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- La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea publicó un informe de 88 páginas en el que detalla todas las incidencias registradas por su equipo durante las elecciones regionales de 2021. Allí, si bien destacaron el papel de un CNE más equilibrado, reportaron varias irregulares como ventajismo electoral, voto asistido e intervención de otros poderes públicos
La jefa de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE), Isabel Santos, presentó el 22 de febrero de 2022 el reporte final sobre las elecciones regionales realizadas en Venezuela el 21 de noviembre de 2021. Allí se recogen los datos recabados por los 134 observadores antes, durante y después de los comicios, con todos sus detalles e incidencias.
El documento fue presentado de manera virtual en Europa. Santos comentó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no respondió sus solicitudes para fijar una fecha de presentación en Caracas. Antes, en diciembre de 2021, la Cancillería del régimen de Nicolás Maduro decidió no extender las visas de permanencia de los observadores. Esto les impidió participar en la repetición de las elecciones regionales en Barinas. Esto luego de que el oficialismo acusara a la MOE UE de presunto espionaje.
El texto, de 88 páginas, ofrece un panorama sobre las condiciones electorales de Venezuela con el nuevo CNE nombrado en mayo de 2021. Aunque los observadores reconocen que en las regionales hubo mayores garantías respecto a los procesos anteriores, también advierte que persisten serias deficiencias estructurales y de seguridad jurídica que ponen en riesgo los avances alcanzados. Por ese motivo, elaboró una lista de 23 recomendaciones para corregir los fallos en el sistema. “Ahora comienza el verdadero trabajo de una reforma electoral”, declaró Santos.
El Diario resume los puntos más importantes reseñados en el informe de la MOE UE:
¿Qué dice sobre el CNE y la confiabilidad del voto?
En su informe, la MOE-UE resalta que el consejo directivo del Consejo Nacional Electoral (CNE) nombrado en mayo de 2021 ha sido descrito por interlocutores de la misión y comentaristas políticos como “el más equilibrado de los últimos 20 años”. Sostiene que esta fue la medida más importante para recuperar la confianza en el ente electoral.
Explica que si bien los tres rectores prochavismo (Pedro Calzadilla, Alexis Corredor Pérez y Tania D’ Amelio) tuvieron el control de los órganos ejecutivos, el consejo “logró mejorar las condiciones técnicas de las elecciones a través del diálogo interno”. Con respecto a los rectores Roberto Picón y Enrique Márquez, vinculados a la oposición, remarca que “no ocultaron sus votos disidentes en temas en los que no se pudo llegar a un consenso, como la inhabilitación o renuncia de candidatos”.
Dicho eso, la MOE UE asevera que el Poder Electoral llevó a cabo la mayoría de sus actividades de manera “eficiente y de acuerdo con el cronograma”. Resalta que la medida más importante en cuanto a la transparencia, fue la realización de 16 auditorías de diferentes etapas del proceso electoral.
Según la misión, una revisión del sistema automatizado por parte de expertos académicos concluyó que el sistema garantizaba la integridad del voto, “a pesar de la extendida creencia popular de que el secreto del voto no está resguardado”. No obstante, critica que las capacitaciones de miembros de mesas, tanto virtuales como presenciales, fueron superficiales y demasiado breves.
Sobre la actualización del Registro Electoral (RE), que se llevó a cabo entre el 1° de junio y el 15 de julio, el informe valoró la extensión del tiempo. Sin embargo, la información proporcionada a los votantes fue “escasa” y en muchos casos los agentes del CNE mostraron un “comportamiento partidista”, aunque no especifica a qué tolda política se refiere. Más adelante menciona al “partido en el poder”, es decir,el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). También nombra el subregistro en el RE, al haber solo 180.000 votantes en el extranjero, aunque han migrado casi seis millones de personas.
Con respecto al uso del poder del Estado por parte del régimen chavista, el informe destaca que el CNE no sancionó las infracciones de las normas de campaña ni el uso de esos recursos, a pesar del despliegue de 2.000 fiscales. “El control de los fondos de los partidos políticos sigue siendo una importante laguna del sistema electoral venezolano”, se lee en el documento.
¿Qué dice sobre el ventajismo del chavismo?
El informe evidencia todo el aparato del régimen de Nicolás Maduro para sacar ventaja en las elecciones, desde los simulacros electorales, en la campaña, durante el proceso de votación e incluso después del sufragio.
