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- En diferentes oportunidades figuras políticas como Juan Guaidó y el G4 han rechazado las elecciones de este 6 de diciembre y argumentan que son ilegítimas. En este artículo, El Diario resume varios puntos que giran en torno a los comicios
Cuestionadas, ilegítimas y fraudulentas, así son calificadas por los venezolanos, políticos y la comunidad internacional las elecciones parlamentarias de este domingo 6 de diciembre. Sin embargo, esto no ha frenado al régimen para que dichos comicios se lleven a cabo.
Los diputados electos serían juramentados el próximo 5 de enero para el periodo legislativo 2021 – 2026. Países como Estados Unidos, Ecuador y organismos como la Unión Europea (UE), han detallado que no reconocerán los resultados.
En El Diario analizamos las cinco razones principales por las cuales las parlamentarias son consideradas como fraudulentas:
1. Inhabilitación e intervención política
El chavismo ha promovido, a través de los poderes públicos, la inhabilitación de diversos partidos y personajes políticos. El primero fue Leopoldo López, a quien la Contraloría General de la República (CGR) le impuso una inhabilitación de seis años. Al vencer ese periodo, lo detuvieron en el contexto de las protestas antigubernamentales de 2014 y en la actualidad, se encuentra exiliado en España.
En 2015, la CGR inhabilitó también a María Corina Machado, dirigente nacional del partido Vente Venezuela; y al exgobernador del estado Zulia, Pablo Pérez. Ese mismo año, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) hizo lo mismo con el exalcalde del municipio San Diego en el estado Carabobo, Enzo Scarano. Dos años después, la CGR declaró la “responsabilidad administrativa” de Scarano y lo inhabilitó por un periodo de 15 años. Pese a que la decisión del TSJ cesó en el año 2018, la contraloría ratificó la inhabilitación.
En 2017 fue Henrique Capriles y dos años después el CGR inhabilitó además a Antonio Ledezma, exalcalde metropolitano y luego a Juan Guaidó, actual presidente de la Asamblea Nacional y mandatario interino de Venezuela.
Ahora, en los comicios del 6 de diciembre, el TSJ afín al régimen intervino a los principales partidos de oposición Acción Democrática (AD), Primero Justicia (PJ), Voluntad Popular (VP) y Un Nuevo Tiempo (UNT) para imponerles juntas directivas ad hoc que los obliguen a participar en las elecciones.
Pero la intervención no solo es para opositores. El supremo oficialista también impuso directivas a partidos tradicionalmente identificados con el chavismo como Patria Para Todos (PPT) en vista de que este se desligó del Gran Polo Patriótico y acude a los comicios con una coalición denominada Alternativa Popular Revolucionaria. El partido Tupamaro también fue intervenido.
2. Ausencia de un sistema automatizado fortalecido
Desde el año 2003 y hasta 2017, Venezuela utilizó para sus procesos electorales el software y el hardware diseñado por Smartmatic. La empresa abandonó el país y rompió su relación comercial con el Estado venezolano después de denunciar que la entonces presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, había manipulado el boletín de participación de la elección de los delegados para la asamblea nacional constituyente (ANC) en 2017.
Posteriormente, en 2018 la filial en Venezuela de la empresa argentina ExClé, asumió el puesto de Smartmatic.
Pero las irregularidades no se detuvieron ahí. El 7 de marzo de 2020 se incendiaron los galpones del CNE ubicados en Fila de Mariches (municipio Sucre, estado Miranda), hecho que generó aún más incertidumbre sobre el futuro electoral del país, puesto que el organismo se quedó sin la indumentaria necesaria para las votaciones.
El régimen venezolano, mediante una transmisión televisada en la sede del CNE en Caracas, dio cuenta de la adquisición de nuevas máquinas electorales.
Lo que se conoce de estos dispositivos, según detalló el rector Carlos Quintero, es que cuentan con una pantalla táctil y con autonomía de 10 horas de funcionamiento gracias a una batería de litio que permite el funcionamiento sin electricidad externa.
El nombre de los nuevos dispositivos es EC21 y pretenden sustituir a las máquinas dañadas durante un incendio ocurrido en los galpones del CNE a mediados de marzo.
3. Violación del artículo 298 de la Constitución
El órgano electoral aprobó las Normas Especiales para regular la elección de la Asamblea Nacional en junio de este año, obviando el artículo 298 de la Constitución nacional, que establece la prohibición de modificar leyes electorales con menos de seis meses de anticipación para la elección.
¿Qué modificaron las Normas Especiales? Incrementaron el número de diputados en el Parlamento sin justificación legal ni técnica. Cambiaron los porcentajes poblacionales previstos en el artículo 186.
Además, en las normas para regir la elección de los tres diputados indígenas, el CNE eliminó el voto universal, directo y secreto, degradando el voto de la población indígena a segundo grado.
4. Reestructuración del CNE realizada por el TSJ
Cinco nuevos rectores del CNE fueron designados el 12 de junio por el TSJ pese a que, de acuerdo con Ley Orgánica de Procesos Electorales, la Asamblea Nacional es el organismo facultado para hacer dicho nombramiento.
Sin embargo, la Sala Constitucional del TSJ dio a conocer los nombres de los funcionarios electorales: Indira Maira Alfonzo Izaguirre, como rectora principal y presidenta del máximo ente comicial; Rafael Simón Jiménez Melean, como rector principal y vicepresidente del CNE (quien luego dimitió); Tania D’Amelio Cardiet, como rectora principal; Gladys María Gutiérrez Alvarado, como rectora principal y José Luis Gutiérrez Parra, como rector principal. La mayoría vinculada al chavismo.
Leonardo Morales Poleo tomó el lugar de Rafael Simón Jiménez.
Pero ¿Por qué el TSJ designó a los rectores? El 5 de junio el organismo publicó una sentencia en la que declaró que existía una omisión legislativa por parte de la Asamblea Nacional que obstaculiza su labor de designar a los rectores del ente comicial.
La decisión fue la respuesta a un recurso que introdujo el día anterior Felipe Mujica, secretario del partido Movimiento Al Socialismo (MAS). Además de otros integrantes de la mesa de diálogo que impulsó el régimen de Maduro con sectores minoritarios de la oposición.
5. Los nuevos rectores y las sanciones
Indira Alfonzo, rectora principal y presidenta del ente comicial, fue sancionada en 2019 por el gobierno de Canadá. La razón de esta medida respondió a que el país norteamericano la consideró como una de las responsables de atentar contra los derechos humanos y la democracia en Venezuela.
Tania D’Amelio a quién el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó en 2017 por ser una de las principales causantes de que Maduro continúe en el poder, fue también sancionada por el gobierno estadounidense el 30 de marzo de 2018.
D’Amelio y la rectora Gladys Gutiérrez fueron consideradas de “alto riesgo” por presunto blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva.
Esto quiere decir que sobre tres de los cinco rectores del CNE pesan sanciones internacionales y aun así, fueron puestos en cargos estratégicos por el régimen madurista.
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