• El secretario ejecutivo de Sintrasalud está bajo custodia en la sede del Servicio de Investigación Penal en Barcelona

El partido Voluntad Popular (VP) denunció la tarde del 2 de diciembre la detención del dirigente sindical Yovanni Yaguaracuto, en la ciudad de Barcelona, estado Anzoátegui. Indicó que alrededor de las 2:00 pm fue aprehendido por funcionarios y llevado a la sede del Servicio de Investigación Penal (SIP) de la entidad.

Yaguaracuto era secretario ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de la Salud (Sintrasalud), además de responsable regional de trabajadores de la tolda naranja. En su cuenta de X (antes Twitter), VP aseguró que tenía días reportando las fallas en los hospitales de la región, además de luchar por las reivindicaciones salariales de los trabajadores de la salud.

En marzo de 2023, el sindicalista denunció la muerte de más de 60 neonatos en el Hospital Luis Razetti de Barcelona debido a la infección del pabellón con una bacteria y a la falta de insumos  médicos. Yaguaracuto afirmó que desde 2022 había enviado varios documentos y cartas al Consejo Legislativo de Anzoátegui para investigar a las autoridades del centro de salud, pero que jamás obtuvo respuesta.

Rechazo

Elecciones de Voluntad Popular dejarán al partido legitimado y con caras conocidas en los liderazgos
Foto: Cortesía

Voluntad Popular no fue la única organización que exigió la liberación inmediata de Yaguaracuto. Otros partidos como La Causa R condenaron el hecho y reclamaron el cese de la persecución por parte del régimen de Nicolás Maduro contra los trabajadores que luchan por mejores condiciones laborales.

La Plataforma Unitaria Democrática también se pronunció para comentar que la detención del sindicalista forma parte de la violación sistemática de derechos humanos cometida por el régimen y sus funcionarios de seguridad. 

“Yovanni tenía tiempo haciendo visibles las crisis salariales y de derechos laborales en el sector salud, uno de los más golpeados por el régimen de Nicolás Maduro. Exigimos su inmediata liberación”, escribió en X.

Sin avances

De acuerdo con el Foro Penal, actualmente hay alrededor de 275 presos políticos en Venezuela. En los últimos meses, varios de ellos han sido líderes sindicales que han dirigido protestas de trabajadores para exigir mejores sueldos y condiciones laborales. Ejemplo de ello es la condena a 16 años de prisión a seis activistas sindicales el 1° de agosto.

Precisamente la liberación de presos políticos había sido uno de los puntos clave del Acuerdo de Barbados firmado por el régimen de Maduro y la Plataforma Unitaria. Sin embargo, ante la falta de avances en este tema, el gobierno de Estados Unidos anunció que estudia retomar las sanciones contra funcionarios e instituciones del oficialismo.

Debido a la falta de avances significativos por parte de Nicolás Maduro y sus representantes en la liberación de ciudadanos estadounidenses y prisioneros políticos venezolanos detenidos injustamente, Estados Unidos está revisando el alivio de nuestras sanciones a medida que evaluamos los avances que se han logrado”, expresó en un comunicado el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller.

Otros detenidos

¿Qué se sabe sobre el caso de Nelson Piñero, el activista al que dictaron privativa de libertad?
Foto archivo

El 21 de noviembre, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) se llevaron de su casa en Valencia (Carabobo), al activista Nelson Piñero. Dos días después el Tribunal Primero de Control de la entidad le dictó privativa de libertad.

Delsa Solórzano, líder del partido Encuentro Ciudadano, del cual Piñero era militante, repudió el hecho públicamente. Indicó que durante la audiencia, los fiscales argumentaron que la razón de su detención eran sus continuas críticas contra el régimen de Maduro y el gobierno local en sus redes sociales. Precisamente en una de sus últimas publicaciones cuestionó el simulacro del referendo consultivo sobre el Esequibo.

Otro caso es el del estudiante de la Universidad Central de Venezuela (UCV) John Álvarez. El 23 de agosto fue detenido por la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Estuvo desaparecido hasta el 1° de septiembre, cuando sus familiares fueron notificados de su arresto y pudieron verlo. En su audiencia de presentación, se le vinculó al mismo caso que los seis sindicalistas condenados.

Los abogados de Álvarez denunciaron que el joven sufrió torturas por parte de los funcionarios de la DAET. El 26 de septiembre, un mes después de su arresto, el Ministerio Público autorizó una revisión médica, donde comprobaron que Álvarez perdió la visión en su ojo izquierdo, además de presentar inflamación de un riñón y lesiones en la pierna derecha.

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