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- El presidente argentino Alberto Fernández, aseguró en una entrevista que los problemas en materia de derechos humanos en Venezuela han desaparecido poco a poco. Sin embargo, los últimos informes de las Naciones Unidas y diferentes organismos internacionales apuntan a lo contrario
“Lo digo con mucha franqueza”. Así inició el presidente de Argentina, Alberto Fernández, una de las declaraciones más polémicas que ha hecho en tiempos recientes respecto a Venezuela. En ella, reconoció el informe de la alta comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que recogía los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Nicolás Maduro; sin embargo, también aseguró que estos “fueron desapareciendo” en los últimos años.
“Ese problema poco a poco en Venezuela fue desapareciendo. Hay un camino para resolver los problemas que no pasa por meterse en los países ni de forma armada ni con bloqueos”, aseguró el martes 18 de mayo de 2021, durante una entrevista a la emisora argentina Radio 10.
La intervención del mandatario se suma a otra serie de pronunciamientos controversiales sobre Venezuela hechos por voceros del gobierno kirchnnerista. Antes, el canciller Felipe Solá dijo que la crisis del país es un tema “tóxico” que debía ocupar tanto espacio en las agendas políticas de la región.
“Los cambios en Venezuela no van a ser pronto. Es una situación que llegó para estar mucho más tiempo, lamentablemente de sufrimiento. Va a ser lento y por la vía de que la oposición se presente en octubre. Venezuela no puede ocupar tanto tiempo cuando los avances son tan lentos”, afirmó en una entrevista al diario El Clarín.
Rechazo total
Las respuestas negativas no se hicieron esperar. La embajadora del gobierno interino de Juan Guaidó en Argentina, Elisa Trotta, rechazó las declaraciones de Fernández y las calificó no solo de falsas, sino también como una ofensa a las miles de víctimas de violaciones de derechos humanos.
Recordó que actualmente en el estado Apure se libra un conflicto armado entre los cuerpos de seguridad y disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Indicó que en medio de los combates se han cometido múltiples atropellos y crímenes contra la población civil, documentados por la organización Human Rights Watch.
“Se ha demostrado de forma clara y contundente que las violaciones a los DD HH en Venezuela son una política de Estado. La dictadura ha cometido: detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturas, tratos crueles e inhumanos”, aseveró.
Otra en criticar la postura del mandatario fue la directora del Casla Institute, Tamara Sujú. En su cuenta de Twitter, invitó a Fernández a pasar seis meses en cualquier pueblo venezolano sin acceso a servicios básicos, o a estar detenido en los calabozos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), antes de afirmar que la situación humanitaria de Venezuela ha mejorado.
#Argentina. Invito a todos los venezolanos a contarle al impresentable de @alferdez la situación d #DDHH en nuestro país. Es más, debería vivir 6 meses en las catacumbas del DGCIM preso o 1 mes en cualquier pueblo o ciudad, sin agua, luz, gas de cocina, sin gasolina, sin comida. https://t.co/sTpHVT0AQ5
— Tamara Suju (@TAMARA_SUJU) May 18, 2021
De igual manera, diferentes dirigentes políticos como Delsa Solórzano, Freddy Guevara, María Corina Machado y Antonio Ledezma se pronunciaron a través de las redes sociales para condenar las declaraciones del presidente Fernández.
Una oficina que nunca existió
En su entrevista radial, Fernández dijo que ayudó a Michelle Bachelet en las gestiones para instalar una oficina permanente del Alto Comisionado en Caracas. Esto para hacer un “un seguimiento sobre el funcionamiento de los derechos humanos” en Venezuela.
Luego de su visita a Venezuela entre el 19 y 21 de junio de 2019, una de las solicitudes de Bachelet fue la creación de una oficina para el equipo de trabajo encargado de monitorear la crisis venezolana. Tres meses después, el 4 de septiembre, reiteró la propuesta, todavía sin ser atendida por el oficialismo.
Durante la 45ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el 14 de septiembre de 2020, Bachelet informó que renovó por un año más el Memorando de Entendimiento acordado con el régimen. Aunque aseguró que hubo “avances” de su despacho en materia de protocolos policiales, la autorización para el establecimiento de la oficina permanente aún estaba pendiente.
El equipo delegado opera desde su creación en la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Caracas. En marzo de 2021, Bachelet dio un discurso en la 46ª sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos que causó indignación en el chavismo. El 11 de marzo el canciller del régimen de Maduro, Jorge Arreaza, informó que “revisará” las relaciones de Venezuela con el Alto Comisionado. En su comunicado, agregó que también estudiarían la renovación de la carta de compromiso firmada con Bachelet.
De acuerdo con información del portal Infobae, en ese momento el Ministerio de Asuntos Exteriores revocó las visas de los tres enviados del despacho de la alta comisionada. Los diplomáticos no pueden movilizarse libremente sin autorización de la Administración madurista. Reseña que, ante la falta de una oficina propia, el equipo no gozaba de independencia para realizar su labor, dependiendo de las autoridades nacionales.