Con respecto a la campaña, si bien dice que en general fue “tranquila y pacífica”, advierte que los candidatos del PSUV “se beneficiaron de una amplia red de activistas y del extendido uso de los recursos del Estado, incluido el transporte público y la distribución de bienes y servicios”. En ese sentido, detalla que los observadores de la MOE UE reportaron indicios de que “se presionaba o pagaba a la gente para que asistiera a los actos del partido”. Entretanto la libertad de movimiento de la oposición “se vio limitada por la falta de recursos financieros y materiales, incluido el racionamiento de combustible”.
¿Qué dice sobre la votación?
Uno de los principales aspectos que llamó la atención de la MOE UE fue el retraso en la apertura de las mesas de votación, que estaba estipulado para las 6:00 am. Indicaron que solo el 10 % de las mesas visitadas abrieron puntuales, mientras que 30 % presentó demoras de hasta 30 minutos, y 26 % de más de una hora. “Los retrasos se debieron principalmente a la falta de miembros de mesa, a mala organización y a una capacitación insuficiente”, expresa.
En las 534 mesas de votación de todo el país recorridas por los observadores, destacan largas colas fuera de los centros. En parte, debido a fallas en los equipos y demoras en la instalación. Indicaron que en 46 % de los centros de 10 estados los miembros de mesa fueron sustitutos, en su mayoría testigos de los mismos partidos políticos. Igualmente, los coordinadores acreditados por el CNE realizaron tareas de los miembros de mesa, extralimitándose en sus funciones. Igualmente, también reportaron abuso de poder de los funcionarios del Plan República, quienes desplegaron una fuerte militarización de los centros y estuvieron presentes en las mesas, sin invitación de los miembros.
“La MOE UE observó casos de voto asistido en el 42,5 % de las mesas observadas. En el 9 % de las mesas, los observadores constataron el abuso del voto asistido. La disposición de la mesa no protegía el secreto del voto en el 3 % de las mesas, y en el 8 % de las mesas observadas, los observadores presenciaron violaciones del secreto del voto, en su mayoría por parte de los miembros de mesa”, denuncia el informe.
También fue notoria la presencia de puntos de control por parte de los partidos políticos. Los conocidos “puntos rojos”, los cuales el régimen de Nicolás Maduro se había comprometido a eliminar, fueron registrados en los 24 estados. No obstante, indicaron que en 10 entidades se hallaron además puntos pertenecientes a partidos de oposición. En 4 % de los centros observados hubo transporte organizado de votantes, sin especificar de qué tendencia. Añade que en el 3 % hubo tensión entre los votantes, aunque sin precisar el motivo.
¿Qué dice sobre la libertad de expresión?
La MOE UE enfatiza que los medios de comunicación venezolanos “sufren duras limitaciones técnicas y financieras”, sin ahondar en el motivo. Con respecto a la autocensura, dice que los medios optan por no proporcionar información para “evitar problemas políticos”.
“Los interlocutores de la MOE UE reportaron autocensura en 21 estados, y el cambio de la línea editorial de algunos medios de comunicación como resultado de presiones políticas en 13 estados”, dice el informe. Ignora mencionar que la presión es por parte del régimen chavista. Señala, en cambio, que Conatel puede sancionar directamente a los medios de comunicación, e incluso retirarles las licencias de emisión, “sin necesidad de hacer una verificación judicial de la infracción”.
Y los observadores apuntan directamente contra los medios de propaganda chavista. “El monitoreo de medios de comunicación de la MOE UE mostró que los medios nacionales tuvieron un fuerte sesgo a favor del partido gobernante, que recibió la mayor parte de la cobertura televisiva y radiofónica, especialmente en las emisoras estatales Venezolana de Televisión y Radio Nacional de Venezuela”.
Con respecto a los medios digitales, el informe advierte la estrategia del régimen de Maduro para influir en ellos. Estos intentos, según la MOE UE: “Incluyen el bloqueo de páginas web, campañas de desprestigio contra periodistas y operaciones propagandísticas”. Y agrega: “La Ley contra el Odio de 2017 empujó a periodistas y candidatos a la autocensura en línea”.
Otro aspecto importante que resalta es el uso de Twitter por parte del régimen para promover sus narrativas. Y en este aspecto menciona directamente a Maduro, al “presidente de la Asamblea Nacional” electa en 2021 (Jorge Rodríguez), a ministros y gobernadores, quienes promovieron a candidatos y los mensajes del PSUV usando recursos públicos. Algunos dirigentes opositores, “en mucha menor medida”, también lo hicieron, dice el informe.
¿Qué dice sobre el resto de poderes?
A pesar de reconocer la labor del CNE en la organización de las elecciones regionales, la MOE UE advirtió la injerencia de otros Poderes Públicos sobre sus competencias, entorpeciendo el correcto desarrollo de las elecciones. Entre ellos el Poder Ejecutivo, representado por el régimen de Maduro, que mantuvo un excesivo ventajismo, incluso al momento del cierre de las mesas con su llamado de última hora a votar. Sin embargo, las instituciones que más intervinieron en el proceso fueron el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la Contraloría General de la República (CGR).
