• El periodista y activista fue detenido en marzo de 2019 por funcionarios del Sebin y excarcelado al día siguiente con medidas cautelares. Dos años y 10 meses después, la investigación en su contra fue suspendida tras archivarse su proceso

Dos años y 10 meses. Todo ese tiempo duraron las medidas cautelares contra el periodista y activista Luis Carlos Díaz. Sin embargo, el 1° de febrero de 2022 el Tribunal 31° de Control de Caracas archivó su caso, lo cual dejó sin efecto todas las restricciones que se le habían impuesto.

De acuerdo con la asociación civil Espacio Público, la jueza Vanerkis Márquez pasó su expediente al archivo judicial, lo que significa que la investigación contra Díaz queda suspendida “a menos que surjan nuevos elementos de convicción suficientes”. De igual modo, ordenó el cese de todas las medidas de coerción dictadas por ese mismo tribunal.

Tras su detención en marzo de 2019 por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), se le imputó el presunto cargo de instigación pública. En medio de una fuerte campaña en redes sociales para su liberación, el periodista fue excarcelado con tres medidas cautelares. Estas fueron régimen de presentación cada ocho días, además de prohibirle salir del país y declarar a los medios de comunicación sobre su caso.

“Significa que logramos el cese de las medidas que restringían mi libertad y afectaron mi vida y la de mi familia, pero aún sigo en riesgo”, escribió Díaz en su cuenta de Twitter. 

Desaparición y búsqueda

Foto: EFE

La tarde del 11 de marzo de 2019 Díaz salió en bicicleta de su trabajo en la emisora Unión Radio. Tenía tiempo para ir a su casa antes de volver a un programa especial, pero no llegó. Su esposa, la activista y escritora Naky Soto, pensó que se había quedado en la estación radial para aprovechar la electricidad, pues en ese momento Venezuela apenas se recuperaba del masivo apagón que desconectó a todo el país por varios días. Sin embargo, los productores la llamaron para informarle que Díaz no se había presentado para el programa.

Al no tener noticias sobre su esposo, Soto activó en redes sociales una campaña con la etiqueta #DóndeEstáLuisCarlos. Esto temiendo la posibilidad de que el periodista hubiese sido víctima de una desaparición forzosa por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. Sus sospechas resultaron ser ciertas. Díaz había sido interceptado por agentes del Sebin alrededor de las 5:00 pm, mientras circulaba cerca de la Embajada de Corea del Sur, en la urbanización Country Club de Caracas. Aunque Soto se presentó en las sedes de varios organismos de seguridad para preguntar por su paradero, incluido el Sebin, en todos negaban tenerlo detenido.

Díaz apareció en su apartamento nueve horas después, a las 2:30 am del 12 de marzo. Estaba esposado y acompañado por funcionarios, quienes procedieron a hacer un allanamiento. Durante el procedimiento, el Sebin incautó cuatro teléfonos celulares, tres laptops y un disco duro. También sufrieron el robo de joyas y dólares en efectivo, los cuales no fueron registrados en el acta oficial. Soto denunció que los funcionarios amenazaron con traer un cadáver a la casa y acusarlos de homicidio culposo si reportaban en redes sociales la requisa. Igualmente, la periodista Luz Mely Reyes también fue agredida por grabar desde la calle el hecho. Una vez terminado, el Sebin se llevó nuevamente a Díaz a El Helicoide.

No fue sino hasta la tarde del 12 de marzo que Díaz fue llevado a los tribunales de control. Su audiencia de presentación comenzó a las 7:15 pm, con la presencia de sus abogados y representantes de las organizaciones Espacio Público y Provea. La Fiscalía acusó al periodista de estar vinculado con el apagón nacional, usando como prueba un video subido días antes en el que él y Soto respondían preguntas de Twitter y explicaron cómo mantenerse comunicados en caso de un blackout. Aseguró que Díaz presuntamente instigó a cometer actos de desestabilización, como parte del supuesto sabotaje eléctrico declarado por la narrativa del régimen de Nicolás Maduro.  Luego de recibir las medidas cautelares, lo excarcelaron de El Helicoide alrededor de las 11:00 pm.

Presión pública

La campaña #DóndeEstáLuisCarlos sumó rápidamente miles de voces en defensa de Díaz, las cuales primero buscaban conocer su paradero, y luego exigieron su liberación. Diversas organizaciones defensoras de la libertad de expresión, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) y medios de comunicación también se sumaron a la campaña. Incluso la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó su preocupación por la detención.

“Tengo mil historias, pero por ahora no podemos decir nada. No me enteré de nada hasta que de pronto me dijeron que hasta Bachelet habló de esto. Eso dependió de ustedes”, contó Díaz a su salida de El Helicoide. 

Durante sus horas detenido, el activista sufrió varios tratos crueles por parte de los funcionarios del Sebin. Lo golpearon con sus cascos, fue amenazado, y se le negó su derecho a llamar a un abogado o conocer su lugar de detención. Los agentes también le dieron la falsa información de que su esposa, que para ese momento estaba en tratamiento contra el cáncer, estaba también detenida en el Hospital Militar de Caracas. Nunca le devolvieron su bicicleta, que permaneció incautada como evidencia, a pesar de no estar relacionada con la investigación.