Fuentes del Palacio de Miraflores indicaron al medio argentino que el régimen de Maduro espera a que la oficina del Alto Comisionado emita una evaluación más favorecedora sobre Venezuela. Esto para reanudar sus relaciones y renovar las visas de los funcionarios.
Los crímenes de lesa humanidad no prescriben
La Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad fue firmada el 26 de noviembre de 1968, y entró en vigencia en 1970. En ella se establece que las violaciones de derechos humanos graves no pierden efecto penal sin importar la fecha en la que fueron cometidos.nnLa medida se adoptó tras el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, donde se juzgaron a los criminales de guerra nazis años después de la Segunda Guerra Mundial. Se determinó que en esos casos tienen responsabilidad tanto las autoridades del Estado, como los individuos que fueran autores materiales o intelectuales, cómplices, personas que hayan incitado su perpetración y funcionarios que los hayan permitido o tolerado.
¿Qué dice el informe de Bachelet sobre los derechos humanos Venezuela?
En su visita de 2019, Bachelet registró diferentes aristas de la crisis económica, política, social y humanitaria que atraviesa Venezuela. Su informe concluyó que en la mayoría de los casos había responsabilidad directa del Estado en la violación de derechos fundamentales.
También se dejó constancia por primera vez ante la comunidad internacional de la represión sistemática, persecución y múltiples atropellos cometidos por el régimen de Maduro a través de sus cuerpos de seguridad e instituciones judiciales.
Una de las violaciones de derechos civiles registradas fue el cierre de medios de comunicación, hostigamiento contra periodistas y censura promovida por las autoridades. “En los últimos años el Gobierno ha tratado de imponer una hegemonía comunicacional imponiendo su propia versión de los hechos y creando un ambiente que restringe los medios de comunicación independientes”, señala el informe.
Tres años después la situación se mantiene. El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) reveló en su reporte anual que durante 2020 ocurrieron 4.262 episodios de censura a medios de noticias digitales. La mayoría se registraron a través de ataques cibernéticos y bloqueos de los principales prestadores de servicio de Internet. También se reportaron casos de detención y agresión de periodistas, así como el reciente embargo de los bienes del diario El Nacional, por orden de un tribunal.
La actualización del informe presentada en marzo de 2021, Bachelet precisó que continúa la actuación de grupos policiales como la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), adscrita a la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Indicó que este organismo está fuertemente vinculado con un operativo realizado en la parroquia La Vega, Caracas, el 8 de enero de 2021, en el que murieron 14 personas en aparentes ejecuciones extrajudiciales.
Ya en su primer reporte de 2019, la diplomática había solicitado al régimen de Maduro la disolución de la FAES, por considerar que presentaba los mismos comportamientos que un “escuadrón de la muerte”.
Muertes a manos del Estado
Otro de los puntos clave del informe fue el uso excesivo de la fuerza y la muerte de civiles en el contexto de las manifestaciones contra el régimen, así como la práctica de torturas, detenciones arbitrarias y asesinatos. Entre los organismos señalados por estos hechos está la DGCIM, la FAES, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
El 1° de mayo de 2021, el fiscal general del régimen, Tarek William Saab, reconoció la responsabilidad del Estado en los asesinatos de Juan Pablo Pernalete y Fernando Albán. Pernalete murió el 26 de abril de 2017 durante una protesta en Altamira, luego de ser impactado en el abdomen por una bomba lacrimógena disparada por un funcionario de la GNB.
En su momento voceros del régimen como el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, o el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, negaron esta versión y aseguraron que el joven fue asesinado por sujetos dentro de la manifestación con una pistola de perno cautivo.
Albán murió mientras estaba bajo custodia el 8 de octubre de 2018, al caer desde el décimo piso de la sede del Sebin en Plaza Venezuela. Su caso fue manejado inicialmente como un aparente suicidio, a pesar de las contradicciones en la versión oficial. Finalmente, tras reconocer su muerte como asesinato, se ordenó la captura de dos efectivos señalados como los responsables.
Ambos expedientes figuran tanto en el informe de Bachelet como en el realizado por la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela del Consejo de Derechos Humanos. Los documentos cuestionan la capacidad del Estado venezolano para garantizar la justicia, con actuaciones que promueven la impunidad y el miedo a denunciar.
Sin calidad de vida
El discurso de Bachelet de este año también se centró en la falta de acceso a servicios básicos y calidad de vida en Venezuela. Indicó que persisten fallas para adquirir bienes esenciales como alimentos o combustible. También que hay problemas en el sistema de asistencia médica en plena pandemia por covid-19.
Agregó que la situación económica y la hiperinflación contrasta con la depreciación del salario mínimo, lo que vulnera el derecho de los venezolanos a una buena vida y a un salario justo.
A pesar de las declaraciones del presidente Fernández, poco es lo que se ha avanzado en Venezuela en materia de derechos humanos. Salvo pronunciamientos puntuales del Ministerio Público, el régimen de Maduro no ha atendido las recomendaciones hechas por Bachelet en 2019. Solo las recientes denuncias contra Nicolás Maduro y otros jefes del oficialismo ante la Corte Penal Internacional podrían revertir en el corto plazo la situación humanitaria en el país.
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