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- En la disputa territorial por la Guayana Esequiba, la Corte Internacional de Justicia juega un papel clave, al ser el órgano encargado de mediar en el caso. Venezuela insiste en desconocer su jurisdicción, aunque su juicio avance en paralelo al referendo consultivo promovido por el régimen de Nicolás Maduro
El régimen de Nicolás Maduro se prepara para realizar el 3 de diciembre un referendo consultivo sobre el Esequibo. Allí, se preguntará a la ciudadanía si ratifica las posturas diplomáticas de Venezuela sobre la disputa y si aprueba la anexión del territorio con la creación del estado de Guayana Esequiba. Una propuesta controvertida que generó el rechazo absoluto por parte de la República Cooperativa de Guyana.
De las cinco preguntas que componen la consulta, la número 3 ha sido una de las más llamativas, y objeto de opiniones divididas entres los sectores políticos que participarán en el proceso. “¿Está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba?”, expresa.
Precisamente ante esta instancia se realiza actualmente un juicio que podría definir el futuro de la Zona en Reclamación. Mientras Venezuela insiste en desconocer su autoridad, al punto de no presentar casi defensa en sus audiencias, para Guyana es la carta sobre la que confía incluso su intento de evitar que el referendo avance.
Sin embargo, el rol de la CIJ en este conflicto es mucho más complejo de lo que se simplifica en las narrativas oficiales de cada bando. Tanto su rol como mediador y su legitimidad dentro de la comunidad internacional son cuestiones que van más allá de lo que cabe en la pregunta del referendo.
¿Qué es la CIJ?
La CIJ se creó en 1945 como el principal órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Se ocupa de dos tipos de procedimientos: el primero, de tipo contencioso, para resolver disputas entre Estados; y el segundo, de tipo consultivo, para aclarar cualquier cuestión jurídica planteada por ciertos organismos y agencias de la propia ONU.
Su sede está en el Palacio de la Paz, en La Haya, Países Bajos. De los seis órganos principales que constituyen las Naciones Unidas, es el único que no se encuentra en Nueva York (EE UU). Sus idiomas oficiales son el inglés y el francés.
Para los asuntos contenciosos solo pueden participar Estados, aunque no sean miembros de la ONU. Es decir, el tribunal no acepta demandas por parte de ninguna persona, natural o jurídica. Sus principales métodos para el arreglo pacífico de controversias son la mediación y el arbitraje, aunque en su artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas se reconocen otros mecanismos como la negociación, conciliación, investigación y arreglos judiciales.
Con la firma de la Carta de Naciones Unidas, todos sus Estados miembros suscriben también los estatutos de la CIJ. Por eso, en teoría, se comprometen a acatar las decisiones que tome la corte, las cuales son vinculantes, finales y sin posibilidad de apelación. Sin embargo, la CIJ no cuenta con poder real para aplicar sus fallos, más allá de aplicar multas o sanciones a los países que no las cumplan, a través de la ONU.
¿Quiénes son los integrantes de la CIJ?
La CIJ se compone de 15 magistrados electos para un periodo de nueve años, elegidos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. Pueden ser reelectos para un segundo periodo, aunque este cuerpo no se renueva por completo, sino de forma escalonada, con elecciones cada tres años para cambiar a un tercio de sus magistrados.
No pueden haber dos magistrados de la misma nacionalidad durante un mismo periodo. Tampoco pueden participar en decisiones que involucren a su país, o asuntos en los que hayan intervenido legalmente antes de ocupar sus cargos.
Actualmente la presidenta de la corte es la estadounidense Joan E. Donoghue, con el ruso Kirill Gevorgian como vicepresidente. Sin embargo, el periodo de ambos vencerá en el año 2024. El resto de sus miembros son Peter Tomka (Eslovaquia), Ronny Abraham (Francia), Mohamed Bennouna (Marruecos), Abdulqawi Ahmed Yusuf (Somalia), Xue Hanqin (China) y Julia Sebutinde (Uganda).
También Dalveer Bhandari (India), Patrick Lipton (Jamaica), Nawaf Salam (Líbano), Yuji Iwasawa (Japón), Georg Nolte (Alemania), Hilary Charlesworth (Australia) y Leonardo Nemer (Brasil).
¿Cómo llegó la CIJ al conflicto?
En 1899, Venezuela perdió el territorio de la Guayana Esequiba a manos del Reino Unido con el laudo arbitral de París. Apenas pudo recuperar zonas de la desembocadura del río Orinoco, y durante más 60 años se mantuvo así hasta que en 1962 el gobierno de Rómulo Betancourt acudió a la ONU para reiniciar la disputa.
