Email
- Los representantes del régimen tendrán hasta el 14 de agosto para interponer su escrito apelando la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares, en el que se autoriza la reanudación de las investigaciones por crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela
La Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) le concedió al régimen de Nicolás Maduro un plazo de 20 días extras para presentar su escrito de apelación. La decisión fue publicada el 12 de julio en un documento firmado por el juez Marc Perrin de Brichambaut, presidente de la cámara.
El 27 de junio, la Sala de Cuestiones Preliminares autorizó a la Fiscalía de la CPI para reanudar su investigación contra el régimen de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad. El 2 de julio, Venezuela introdujo una notificación de apelación sobre esta medida, aunque cinco días después, solicitó a la Sala de Apelaciones una prórroga para presentar su escrito formal, que originalmente estaba pautado para el 18 de julio.
Dado que el fiscal no mostró oposición a la prórroga, la Sala se ciñó al artículo 35 de su reglamento, que permite este tipo de extensiones si existe una razón justificada. En este caso, la defensa venezolana argumentó que la traducción de los documentos pertinentes relacionados podría demorar, además de “desafíos logísticos”. La sala declaró con lugar esas causas, por lo que ahora tendrá hasta el 14 de agosto para interponer su escrito.
Largo proceso
La relación de Venezuela y la Corte Penal Internacional (CPI) es de larga data. Ya en 2006 hubo una investigación preliminar contra el gobierno de Hugo Chávez, la cual no cerró al no ser concluyente. Sin embargo, para 2018 el panorama era diferente. En ese momento, la Organización de Estados Americanos (OEA) determinó que existían evidencias de crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Maduro desde el 12 de febrero de 2014.
Apegados al Estatuto de Roma, seis países (Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú) introdujeron en el tribunal de La Haya una solicitud de investigación contra Venezuela. Ese mismo año el caso fue remitido a la Sala de Cuestiones Preliminares I. En 2020, la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas publicó un informe en el que evidenciaba varios crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen chavista. Entre ellos detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, violencia sexual y ejecuciones extrajudiciales.
El 16 de junio de 2021, el británico Karim Khan asumió como nuevo fiscal de la CPI, y el 12 de agosto de ese año, la sala decidió abrir una investigación preliminar contra el régimen. Esto llevó a Khan a visitar Venezuela durante tres días en octubre, y el 2 de noviembre anunció que abriría formalmente la investigación. En marzo de 2022 viajó por segunda vez a Venezuela, en donde planteó la posibilidad de abrir una oficina de la CPI en Caracas.
En abril de ese año, el Ministerio Público venezolano consignó, tras ser rechazada su solicitud de prórroga, el reporte sobre sus avances en materia de justicia y reparación por las violaciones de derechos humanos investigadas.
Sin embargo, el 1° de noviembre, Khan solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares retomar la investigación. Consideró que el régimen de Maduro realmente no había hecho avances en sus reformas y adecuación del sistema de justicia. 18 días después, se abrió un proceso para recoger opiniones e inquietudes de las víctimas, lo cual fue rechazado por la defensa del régimen. Ese proceso duró hasta el 20 de abril de 2023.
El 8 de junio, Khan viajó por tercera vez a Venezuela. Sostuvo reuniones con la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Gladys Gutiérrez, y el propio Nicolás Maduro. Se desconoce lo conversado en su encuentro, aunque al finalizar Khan anunció la instalación de la oficina de la CPI en Caracas, mientras el régimen ratificó su adhesión al Estatuto de Roma. Aun así, el fiscal reiteró a la sala su deseo de retomar la investigación.
Dar largas
Desde que comenzaron las gestiones ante la CPI en 2018, el régimen de Nicolás Maduro ha realizado diferentes apelaciones y solicitudes de prórrogas, además de peticiones improcedentes, en cada uno de los pasos. De acuerdo a organizaciones como Acceso a la Justicia, estas maniobras solo buscan dilatar más el caso para ganar tiempo.
El 15 de junio de 2021, la entonces fiscal Fatou Bensouda estaba por dar su decisión final sobre su examen preliminar del caso de Venezuela, esto horas antes de concluir su periodo en el cargo. Sin embargo, Saab interpuso un recurso de Sala de Cuestiones Preliminares, por lo que la apertura de la investigación preliminar se postergó hasta la llegada de Khan.
Una vez abierta la investigación, el Ministerio Público tuvo tres meses para consignar evidencias que probaran los intentos del Estado venezolano de hacer justicia frente a las violaciones de derechos humanos. El ente solicitó varias prórrogas, hasta que finalmente la Fiscalía de la CPI se opuso a la concesión de más tiempo. También solicitó que se limitara la intervención de las víctimas y la incorporación de nueva evidencia en los expedientes, lo cual fue denegado.
Otras medidas tomadas por el régimen de Maduro fueron una contrademanda contra el gobierno de Estados Unidos. Allí argumentaba que sus sanciones eran responsables de las violaciones de derechos humanos en Venezuela. La Cancillería también presentó en mayo de 2023 un informe en que pretendía exponer los informes sobre los crímenes cometidos en Venezuela como “falacias de la agresión mediática y geopolítica”. También fue descartado por no mostrar pruebas concretas.
Nuevos frentes
En paralelo a la CPI, la justicia de Argentina podría llevar su propio proceso para investigar los posibles crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Maduro. Esto amparada en el principio de jurisdicción universal. Promovido por la Organización de Naciones Unidas (ONU), permite a un país asumir un caso penal de forma extraterritorial, sin importar el lugar donde se cometió el crimen ni la nacionalidad de sus autores.
El fiscal federal Carlos Stornelli asumió el caso el 13 de julio, centrándose específicamente en las violaciones de derechos humanos cometidas por la GNB durante 2014. Apuntó contra varios funcionarios que en ese momento conformaban el Alto Mando de esa institución, como su entonces comandante, Juan José Noguera Pietri, o el general José Dionisio Goncálvez Mendoza, quien era comandante de la Guardia del Pueblo.
Justamente el 14 de junio, la Fundación Clooney para la Justicia (CFJ), creada por la abogada Amal Clooney (esposa del actor George Clooney), solicitó a la justicia argentina aplicar el principio de jurisdicción universal para investigar los crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela. Esta organización también se ha dedicado desde 2020 a recopilar evidencia para la CPI sobre el caso venezolano, además de apoyar a las víctimas con sus testimonios.
