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- Organizaciones como Ipys Venezuela y el SNTP denunciaron que funcionarios del Plan República impidieron la cobertura de la prensa alegando una supuesta prohibición de tomar fotos dentro de los centros de votación
El referendo consultivo sobre el Esequibo del 3 de diciembre transcurrió sin mayores sobresaltos y con baja afluencia en las urnas. Para esta elección no vinculante, el Consejo Nacional Electoral (CNE) habilitó 15.857 centros de votación por todo el país, los cuales a lo largo del día lucieron vacíos o con pocos votantes.
Una realidad que contrasta con las declaraciones del presidente del ente comicial, Elvis Amoroso, quien aseguró durante un parte informativo que para el mediodía la participación en el referendo era tres veces mayor a la de otros procesos electorales pasados. Incluso aseguró que durante sus recorridos había visto largas colas fuera de los centros.
“No hay ningún tipo de problema. Todo marcha perfecto”, afirmó Amoroso para señalar que el CNE no ha registrado, hasta el momento, irregularidades en la jornada. Sin embargo, diferentes medios de comunicación, organizaciones y usuarios en redes sociales sí han reportado algunas incidencias que violan las normas electorales.
Puntos rojos
A pesar de que el régimen de Nicolás Maduro se había comprometido en 2021 a no colocar más puntos rojos durante las elecciones, fue una promesa que no se cumplió. A lo largo de la jornada, tanto usuarios en redes sociales como periodistas reportaron la presencia de toldos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) cerca de los centros de votación. Principalmente en el centro y oeste de Caracas, así como en las regiones.
Estos puntos, que el oficialismo ahora llama “tricolores”, se han usado desde las elecciones regionales de 2017 como un mecanismo de control social para registrar la cantidad de votantes que pasa por cada punto electoral. Aunque algunos se instalan a 100 metros exactos del centro de votación para no violar la ley, otros no lo cumplen y ni el Plan República ni el CNE hacen nada al respecto.
En su momento, estos puntos servían para escanear el carnet de la patria y que los electores recibieran bonos o beneficios especiales por votar. Para este proceso, de acuerdo con reportes de los propios militantes encargados a portales como TalCual, solo se lleva un registro manual en una lista.
Muchos de estos puntos, además, han hecho campaña activa, con pendones y afiches alusivos al Esequibo, o reproduciendo en cornetas los jingles musicales usados por el régimen durante la campaña.
Voto forzado
A través de redes sociales, varios usuarios reportaron que empleados públicos fueron obligados a votar en la elección, a riesgo de ser sancionados o despedidos. Luego de acudir a las urnas, debían pasar por los puntos rojos para registrarse y dejar constancia de su participación.
El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ULA) compartió una serie de mensajes enviados a diferentes instituciones públicas en el estado Mérida, en las que insta a los directores a llevar el control de cuántos empleados votaron. Recalcan a su vez la prioridad de que cada empleado pase por el punto rojo o deje su constancia a su superior en caso de que la institución cuente con su propia sala situacional.
“Esto es un patrón de control político que se ejerce para intimidar y amenazar, violando el derecho a votar libremente”, escribió el observatorio.
Por su parte, la Fundación de Derechos Humanos de los Llanos (Fundehullan) denunció que los coordinadores del ambulatorio Thelmo Moreno en Barrancas, estado Barinas, comunicaron al personal que debe votar y anotarse en el punto rojo. Posteriormente, debían reportar su voto a la directora del Área de Salud Integral (ASIC) del municipio Cruz Paredes.
En varias comunidades también hubo denuncias de voceros de comunas y consejos comunales que enviaron cadenas para informar a sus vecinos que debían votar. El Diario tuvo acceso a uno de estos mensajes enviado por un consejo comunal del sector El Cabotaje de Los Teques, estado Miranda. Allí, se amenazaba a los habitantes con quitarles la bolsa de comida Clap si no aparecían en la lista de votantes del punto rojo.
Restricciones de cobertura
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció en su cuenta de X (antes Twitter) que funcionarios del Plan República impidieron a los periodistas cubrir el proceso de votación en la Escuela Ligia Cadenas Alvarado en Tinaquillo, estado Cojedes. No dejaron pasar ni siquiera a canales de televisión del Estado y al equipo de prensa de la Gobernación, además de negarse a llamar al coordinador del centro de votación.
Otro incidente ocurrió en el estado Trujillo, donde el corresponsal del Diario de Los Andes, Eduardo Viloria fue detenido por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). El hecho ocurrió mientras realizaba su cobertura en la parroquia Betijoque, y fue llevado al comando policial donde le quitaron su acreditación del CNE. Al cabo de un rato, los oficiales le pidieron disculpas y lo dejaron ir.
La actitud hostil de los funcionarios hacia los periodistas fue una constante en el proceso. En Yaracuy, un oficial de policía intentó tomarle fotos a la credencial de Ricardo Tarazona, del portal Qué pasa en Venezuela, y le impidió grabar un video de la U.E Cecilio Acosta, a pesar de estar en calle. Una situación parecida vivió David Marcado, de El Periodiquito, a quien un funcionario le ordenó borrar las fotos que había tomado de la U.E. Las Delicias en Maracay, estado Aragua.
En Amazonas, Ipys Venezuela denunció que el Plan República impidió a la prensa cubrir el acto de votación de la alcaldesa de Puerto Ayacucho, Yamilet Mirabal. Los funcionarios del CNE alegaron que estaba prohibido grabar dentro de los centros de votación. Con un argumento similar, un militar le impidió a Gerardo Morón, de Cactus24, tomar fotos del CEI Rómulo Gallegos en Coro, estado Falcón.
