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- El último informe publicado por el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) precisa que los estados que registraron una mayor cantidad de manifestaciones fueron Táchira, Mérida y Miranda, seguidos por el Distrito Capital y Anzoátegui| Foto principal: AFP
La cuarentena y el distanciamiento social no han impedido que los venezolanos protesten exigiendo sus derechos. Eso es lo que se desprende del último informe publicado por el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) que recoge las cifras del primer semestre del año.
En el documento la Organización No Gubernamental señala que durante el mencionado período contabilizaron un total de 4.414 protestas. Cifra significativamente inferior a la registrada en el año 2019 cuando fueron documentadas 10.477 manifestaciones populares.
Marco Antonio Ponce, director del OVCS, aclara que esta disminución no debe ser vista como una mejoría en la situación del país, sino por el contrario evidencia el agravamiento de los problemas que padece la ciudadanía.
Señala que en un contexto de pandemia el hecho de que se registraron más de 4.000 protestas ciudadanas permite afirmar que las condiciones son aún más complejas que las vividas en 2019.
El informe revela que el foco de las protestas estuvo dirigido hacia la demanda por Derechos Económicos, Sociales Culturales y Ambientales (Desca). Estos representaron 79% del total de manifestaciones ocurridas en el país.
Desde el OVCS apuntan que esta realidad fue visibilizada en el informe presentado a inicios de julio por la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Michelle Bachelet. Detallan que en él se pone de manifiesto que el régimen de Nicolás Maduro ha fallado en garantizar un “nivel mínimo esencial de derechos económicos y sociales, en particular para los sectores que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad”.
Ponce indica que esta no es la primera oportunidad en la que la Acnudh pone en evidencia la grave situación que se vive en el país y la forma sistemática en la que son violados los derechos humanos. Asegura que a través de esos informes es posible apreciar cómo la crisis poco a poco se ha ido profundizando con el paso del tiempo.
El informe publicado por el OVCS revela también cómo ha sido la distribución de las protestas y como la región andina se ha convertido en un foco de conflictividad al aglutinar 27% del total de las manifestaciones. El documento precisa que los estados que registraron una mayor cantidad de protestas fueron Táchira, Mérida y Miranda, seguidos por el Distrito Capital y Anzoátegui.
“Las acciones documentadas en zonas rurales y urbanas se caracterizaron por ser espontáneas y protagonizadas principalmente por vecinos que exigen servicios básicos, alimentos, gasolina y mejor infraestructura de salud”, se lee en el informe.
El OVCS apunta que las modalidades de protesta más frecuentes empleadas por la ciudadanía fueron las concentraciones (1.585), cierres de calles o avenidas (1.457), cacerolazos (608), pancartazo (510), paro (234) y en menor medida marchas (170).
Explican que en casi la mitad de ellas (42%) se caracterizaron por ser combinadas, es decir emplear dos o más tipos de modalidades de protesta.
Servicios básicos
Desde la ONG señalan que de las 4.414 que se produjeron durante el primer semestre más de la mitad (2.505) fueron para exigir el acceso a servicios básicos. Esto según ellos es una clara demostración del colapso en el que se encuentran servicios como agua, electricidad y gas doméstico, los cuales deberían ser garantizados por el Estado venezolano.
Indican que el servicio por el cual se presentaron la mayor cantidad de protestas fue el de la energía eléctrica, con un total de 1.014 manifestaciones populares.
Aseguran que en diversas regiones del país estas suspensiones del servicio son continuas y prolongadas, lo que afecta el normal desenvolvimiento de la vida cotidiana de la población, la producción nacional y la actividad comercial.
“El mayor repunte de las protestas ocurrió en mayo, cuando se documentaron 501 acciones de calle por inexistencia del servicio, afectación de electrodomésticos e imposibilidad operativa de comercios, bancos y servicios que dependen de la electricidad, como es el caso de las telecomunicaciones”, indica el informe.
Fue en este contexto de protestas exigiendo el acceso al servicio eléctrico que el 4 de mayo fue asesinado Rafael Hernández un estudiante de ingeniería en el estado Mérida. El joven se encontraba protestando junto a sus vecinos del sector El Campito, del municipio Libertador, del referido estado, cuando civiles armados dispararon en contra de la manifestación quitándole la vida.
Otro servicio que debido a sus continuas fallas también ha acaparado un número significativo de protestas es el agua con 980 manifestaciones populares.
“En todo el país hay recurrentes cortes de agua, en algunos casos durante días y meses y la calidad del servicio cuando llega es de calidad precaria”, indica la ONG.
Explican que esta crisis en la prestación del servicio ha repercutido en un aumento de enfermedades, paralización de servicios médicos, así como la utilización de aguas residuales para satisfacer las necesidades.