Por parte de la CGR, el informe señaló el uso irregular de sus competencias. Principalmente para inhabilitar a candidatos sin una notificación oportuna, y muchas veces sin una motivación explícita. La MOE UR consideró que el órgano del Poder Ciudadano actuó de manera política al bloquear las postulaciones de 15 candidatos del Partido Comunista de Venezuela (PCV), por ser disidentes del oficialismo. También con el caso del dirigente de la MUD Freddy Superlano, cuya inhabilitación fue informada luego de que ganó la Gobernación de Barinas, impidiéndole ejercer el cargo. Posteriormente, durante la repetición de las elecciones en ese estado, también inhabilitó sin notificación previa a los candidatos de la MUD Aurora Silva de Superlano y Julio César Reyes; así como a Aldemaro Sanoja, del PCV.
Indica el texto que estas medidas violan el artículo 42 de la Constitución, que establece que solo una sentencia firme puede suspender el ejercicio de los derechos políticos. Por eso una de sus recomendaciones: “suprimir la prerrogativa de la Contraloría General de despojar a ciudadanos de su derecho fundamental a presentarse a las elecciones mediante un procedimiento administrativo y sin notificación oportuna, lo que repercute negativamente en el derecho a la defensa”. Agrega que en la mayoría de los casos, los candidatos se enteraron de sus inhabilitaciones por los medios de comunicación, o al ver que el sistema del CNE rechazaba su inscripción.
Con respecto al Tribunal Supremo de Justicia, la MOE UE sostiene una extensa lista de irregularidades. Acota que es necesario una reforma de la Ley de la Carrera Judicial y la Ley Orgánica del TSJ. Esto con el fin de garantizar la independencia de poderes y la formación de jueces “transparente, apolítica y basada en el mérito, evitando la invasión de las competencias del Poder Electoral”.
Entre las acciones del TSJ afín al oficialismo están las sentencias emitidas por la Sala Constitucional que arrebataron las tarjetas y símbolos de partidos opositores y disidentes del chavismo, para entregarlos a facciones minoritarias. Las organizaciones afectadas por estas medidas son: Acción Democrática, Voluntad Popular, Copei, Tupamaro, Patria para Todos (PPT), Movimiento Republicano, Compromiso País (Compa) y Bandera Roja. De igual modo, afirma que el TSJ actuó en articulación con la CGR en la inhabilitación de candidatos. Tal es el caso de Freddy Superlano, cuyo conteo de votos fue paralizado y luego se ordenó la repetición de las elecciones, actuando por encima de la autoridad del CNE.
¿Qué dice sobre el caso Barinas?
En los días posteriores a la elección del 21 de noviembre de 2021, el estado Barinas estuvo sumergido en la incertidumbre al desconocerse el resultado de sus elecciones para gobernador. Aunque la MOE UE no pudo presenciar los comicios por su salida prematura del país, dedicó un apartado para subrayar sus aspectos más importantes. Por ejemplo, el informe reportó que el CNE tardó una semana en nombrar una comisión ad hoc para totalizar los votos, a pesar del clima de tensión en el estado.
Resalta la desaparición de tres actas de votación claves para determinar el resultado, donde ya Superlano aventajaba por 300 votos al entonces gobernador Argenis Chávez. Aunque menciona que dichas actas estaban en manos de efectivos del Plan República, no consideraron irregular la forma en que fueron retenidas varios días sin justificación por los militares. “Por razones nunca explicadas, estas actas correspondían a mesas electorales en las que el recuento de los resultados se había realizado manualmente, situación prevista sólo en casos excepcionales”, completa.
Con respecto a la inhabilitación tardía de Superlano y la sentencia del TSJ, la MOE UE reconoce que 2, la Sala Constitucional “interfirió en las competencias del CNE. A pesar de ello, el CNE “aceptó la decisión y convocó las elecciones para la fecha fijada por el TSJ”. Acota que durante este pliegue del Poder Electoral ante el Judicial, los rectores Picón y Márquez emitieron un voto reservado. Ambos alegaron que la inhabilitación de Superlano no había sido notificada al candidato ni al CNE.
Isabel Santos indicó que las conclusiones del informe fueron enviadas al CNE el 21 de febrero de 2022. Indicó que aspira en los próximos días recibir una respuesta del ente, y que pueda cumplir con las mejoras propuestas. “Este informe no da legitimidad ni quita legitimidades. Solo da recomendaciones”, apuntó.
