• Las autoridades de la corte alegaron que la investigación se retomará de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de Roma 

La Corte Penal Internacional publicó el martes 27 de junio  la decisión que autoriza reanudar la investigación por supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. 

Las autoridades de la corte alegaron que la autorización de retomar las investigaciones cumple con lo establecido en el Estatuto de Roma. 

El fiscal de la CPI, Karim Khan, solicitó en noviembre de 2022 la reanudación de la investigación ante la Sala de Cuestiones Preliminares de la institución. El funcionario alegó que en el país no existen mecanismos, procedimientos ni reformas judiciales suficientes para garantizar el reparo de las víctimas de crímenes de lesa humanidad. 

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No obstante, la investigación estuvo paralizada durante varios meses. En ese tiempo la Sala de Cuestiones Preliminares pidió a las presuntas víctimas y sus representantes legales enviar un formulario con sus denuncias a la Sección de Reparación y Participación de las Víctimas. 

La sección evaluó las denuncias de cerca de 8.900 víctimas y presentó su informe a la sala para que los magistrados tomarán su decisión. Recientemente Khan visitó Venezuela y tras su viaje publicó un comunicado en el que sostuvo su creía necesario retomar la investigación. 

Los argumentos de la Sala de Cuestiones Preliminares 

La CPI insistió en que el régimen de Maduro no tendrá acceso a información de las víctimas que enviaron denuncias

Luego de su análisis, la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI concluyó que, si bien Venezuela está adoptando algunas medidas para investigar estos crímenes, los procedimientos penales en el país no reflejan suficientemente el alcance de la investigación prevista por la Fiscalía de la CPI. 

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Uno de los argumentos principales de la sala es que las autoridades venezolanas no investigan ni hacen referencia explícita a la intención de investigar crímenes de lesa humanidad. 

La sala detalló que los procesos internos llevados a cabo por Venezuela buscan responsabilizar a los perpetradores directos de bajo nivel. Agregó que el problema radica en que no se investiga la cadena de mando detrás de los crímenes. 

El organismo cuestionó la selectividad que han mostrado las autoridades venezolanas al momento de investigar. Señaló que han notado “periodos de inactividad investigativa inexplicables”. 

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Esta discriminación también recae en el tipo de crímenes que sí se investigan y los que no. La sala explicó que se ha notado un desinterés por abordar los casos que incluyen crímenes de naturaleza sexual. 

Los obstáculos del régimen de Maduro 

La sala explicó en su informe que la investigación estaba siendo evaluada ante los argumentos presentados por Venezuela para impedirla. Las autoridades del régimen de Nicolás Maduro alegaron en varias ocasiones que la investigación emprendida por Khan iba en contra de los establecido por el Estatuto de Roma. 

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El régimen también argumentaba que las autoridades del país cumplían con todos los requisitos para investigar los supuestos crímenes. 

Luego de que la Sección de Reparación y Participación de las Víctimas confirmó la recepción de las denuncias, el régimen solicitó responder en contra del informe antes de su publicación, pero la CPI lo desestimó. 

Posteriormente el régimen también presentó sus comentarios al informe ya publicado de la sección, pero estos argumentos fueron nuevamente desestimados por la corte. 

La Sala de Cuestiones Preliminares agregó en el documento sobre la reanudación que “esta conclusión no impide que Venezuela proporcione material en el futuro para que la Fiscalía o la Sela determinen la inadmisibilidad” del caso. 

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