Desde el OVCS afirman que estas fallas en la prestación del servicio evitan que la población pueda cumplir con una de las principales medidas de prevención en el contagio del coronavirus como lo es lavarse las manos.
Gasolina
El acceso al combustible es otro aspecto que también fue protagonista en las protestas del primer semestre del año según dice el informe. Explican que la escasez de gasolina que se vivió en el país previo a la llegada de los buques iraníes cargados con combustible fue el detonante para que se registraran 680 manifestaciones.
Detallan que estas se concentraron principalmente en los estados Sucre (59), Mérida (56), Miranda (49), seguidos por Falcón (48), Nueva Esparta (47) y Táchira (43).
Señalan que otros factores que también contribuyeron a que se produjeran las protestas fueron las extorsiones y abusos de poder perpetradas por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) quienes debían custodiar las estaciones de servicio a nivel nacional.
Ponce destaca que luego del aumento del precio del combustible decretado por el régimen de Nicolás Maduro es imposible que una persona pueda llenar el tanque de su vehículo. Argumenta que el sueldo mínimo de 400.000 bolívares, equivalentes a poco menos de 2 dólares al mes, está muy por debajo de los 0,5 dólares por litro al que fue fijado el precio de la gasolina.
Participación política
El informe publicado por el OVCS señala que entre enero y junio de 2020 se registraron un total de 648 protestas ciudadanas motivadas por derechos políticos. Aclaran que esa cifra abarca tanto las realizadas por la oposición, como las llevadas a cabo por el oficialismo.
Pese a esto dicha cifra contrasta con las 4.777 manifestaciones que ocurrieron durante el mismo lapso pero en el año 2019.
El director de la ONG explica que ésta marcada disminución se produjo debido a que el tema político acaparó el foco de la colectividad, entre otros aspectos debido a la juramentación del presidente encargado de la República, Juan Guaidó.
Añade que luego del Estado de Alarma decretado por el régimen el 13 de marzo la dirigencia política opositora y oficialista, disminuyeron los llamados a movilizaciones de calle.
“Los últimos llamados que hizo la oposición datan del mes de marzo cuando estaban intentando relanzar las protestas”, recuerda.
Aclara a su vez que esta desmovilización política no tiene que traducirse necesariamente en una abstención de cara al 6 de diciembre, fecha en la que está previsto se llevan a cabo unos comicios para elegir un nuevo Parlamento.
Apunta que incluso se desconoce si los propios comicios tendrán lugar o no tal y como se han anunciado hasta el momento.
Considera además que el régimen ha utilizado el estado de alarma como un mecanismo de control social, lo que le ha permitido afianzar su posición de poder.
“El coronavirus le ha servido al régimen para atornillarse al poder y mientras ellos consideren que este sistema les está favoreciendo lo van a continuar utilizando. Nosotros hemos denunciado en múltiples oportunidades, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humano (CIDH), ante el Alto Comisionado de la ONU, la política de represión que existe en Venezuela y la profundización del control social a través de diversas estructuras u acciones tal y como sucede con las bolsas CLAP”, asevera.
Saqueos
El informe revela cómo ante el deterioro de las condiciones de vida se ha extendido por gran parte del país el fenómeno de los saqueos. Señalan que tan solo en los primeros seis meses del año se contabilizaron 65 saqueos o intentos de saqueo en 13 estados. Detallan que la entidad donde se produjo el mayor número de casos fue en el Zulia (15), seguido por Anzoátegui (12), Sucre (8) y Miranda (6).
El director de la ONG que dos de los factores que han contribuido a que este tipo de fenómenos se produzcan es la desesperación de la ciudadanía ante el hambre y la impunidad que impera en Venezuela.
“Nosotros en el Observatorio de Conflictividad siempre hemos rechazado los saqueos e intentos de saqueos porque no se puede avalar ningún tipo de acción violenta para exigir derechos humanos o denunciar”, sostiene.
Argumenta que este tipo de acciones repercute directamente en la economía de una forma negativa, ocasionando el cierre de empresas, con la consecuente pérdida de puestos de trabajo.
Explican que la mayor parte de estos hechos delictivos estuvieron vinculados con la sustracción por la fuerza de alimentos, línea blanca, medicinas, y otros productos que pudiesen ser consumidos, intercambiados o vendidos.
La OVCS apunta que tan solo en abril se produjeron un total de 32 saqueos en nueve estados del país, los cuales dejaron un saldo de 90 personas detenidas y una persona asesinada.
El informe presentado por la ONG es una muestra clara de cómo pese a los riesgos inherentes a salir a protestar en medio de una pandemia, los venezolanos han decidido exigir sus derechos.
“Ni el coronavirus, ni el régimen de Nicolás Maduro han logrado detener las protestas ciudadanas”, sentencia Marco Antonio Ponce
