que Nicolás Maduro votó en un centro en el cual no estaba inscrito según el Registro Electoral Definitivo; lo cual significa que tampoco aparecía en el respectivo cuaderno de votación de la mesa electoral en la que sufragó.
Corregir lleva su tiempo
Ante este desequilibrio en el catastro electoral que generó el CNE en las pasadas elecciones, Castro opinó que se debe corregir considerando dos líneas de trabajo. La primera de ellas es la evaluación de la infraestructura de los centros de votación.
Y un segundo aspecto es revisar la ubicación de estos centros electorales de tal manera que permitan el ejercicio libre del voto. Esto conlleva a eliminar los centros que están en puntos –o cercanos a ellos- como misiones sociales, centros médicos, o consejos comunales, los cuales tienen una tendencia clara para favorecer al régimen chavista.
Añadió que todo esto pudiera hacerse en dos meses, siempre y cuando participen varios sectores de la población.
“Estamos hablando de que en el país hay entre 12 mil y 14 mil centros de votación. Y se requiere que el CNE promueva una auditoría transparente de estos elementos, publicando los resultados de esta auditoría, invitando a los ciudadanos a incorporarse y a participar en esto, haciendo público a las ONG, investigadores y ciudadanos esta revisión del catastro. Esto pudiera hacerse con la participación de las fuerzas políticas incluso, con la sociedad civil, universidades. Y en todo el país se pudiera hacer en un par de meses, y generar un amplio debate nacional sobre lo que planteaba yo como el segundo punto”, argumentó.
Comisión desequilibrada
La Comisión de Registro Civil y Electoral, órgano del CNE, es el encargado de trazar todo este procedimiento de actualización e inscripción del RE. Las nuevas autoridades confirmaron que esta quedó presidida por el rector principal del CNE, Alexis Corredor, e integrada por la rectora principal Tania D’Amelio y el rector suplente incorporado a esta instancia Conrado Pérez.
Tanto Corredor como D’Amelio tienen pasado en el PSUV. Mientras que Pérez sería uno de los rectores no identificados con el régimen. Es decir, una correlación de fuerzas 2-1 a favor del chavismo.
Por lo tanto, Castro y Lander explicaron que, si bien hay una evidente tendencia favorable hacia el oficialismo, la actuación de esta comisión para llevar a cabo todos estos cambios en el RE y en el catastro, dependerá de la voluntad política de los involucrados.
“Más que una evaluación aritmética, que todas están conformadas así, habría que ver la calidad de esos tres que están. Qué significa qué tan dispuestos están los oficialistas efectivamente a producir avances y legitimaciones de las responsabilidades. Por otra parte qué tanto conocimiento tenga del asunto para que tenga capacidad de influir el supuestamente opositor”, opinó Lander.
Por su parte, Castro concluyó: “Si este tipo de cambios no comienzan a realizarse, será muy difícil devolver a los ciudadanos a las urnas, que recuperen la confianza en el voto como mecanismo de cambio”.
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