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  • La organización cuestionó los delitos de los que acusan a los detenidos por condiciones políticas en el país | Foto: El Diario

Human Rights Watch (HRW) advirtió el 16 de enero sobre una “brutal represión” en Venezuela tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, cuando se desató una crisis marcada por protestas contra la reelección de Nicolás Maduro, cuestionada por la oposición venezolana y la comunidad internacional.

La organización señaló en un informe que, a pesar de “las irregularidades” del gobierno y las violaciones de los derechos humanos, Venezuela votó de forma masiva en las elecciones presidenciales, cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó ganador al candidato oficialista.

Recordó que desde entonces el organismo comicial no ha publicado las actas de escrutinio de los distritos electorales ni ha realizado las auditorías electorales o los procesos de verificación ciudadana requeridos por ley.

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Foto: EFE

“Tras el anuncio de los resultados, miles de manifestantes salieron a las calles en protestas mayoritariamente pacíficas para exigir un recuento justo de los votos. La gente, incluso en zonas de bajos ingresos que tradicionalmente apoyaban al chavismo, protestó en gran número. Las autoridades respondieron con violencia y abusos generalizados, incluidos asesinatos, detenciones y procesamientos arbitrarios y acoso a los críticos”, dice el documento. 

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HRW afirmó haber recibido informes creíbles sobre 23 asesinatos de manifestantes y transeúntes e identificó evidencia que vincula a las fuerzas de seguridad y a los grupos armados progubernamentales, conocidos como “colectivos”, con varios de estos asesinatos.

Sobre las acusaciones contra los presos políticos

La organización internacional advirtió que cientos de personas han sido acusadas de delitos que, a su juicio, tienen definiciones muy generales y que conllevan duras penas, como incitación al odio, resistencia a la autoridad y terrorismo.

“Los detenidos suelen permanecer incomunicados durante semanas, se les niega el derecho a ser representados por un abogado privado de su elección y se les presenta en audiencias virtuales, lo que plantea importantes problemas para la administración justa de la justicia. Se informa que algunos, incluidos adolescentes, han sido golpeados y sometidos a otros malos tratos durante la detención”, indicó.

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La crisis política que vive el país desde entonces se acrecentó luego de la cuestionada investidura de Maduro para un tercer sexenio consecutivo en el poder, mientras que la oposición, que reclama la victoria de Edmundo González, considera como la consumación de un “golpe de Estado”.

Otras denuncias

El 14 de enero, la organización no gubernamental (ONG) Justicia, Encuentro y Perdón (JEP Venezuela), informó que se ha detectado un patrón en cuanto a las detenciones por razones políticas en Venezuela que se ha implementado en arrestos durante años anteriores.

Martha Tineo, directora de la ONG, indicó que las detenciones que han documentado inician con una aprehensión arbitraria, seguida de una desaparición forzada de corta o larga duración. 

Asimismo, el 13 de enero, ocho misiones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunciaron el uso de las desapariciones forzadas de corta duración en Venezuela, en medio de los reportes de arrestos que se han llevado a cabo desde el 7 de enero. 

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EFE/ Ronald Peña R.

En el texto, las organizaciones denunciaron las condiciones “inadecuadas” de detención en Venezuela, en las que se incluyen falta de acceso a la alimentación, agua potable y saneamiento, así como la escasa atención y tratamiento médico en los centros de reclusión. 

Asimismo, solicitaron información sobre la condición en la que se encuentran 18 presos políticos, quienes han sido víctimas de desaparición forzada entre ellos, José Javier Tarazona (caso cuatro años detenido), Williams Dávila (cinco meses detenido) y Dignora Hernández (10 meses detenida).

Con información de EFE.

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