• De acuerdo con las conclusiones de la Misión de la ONU, hay registros de personas cuyas audiencias preliminares se han aplazado más de 20 veces, manteniendo en prisión preventiva a los acusados por cuatro años, el doble de lo permitido legalmente

La Misión Internacional Independiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hizo público su segundo informe sobre la situación actual en Venezuela. A su criterio, el sistema de justicia del país no es independiente y, contrario a las funciones que le corresponde, ha incurrido en graves hechos de violación de los derechos humanos. 

“Las deficiencias del sistema de justicia han ido de la mano de un patrón de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional en el contexto de una política de Estado para silenciar, desalentar y sofocar la oposición al gobierno desde 2014”, señala un resumen del documento, escrito desde Ginebra, Suiza, por la misma organización.  

Para llegar a estas conclusiones sobre la Determinación de Hechos, la Misión llevó a cabo 177 entrevistas –en gran parte a figuras activas en el sistema judicial–. De igual forma, acudió a jueces y abogados inactivos con una encuesta, además de hacer un “extenso análisis de miles de páginas de expedientes judiciales y otros documentos oficiales”. 

Otro punto que sirvió como base para sus argumentos surgió desde la observación y estudio de 183 detenciones a políticos opositores entre 2014 y agosto de 2021. 

Para Marta Valiñas, presidenta de la respectiva misión, la forma en la que el Poder Judicial ha actuado en los últimos años pone en peligro su función de impartir justicia y proteger los derechos de cada individuo. 

Según nuestra última investigación existen motivos razonables para creer que en razón de una presión política que fue intensificándose, los jueces, las juezas y los fiscales han desempeñado, a través de sus actos y omisiones, un papel importante en graves violaciones de derechos humanos y crímenes cometidos por diversos actores del Estado en Venezuela contra opositoras y opositores, supuestos o reales”, dijo Valiñas.
Poder Judicial en Venezuela | Foto: Cortesía.

Crímenes impunes 

Los designados por la ONU revisaron con detalle varios casos. Entre ellos se encuentran los documentados en 2020 y que, según señalaron, implican a funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), quienes desaparecieron de manera forzada a algunos detenidos durante períodos breves; a esto sumaron casos de violencia de diversa índole (incluyendo sexual), ejecuciones extrajudiciales y torturas. 

Un caso en particular de 2020 fue señalado, en el cual uno de los acusados para entonces declaró ante un tribunal que agentes de la Dirección General de Contrainteligencia (DGCIM) lo interrogaron empleando métodos de tortura como asfixias con bolsa y agregó que en una ocasión tuvo que ser trasladado a un hospital para que lo reanimaran. Además, presuntamente lo amenazaron con aplicar el “Sippenhaft” hacia sus allegados en caso de que no brindara durante el juicio las declaraciones que le indicaron.

Sippenhaft

También escrito como Sippenhaftung, fue un concepto jurídico que estableció el Tercer Reich de los nazis. Bajo esta ley, el individuo sometido a juicio por presuntos delitos contra el Estado extendía automáticamente su responsabilidad penal en igual medida hacia sus parientes, de manera que estos también se consideraban culpables y, por tanto, podían ser arrestados, torturados o condenados a muerte.

De acuerdo con el relato del acusado, los funcionarios cumplieron su amenaza, ya que posteriormente irrumpieron en su casa y arrestaron a sus dos hermanas y a su cuñado por 32 días sin justificación. 

Un caso similar acotado por la Misión de la ONU es el del coronel Oswaldo García Palomo, a quien le secuestraron varios familiares en dos ocasiones para forzarlo a que saliera de la clandestinidad. Otro denuncia documentada, Carlos Marrón, abogado y político que residía en Estados Unidos, sufrió el secuestro de su padre y encarcelación por cuatro días para obligarlo a regresar a Venezuela. 

A pesar de que el Estado venezolano está constitucionalmente obligado a investigar y castigar a todos los autores de violaciones de derechos humanos, el equipo de la ONU afirma que hasta ahora no se han realizado estos procesos como corresponde. 

La abrumadora mayoría de las violaciones de los derechos humanos y los crímenes que documentamos anteriormente no han dado lugar a investigaciones exhaustivas, enjuiciamientos y condenas de todos los presuntos responsables. (…) Si los fiscales y actores judiciales hubieran desempeñado adecuadamente su función constitucional, podrían haber evitado que se cometieran los crímenes y violaciones de derechos humanos”. –Francisco Cox Vial, integrante de la Misión Internacional Independiente de la ONU.

Acusados atacados e indefensos 

En el documento se alega que, además de sufrir castigos que lesionan los derechos humanos, buena parte de las personas procesadas judicialmente eran detenidas bajo cargos carentes de validez o evidencias. 

Adicionalmente, los procesos ilegales eran maquillados y las autoridades los dotaban de justificaciones y características legales inexistentes. Durante los arrestos, explica el resumen de la ONU, “los detenidos y las detenidas padecían  torturas y violencia sexual, se les impedía comunicarse con sus familiares o su defensa, y quedaban fuera de la protección de la ley”.

Misión ONU Venezuela
Encarcelados | Foto: Archivo / Referencial.

Esto se complementa con otra táctica judicial: las demoras procesales. La Misión asegura tener registros de 16 casos de detención en los que las audiencias preliminares se aplazaron por más de dos años, y en estos periodos se aplicaron sanciones como encarcelamientos preventivos y medidas cautelares sustitutivas. 

Asimismo, la extensión de la ONU corroboró algunos casos en los que se aplazó la audiencia preliminar más de 20 veces, manteniendo a los acusados en prisión preventiva por cuatro años, el doble del límite establecido en la ley. 

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