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- Una nueva solicitud de Luis Ratti ante el TSJ pone en riesgo las primarias de la oposición. En entrevista para El Diario, el politólogo Enderson Sequera explica que es una maniobra común por parte del oficialismo emplear actores que sirvan como mensajeros y así camuflar la falta de autonomía del Poder Judicial
El político vinculado al oficialismo Luis Ratti introdujo el 10 de julio un recurso de amparo ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Su propósito, reconoció en una rueda de prensa, es solicitar que se suspendan las primarias de la Plataforma Unitaria Democrática. Esto porque, a su juicio, favorecen a la candidata María Corina Machado.
“Ahora más que nunca vamos a arreciar una campaña contra las primarias. Vamos a desenmascarar un proceso viciado, lleno de corrupción y mentiras. Es un instrumento que solo sirve a María Corina Machado para sembrar el caos”, declaró.
Esta acción forma parte de una serie de solicitudes que Ratti ha interpuesto ante diferentes instancias gubernamentales en contra de los primarias y, específicamente, contra la dirigente de Vente Venezuela.
El 30 de mayo introdujo ante el TSJ un recurso de amparo para pedir la intervención y remoción de la directiva de la Comisión Nacional de Primaria. Posteriormente se dirigió al Consejo Nacional Electoral (CNE) y a la Contraloría General de la República (CGR) exigiendo la inhabilitación política de Machado y otros candidatos. Ratti aseguró que su solicitud ya cuenta con la presidenta de la Sala Electoral, Caryslia Beatriz Rodríguez, como magistrada ponente.
Vieja táctica
El director estratégico de la plataforma de análisis político Politks, Enderson Sequera, indicó en entrevista para El Diario que Ratti, a pesar de autodefinirse como opositor en sus declaraciones, actúa como un mensajero del régimen de Nicolás Maduro al intentar boicotear las primarias. Pero no es el único. Recientemente se vio cuando José Brito, diputado de la Asamblea Nacional afín al oficialismo, fue el encargado de anunciar la inhabilitación de Machado por parte de la Contraloría.
“Ratti no es un ciudadano preocupado por las primarias, es, simplemente, el mensajero de Nicolás Maduro. Al no haber separación de poderes o justicia independiente en el país, Maduro ordena y el TSJ cumple, independientemente del basamento legal de la solicitud”, señaló.
El uso de políticos y abogados como fichas políticas para introducir demandas que afecten a la oposición ha sido una estrategia bastante usada por el oficialismo. Un ejemplo reciente ocurrió en 2021, luego de las elecciones regionales. Adolfo Superlano, quien era candidato a gobernador de Barinas por el partido MIN-Unidad, impugnó los resultados de los comicios aún cuando el CNE ni siquiera había emitido su primer boletín. La consecuencia fue la suspensión del proceso por orden del TSJ, lo cual se coordinó con la inhabilitación del candidato ganador, Freddy Superlano.
Más obstáculos
Otro caso fue el de Erick Ramírez Trujillo, dirigente del partido oficialista Nuevo Camino Revolucionario (NCR), actualmente convertido en Somos Venezuela. El 11 de octubre de 2016, introdujo un recurso de interpretación ante la Sala Electoral, contra el referendo revocatorio que se promovía contra Nicolás Maduro. Ante esto, el TSJ ordenó a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) recoger en firmas el equivalente al 20 % del Registro Electoral de cada estado, en lugar del total nacional, en solo tres días. Esto, sumado a otras intervenciones judiciales, acabaron por abortar el proceso.
De igual modo, muchas de las sentencias emitidas por el Poder Judicial para bloquear la actividad de la Asamblea Nacional electa en 2015 vinieron también por solicitud de particulares. Ocurrió el 4 de junio de 2020, cuando dirigentes de la Alianza Democrática solicitaron a la Sala Constitucional declarar la omisión legislativa del Parlamento para nombrar a los rectores del CNE. El TSJ no solo lo declaró procedente, sino que asumió la competencia de hacer dichos nombramientos.
Los promotores de esa solicitud fueron Javier Bertucci, Claudio Fermín, Timoteo Zambrano, Juan Carlos Alvarado, Felipe Mujica, Segundo Meléndez, Rafael Marín y Luis Augusto Romero. Todos formaban parte entonces de una mesa de diálogo con el régimen de Maduro, de la cual luego se constituyó la Alianza Democrática.
“En el fondo se trata de la judicialización de la política: unos poderes públicos e instituciones que no responden al Imperio de la ley o al Estado de derecho, sino que responden al mandato de un gobierno autoritario. Este fenómeno lo veremos no sólo para intentar acabar con las primarias, sino para intentar frenar al candidato de la oposición para 2024”, completó Sequera.
Confundir al elector
Que el oficialismo utilice a terceros para intentar bloquear las primarias tiene para Sequera un fin adicional: aprovechar el vacío informativo que hay en el país para confundir a la ciudadanía. El politólogo explicó que actualmente el régimen cuenta con un aparato hegemónico que le permite controlar los medios de comunicación para imponer matrices de opinión.