Días después de su excarcelación, el 29 de marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó a Díaz y Soto una medida cautelar de protección. En ella se instaba al Estado venezolano a garantizar la vida e integridad del periodista y su familia, así como su derecho a la libertad de expresión. En el pasado la CIDH ha emitido medidas similares a favor de otros presos políticos y activistas en riesgo, las cuales han sido ignoradas por el régimen de Maduro, como en el caso del director de Fundaredes, Javier Tarazona.

Proceso lento

La excarcelación de Díaz, si bien le permitió retomar varias de sus actividades periodísticas, también mantuvo limitada su libertad. Mientras tanto, su juicio continuaba en los tribunales. Espacio Público llevó la defensa del caso y documentó todos los retrasos a los que se sometió el proceso.

La organización explicó que los fiscales asignados Farik Mora y Jonathan Carrero nunca presentaron pruebas contundentes que demostraran la culpabilidad de Díaz por el cargo imputado. El 9 de diciembre de 2019 ambos fueron citados por el tribunal para que rindieran cuentas de su investigación. Al no tener pruebas, el tribunal les concedió una prórroga de un año para entregar su acto conclusivo. Posteriormente, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) volvió a extender el 9 de diciembre de 2020 el plazo por otro año, aludiendo a la contingencia por la pandemia de covid-19.

“En esta audiencia se evidenció que la Fiscalía no avanzó en su investigación, que no daba respuesta a las solicitudes hechas por su defensa y que no existen motivos ni pruebas suficientes para seguir con la investigación”, señala. Vencida la fecha límite el 28 de noviembre de 2021, los fiscales aún no habían cumplido su obligación de presentar el acto conclusivo. Pero no fue sino hasta el 10 de enero de 2022 cuando el tribunal se pronunció para ordenar el archivo judicial y cese inmediato  de todas las medidas de coerción personal contra Díaz.

El 17 de enero la Fiscalía, a pesar de ya haberse emitido la sentencia, se pronunció para notificar que no habían elementos suficientes para presentar el acto conclusivo. Indicaron que continuarían sus investigaciones sobre el apagón nacional, archivando solo lo relacionado con las acusaciones contra el periodista. El tribunal ese mismo día reiteró su posición, aunque modificando ligeramente el texto para poner que el acta de la Fiscalía se había entregado el 22 de noviembre de 2021. 

“Esta situación es una clara violación al debido proceso. En primer lugar, porque pareciera que existe una modificación extemporánea y arbitraria de las actuaciones fiscales y judiciales. En segundo lugar, en el caso que la Fiscalía haya entregado dicho acto conclusivo el día 22 de noviembre de 2021, nunca hubo una notificación oficial por parte de las autoridades de esta decisión y mucho menos existen motivos para que el tribunal se haya pronunciado dos meses después”, declaró Espacio Público.

Sigue la amenaza

Luis Carlos Díaz y Naky Soto han sido objeto de múltiples amenazas por parte del oficialismo debido a su labor periodística y como defensores de los Derechos Humanos. Por ejemplo, en febrero de 2019 el portal chavista Lechuguinos amenazó a ambos por presentar pruebas de que el proveedor de Internet estatal, Cantv, había redireccionado el registro de la plataforma Voluntarios por Venezuela hacia una página de phishing

Luego del apagón nacional, el entonces presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, difundió una versión manipulada del video de Díaz explicando cómo actuar en esa situación. En su programa Con el mazo dando, transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), acusó al periodista de conspirar contra el Sistema Eléctrico Nacional, incluso antes que lo hiciera el propio Sebin. El video tergiversado también fue replicado por otros programas de opinión oficialistas como Zurda Konducta, del mismo canal. Días después ocurrió el arresto.

Aunque el ciberactivista parece haber recuperado parte de su libertad, aún no está seguro. El 19 de enero de 2022 Cabello volvió a amenazar a Díaz y Soto en su programa de televisión. El ahora diputado del Parlamento mostró varios afiches de “Se busca” con varios políticos opositores y periodistas acusados, según él, de formar parte de la nómina del gobierno interino de Juan Guaidó. De los señalados, la pareja de comunicadores son los únicos que todavía residen en Venezuela, lo que encendió la alerta de una posible arremetida contra ellos. Temores potenciados por la situación judicial de Díaz.

Desde entonces las redes sociales han vuelto a manifestar su solidaridad con los comunicadores, ante una nueva ola de amedrentamientos. Ahora, tras conocerse la decisión del tribunal, a las celebraciones también se suma la exigencia de que el caso no quede simplemente archivado, sino que sea sobreseído para garantizar la libertad plena de Luis Carlos Díaz.

“Esta situación pone en riesgo su derecho a la libertad personal y debido proceso, al existir una posibilidad de exponerlo nuevamente a una investigación, bajo la discrecionalidad y arbitrio del Ministerio Público. Esta suspensión del proceso no cierra por completo la investigación ni implica la inocencia de Luis Carlos aún cuando no hay pruebas en su contra”, asevera Espacio Público.

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