• Las autoridades penitenciarias realizaron al menos 780 traslados hacia otros penales y dejaron en libertad a 70 reclusos. Foto: @mirelct

La ministra para el Servicio Penitenciario del régimen de Nicolás Maduro, Mirelys Contreras, confirmó el desalojo y cierre del Centro Penitenciario Región Capital, Yare I, en los Valles del Tuy (Miranda). 

La funcionaria aseguró el 6 de febrero, mediante su cuenta de Twitter, que desalojaron el 100 % de la cárcel “en completa tranquilidad, de manera pacífica”. 

Contreras indicó al medio de comunicación Últimas Noticias que los reclusos fueron llevados al Centro Penitenciario Carabobo, Centro de Formación El Hombre Nuevo (Tocuyito, estado Carabobo) y el Centro de Formación del Hombre Nuevo “Simón Bolívar” (Caracas), entre otros.

Familiares de los privados de libertad indicaron a la ONG Una Ventana a la Libertad que algunos presos fueron trasladados a los penales Yare II, Yare III y El Rodeo, en Miranda. 

Los detalles del cierre de la cárcel Yare I
Foto referencial

Durante el operativo se realizaron 780 traslados a otros centros de detención y se otorgaron 70 libertades mediante una “Jornada de Atención Jurídica e Integral”, informó la ministra. 

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Los traslados de los reclusos comenzaron el 4 de febrero, de acuerdo con la información que suministraron familiares a la ONG. En la entrada de Yare I pegaron una lista con los nombres de los detenidos y a los centros penitenciarios a los que fueron trasladados.

De los tres recintos carcelarios que funcionan en el Centro Penitenciario Región Capital (Yare I, Yare II y Yare III), Yare I era el único que no estaba bajo la modalidad del nuevo régimen penitenciario. Este régimen consiste en que los presos deben recibir capacitación laboral, participar en actividades de grupo supervisadas, usar uniformes y no estar armados.

La ministra señaló que el proceso de desalojo fue un trabajo que se planificó durante 10 días. Sin embargo, durante la noche del 26 de enero reportaron un tiroteo dentro de las instalaciones de Yare I debido a la resistencia de un grupo de reclusos a ser trasladados a otros centros de detención. Así lo informó la ONG Una Ventana a la Libertad y el Observatorio Venezolanos de Prisiones (OVP).

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El objetivo

La ministra del régimen no ofreció información detallada sobre el motivo del cierre del centro penitenciario ni cuál será el uso que le darán a las instalaciones. 

En el año 2018, Nicolás Maduro aprobó una propuesta que consistía en construir una universidad de Ciencias Políticas en el lugar donde está la cárcel de Yare. En ese lugar estuvo preso el fallecido expresidente Hugo Chávez (1999-2013) después del intento de golpe de Estado del año 1992. 

La ministra anunció que en un lapso de un mes realizarán las requisas necesarias dentro de las instalaciones, en conjunto con el Grupo de Respuesta Inmediata de Seguridad y Custodia (GRIC) y la Guardia Nacional, para incautar objetos prohibidos que se encuentren en el penal desalojado. 

Violaciones a los DD HH

El Centro Penitenciario Metropolitano Yare I y Yare II son beneficiarios de medidas provisionales de protección dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El Internado Judicial Rodeo I y Rodeo II, Centro Penitenciario de Aragua, Centro Penitenciario Región Oriental Monagas, Internado Judicial Bolívar, Centro Penitenciario David Viloria y el Centro Penitenciario de la Región Andina Mérida, también cuentan con medidas de protección de la CIDH. 

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Carolina Girón, directora del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), denunció durante el 141° Período Ordinario de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en abril de 2021 el nivel de hacinamiento en las cárceles venezolanas. 

Los detalles del cierre de la cárcel Yare I
Foto: Cortesía

Señaló que el hacinamiento es de un 120 %. Explicó también que la población carcelaria es de 37.500 personas y la capacidad instalada es de 26.238.

ONG como Una Ventana a la Libertad y el OVP han denunciado las precarias condiciones de reclusión de los privados de libertad en Venezuela. Además del hacinamiento, los reclusos padecen la falta de atención médica, de agua y alimentos, artículos de aseo personal, retardo procesal, incremento de enfermedades como VIH y tuberculosis, entre otras.

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