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- La abogada solicitó que esta denuncia se incluya en la investigación de la Corte Penal Internacional
La abogada Tamara Suju informó que el 26 de marzo entregó a la Corte Penal Internacional (CPI) un informe sobre la presunta intervención del gobierno de Cuba en crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
“Hemos solicitado que se investigue dicha intervención en el marco de la investigación que la Fiscalía realiza por el caso Venezuela I. Hoy hemos cumplido con el mandato de las víctimas que quieren que se haga justicia en sus casos”, escribió Suju en su cuenta en X.
La jurista acompañó la publicación con un video desde la sede ubicada en La Haya (Los Países Bajos), en el que aseguró que el gobierno cubano ha planificado e inducido los crímenes de lesa humanidad “con participación directa e indirecta”.
“Necesitamos recuperar a Venezuela, nuestra soberanía, nuestro territorio de todos aquellos agentes y organizaciones paramilitares que lo están invadiendo. Pero también necesitamos recuperar, además de nuestra democracia y nuestras instituciones, nuestra dignidad. No es posible que haya agentes foráneos encargados de la represión y de la inducción de crímenes de lesa humanidad en nuestro país contra nuestros compatriotas”, agregó Suju.
https://x.com/TAMARA_SUJU/status/1772303294221648329?s=20
En el video, la abogada también envió un mensaje a todos los ciudadanos cubanos sobre los presuntos crímenes cometidos contra dicha población.
“Hoy podría abrirse una ventana para un pueblo que ha sido oprimido terriblemente desde hace muchos años, para esos presos políticos, para esos perseguidos, que no han tenido forma de acudir a la justicia internacional. Aquí podría abrirse una puerta hoy para buscar la justicia contra dichos crímenes”, agregó.
Las investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela
El 26 de septiembre de 2022, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) presentó un informe sobre la existencia de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, con la presunta asesoría del gobierno cubano.
Este informe fue realizado por la Misión Independiente de Verificación de los Hechos y se publicó de manera preliminar el 21 de septiembre.
El documento detalla que exfuncionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) relataron que cubanos entrenaron, asesoraron y participaron en actividad de inteligencia y contrainteligencia con el cuerpo de seguridad.
En el documento aseguraron que estas colaboraciones se remontan a un Memorando de Entendimiento confidencial firmado en el año 2008 por el gobierno de Venezuela y Cuba.
En dicho memorando resaltaba cómo se le encomendaba a funcionarios cubanos la formación de los funcionarios de la DGCIM, incluido los de mayor rango.
“Exempleados de la DGCIM le manifestaron a la Misión que, después de la firma del Memorando de Entendimiento, los oficiales cubanos comenzaron a dirigir entrenamientos en la academia militar de Boleíta y a acompañar a los oficiales de la DGCIM en las oficinas regionales y en Boleíta. Los cubanos formulaban las instrucciones como sugerencias y no como órdenes, pero si un agente de la DGCIM no las seguía, era marcado como ‘persona de interés operativo’ (sospechoso de contrarrevolución)”, reza el informe.
Supuestos crímenes de lesa humanidad
La investigación de la misión de la ONU documentó presuntos crímenes de lesa humanidad supuestamente perpetrados por funcionarios de la DGCIM y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) contra opositores al gobierno de Nicolás Maduro en 2014.
El organismo internacional documentó 122 casos de víctimas que fueron detenidas por la DGCIM, de las cuales 77 denunciaron haber sido víctimas de tortura, violencia sexual y otros tratos crueles.
Estos hechos habrían ocurrido en la sede de Boleíta, en Caracas, y en centros de detención clandestinos ubicados en diversos puntos del país.
La investigación de la CPI
La Sala de Apelaciones de la CPI emitió el 1° de marzo de 2024 la sentencia sobre la reanudación de la investigación por los presuntos crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela.
“No encontramos error alguno en la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares”, señaló Marc Perrin de Brichambaut, presidente de la Sala de Apelaciones de la CPI sobre el caso de Venezuela I.
De acuerdo con esta decisión, el organismo internacional negó los recursos presentados por el gobierno de Nicolás Maduro. Consideró que el Estado venezolano no ha colaborado en la investigación de supuestas violaciones de derechos humanos.
En relación con las denuncias, la Sección de Participación y Reparación de la Víctimas (VPRS, por sus siglas en inglés) recaudó 127 documentos suministrados por víctimas, los cuales fueron remitidos a los jueces de la Sala de Apelaciones de la CPI. En los documentos entregados se exponen casos de homicidio, torturas, desaparición forzada, encarcelamiento, violaciones, violencia sexual, entre otros.
Desde el año 2021, Venezuela se convirtió en el primer país de América Latina en el que la CPI abrió una investigación formal debido a la muerte de más de 150 personas durante las protestas antigubernamentales que se desarrollaron en el país durante el año 2017.