El resultado fue el Acuerdo de Ginebra, firmado en 1966. Allí, Reino Unido reconocía la existencia de un reclamo de Venezuela sobre el territorio, y ambos se comprometían a negociar un acuerdo definitivo y beneficioso para las partes. Unos meses después de su firma, Londres le concedió a la entonces colonia de la Guayana británica su independencia, pasando a ser la República de Guyana. Aun así, desde su creación debió suscribir el acuerdo y heredar el rol de su Estado antecesor en la disputa.
La idea del Pacto de Ginebra era llegar a un acuerdo entre las partes en un lapso de cuatro años, lo cual no ocurrió. En 1983, Venezuela llevó la disputa a la Secretaría General de la ONU, y en 1989 comenzó un proceso de negociación a través del mecanismo de buenos oficios. Tampoco hubo avances y el proceso llegó a un punto muerto hasta 2015, cuando el descubrimiento de yacimientos de petróleo y gas natural en aguas del Esequibo reavivó las tensiones entre Guyana y Venezuela.
Con el fracaso del mecanismo de buenos oficios, en 2018 el secretario general de la ONU, António Guterres, reconoció su incapacidad para mediar en el asunto y remitió el caso a la CIJ. En diciembre de 2020, la corte determinó que tiene jurisdicción sobre el caso, por lo que inició una serie de audiencias para su estudio a fondo.
¿Por qué Venezuela desconoce su jurisdicción?
El Acuerdo de Ginebra tiene dos interpretaciones distintas por cada una de las partes. Mientras Venezuela lo ve como un nuevo proceso para negociar su reclamo sobre el Esequibo, anulando el de 1899, para Guyana se trata de un mecanismo justamente para decidir si se ratifica o no el laudo arbitral de París.
Ya en 1983 Guyana había propuesto llevar el caso a la CIJ, lo cual fue rechazado por Venezuela, que se inclinaba por una negociación directa. Cuando Guterres delegó sus competencias a esta instancia, el gobierno guyanés interpuso una demanda para someter la disputa a examinar la validez del laudo arbitral. Venezuela introdujo sus objeciones preliminares para evitarlo, pero el 6 de abril de 2023, la CIJ las declaró sin lugar y decidió avanzar con el juicio.
Desde el principio, el régimen de Nicolás Maduro ha desconocido la jurisdicción de la CIJ sobre el caso. En un comunicado emitido en 2020, la Cancillería venezolana señaló que para Venezuela, “el Acuerdo de Ginebra es la única forma taxativa bilateral vigente, aplicable para dirimir, mediantes negociaciones amistosas, la controversia territorial”. Es decir, que insiste en la búsqueda de un arreglo que no involucre a ninguna corte.
No obstante, expertos consultados por El Diario como los diplomáticos Óscar Hernández y Eloy Torres coinciden en que si bien la posición histórica de Venezuela es la negociación, el Acuerdo de Ginebra no niega la vía judicial de ser necesaria. En este sentido, Hernández particularmente considera que el régimen de Nicolás Maduro debe presentarse en el juicio justamente para demostrar que el laudo arbitral fue un proceso írrito y viciado, pues cuenta con evidencias a su favor. De lo contrario, aseguró que negar a la CIJ y abandonar el caso solo hará que se pierda el Esequibo, al escucharse nada más la versión de Guyana.
¿Cuál es el estatus del juicio en la CIJ?
Luego de que se convocara al referendo consultivo, Guyana introdujo el 14 de noviembre de 2023 una nueva demanda ante la CIJ. En este caso, para solicitar que se tomen medidas provisionales contra Venezuela pues, a su juicio, la elección pone en riesgo su integridad territorial. Acotó que la Zona en Reclamación representa alrededor del 70 % de la superficie actual de ese país.
En los días siguientes, representantes tanto de Venezuela como de Guyana acudieron a La Haya para exponer sus argumentos. Georgetown asegura que Venezuela planea apoyarse en un presunto apoyo popular para desconocer a la CIJ. También anexar unilateralmente el territorio, lo que se podría considerar como una agresión. La vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez, defendió la legalidad del referendo apelando a su soberanía. Insistió en que la vía judicial no es un mecanismo reconocido por Venezuela para resolver el conflicto.
Por su parte, la CIJ emitió su fallo el 1° de diciembre. La jueza Donoghue dictaminó que el referendo suponía un “riesgo de perjuicio irreparable” sobre los derechos de Guyana. En ese sentido, instó a Venezuela a no tomar acciones que modifiquen la situación territorial del Esequibo hasta que exista una resolución definitiva del caso. También hizo un llamado a ambos países a cesar las hostilidades y a evitar maniobras que pudieran “agravar o postergar” el juicio. No obstante, la CIJ se abstuvo de actuar directamente sobre el referendo, y no lo suspendió.