En este sentido, acotó que se intenta posicionar a actores vinculados al régimen como una suerte de oposición alternativa o disidente, pero que en la práctica responde a los mismos intereses que el oficialismo. Y al dar tribuna a actores como Ratti o José Brito en este tipo de acciones, también busca promover la idea de que hay un enfrentamiento dentro de la oposición.
“Esta movida logra dos objetivos adicionales: fomentar la matriz de opinión de que las primarias no se darán por la división de la oposición y posicionar a otros actores de la oposición a la medida del chavismo, por medio de una nueva mesa de diálogo nacional como la que asomó Ratti que se convocará”, agregó.
Contra el PCV
La instrumentalización del TSJ también se ha empleado para incapacitar a los partidos políticos disidentes del régimen. No solamente opositores, sino también a aquellos que muestran abiertamente su inconformidad desde el propio oficialismo. El mismo 10 de julio, un grupo de presuntos militantes del Partido Comunista de Venezuela (PCV) introdujo también un recurso de amparo, solicitando la intervención de esa tolda.
Su principal vocero fue Henry Parra, un exmilitante expulsado del PCV en 2021, luego de apoyar la campaña a la Gobernación de Táchira de Freddy Bernal, del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en lugar de al candidato de su propio partido. Parra había encabezado el 22 de mayo un supuesto congreso comunista en el Teatro Bolívar, junto a otros seis dirigentes vinculados al PSUV. Desde entonces, la directiva del PCV ha denunciado el intento de ese grupo de tomar el control del partido.
Efectivamente, Parra informó que su recurso tiene como fin la destitución de la directiva actual del PCV y la conformación de una junta ad hoc. Una estrategia que había sido utilizada en junio de 2020 contra el partido opositor Acción Democrática (AD). Esto tuvo como resultado la facción actualmente dirigida por Bernabé Gutiérrez, y que ocupa la tarjeta y símbolos del partido ante el CNE. Ese año al menos ocho organizaciones políticas, entre ellas Voluntad Popular, Primero Justicia (la cual luego fue revertida), Bandera Roja y Movimiento Republicano.
Por el lado del oficialismo también se intervino mediante juntas ad hoc a los partidos Patria Para Todos (PPT), Tupamaro, Compromiso País (Compa). Al igual que el PCV, estos se habían distanciado del régimen. Consideraban incluso abandonar el Polo Patriótico, tras denunciar el control que el PSUV ejercía sobre el resto de organizaciones.
Promover la división
Sequera señaló que la intervención de partidos políticos y la inhabilitación de candidatos son dos cosas que suelen ir de la mano. “Su objetivo es destruir la vía electoral y evitar que la oposición vuelva a despertar la expectativa de cambio en el país”, destacó.
Advirtió que esta estrategia se basa también en captar a militantes para que generen división dentro del partido y así esta facción pueda tomar el control de su imagen a través del TSJ. Así, el régimen no solo suma organizaciones sumisas que puedan dar legitimidad a sus iniciativas, sino que también profundiza la confusión de los votantes al ver la tarjeta de los partidos judicializados en el tarjetón electoral.
“Al día de hoy, hay ciudadanos que no saben que hay un AD de Henry Ramos Allup y un AD de Bernabé Gutiérrez, y las diferencias que hay entre ambas. Y en medio de esa confusión, gana el chavismo”, precisó.
Próximos escenarios
De acuerdo con el periodista Vladimir Villegas, el TSJ estaría preparando su próxima sentencia. Esta podría ir por dos vías: impedir la realización de las primarias, u obligar a la Comisión Nacional de Primarias a descartar la participación de los candidatos inhabilitados por la CGR. Sequera también cree bastante probable que las solicitudes de Ratti sean aceptadas, a pesar de carecer de un sustento legal sólido.
“Esto no puede sorprendernos. Sólo basta echarle un ojo a los absurdos motivos que se esgrimen en la inhabilitación de María Corina Machado para entender que al chavismo no le importa la ley, sólo lograr mantenerse en el poder”, comentó.
Por eso, el consultor político opinó que la comisión tiene por delante dos escenarios a considerar si el TSJ emite alguna sentencia en su contra. La primera, apelar a la desobediencia civil y continuar el proceso sin cambios. La segunda, buscar un método alternativo para elegir al próximo candidato presidencial opositor.
No obstante, reconoció que esta opción supondría no solo un riesgo de persecución para los miembros de la CNP, sino también un alto costo político para los partidos. Sobre todo por la represión que vendría en respuesta por parte del régimen. Agregó que si el TSJ prohíbe las primarias, su candidato electo quedaría inhabilitado automáticamente para las elecciones de 2024, aunque no tenga registros abiertos previamente.
Consenso
La otra opción que Sequera pone en la balanza es la elección de un candidato por consenso. Algo que desde algunos sectores de la propia oposición se ha intentado promover advirtiendo el complejo camino que tienen las primarias por delante. Sin embargo, el politólogo no la ve como la opción más viable.
Igualmente dijo que esta opción tampoco garantiza que el régimen no inhabilite al candidato escogido más adelante. “El consenso encierra un enorme riesgo de ser incapaz de despertar la expectativa de cambio de los venezolanos y romper con la tendencia a la creciente movilización que se ha visto en las calles del país”, observó.
