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- El gobernador aseguró que durante un operativo de seguridad en la frontera se reportó la presencia de 12 estructuras del ELN, 3 disidencias de las FARC y una del EPL. También 3 bases del Clan del Golfo
El gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, afirmó que varios grupos subversivos colombianos operan en territorio de Venezuela. Algo que, pese a haber sido denunciado en el pasado por diferentes instancias nacionales e internacionales, no había sido confirmado oficialmente por el régimen de Nicolás Maduro.
Durante un operativo de seguridad realizado en la población fronteriza de Ureña el 14 de mayo, Bernal aseguró que detectaron la presencia de 12 estructuras del Ejército de Liberación Nacional (ELN). También 3 de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y una del Ejército Popular de Liberación (EPL). Además de 3 estructuras del cartel de narcotráfico Clan del Golfo.
De acuerdo con el diario Correo del Caroní, agregó que del lado colombiano, en el departamento de Norte de Santander, existen al menos 45 grupos paramilitares que intentan controlar la frontera, en disputa con la guerrilla y bandas delictivas venezolanas.
Actividad criminal
Desde el lado venezolano del río Táchira, Bernal informó que en la madrugada del 14 de mayo, funcionarios venezolanos sostuvieron un enfrentamiento contra miembros de uno de estos grupos delictivos. Los sujetos arrojaron una granada contra el comando de la División Contra la Delincuencia Organizada (DCDO) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Ureña.
Indicó que en el tiroteo fueron “neutralizadas” tres personas, una de nacionalidad colombiana y dos venezolanos. Otros tres sospechosos huyeron hacia la montaña, por lo que para ese momento se realizaba un despliegue de búsqueda en la zona. Los acusó de ser los responsables de otro ataque con granada a una discoteca el 6 de mayo, el cual dejó nueve heridos.
El gobernador señaló al barrio El Escobal, un caserío ubicado cerca del río, en el lado colombiano, como un refugio de grupos criminales como La Línea y el Clan del Golfo. “Desde ese lugar, han pretendido dañar la paz y tranquilidad de la frontera, especialmente en Ureña”, aseguró.
En esa población aseguró también que se esconden células del Tren de Aragua. De hecho, dijo que esta organización criminal venezolana, la cual en los últimos años ha expandido sus operaciones a Colombia y otros países, posee al menos 26 grupos identificados en la frontera.
Despliegue de seguridad
Bernal estaba acompañado por el general José Gregorio Martínez Campos, jefe de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) Táchira. Este último explicó que desde el 12 de mayo se desplegaron 1.350 funcionarios en un dispositivo conjunto entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y cuerpos policiales. Denominó al operativo “Frontera segura”, en las poblaciones de Ureña y San Antonio.
Aunque Bernal atribuyó el despliegue al atentado contra la discoteca en Ureña, ocurre un día después de la visita al país del ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez. El 11 de mayo, Velásquez se reunió en Caracas con su par venezolano, Vladimir Padrino López. Allí acordaron, entre otros puntos, reforzar la presencia militar en pasos fronterizos irregulares, además de intercambiar información de inteligencia y actuar de forma articulada para combatir a los grupos irregulares que operan en la zona.
De larga data
Las declaraciones de Bernal constituyen una de las escasas veces que voceros del régimen de Nicolás Maduro han reconocido la existencia de grupos insurgentes extranjeros en territorio venezolano. Esto a pesar de existir múltiples reportes no solo de organizaciones no gubernamentales, sino de instancias como la Organización de Naciones Unidas (ONU) o el propio gobierno de Colombia.
Las primeras sospechas sobre la presencia de estos grupos en Venezuela se remontan al gobierno del fallecido expresidente Hugo Chávez, quien se confesaba admirador de líderes de las FARC como Manuel Marulanda o Raúl Reyes y mantenía buenas relaciones con esa organización. Luego de la desmovilización de las FARC en 2016 y el surgimiento de diferentes facciones disidentes, muchos encontraron en la frontera venezolana un refugio para escapar de los operativos del Ejército colombiano.
Tal fue el caso de grupos como la Segunda Marquetalia, dirigida por Iván Márquez, o el Frente Décimo Gentil Duarte. Este último grupo protagonizó en 2021 enfrentamientos con la Segunda Marquetalia por el control de territorios en el alto Apure, lo que llevó a la intervención de las FANB. No obstante, desde el régimen de Maduro nunca se nombró directamente a las disidencias de las FARC, asegurando que se combatía a simples grupos paramilitares.
Luego de esto, desde el régimen creó una denominación propia para nombrar a estos grupos: los tancol. Es la sigla de “terroristas armados narcotraficantes de Colombia”. Desde el operativo en Apure se usa de forma genérica para referirse a cualquier grupo irregular con el que las autoridades se enfrenten. Esto sin especificar el nombre real de la organización, pues desde la narrativa oficial no se trata de guerrilleros, sino de fuerzas paramilitares financiadas por el gobierno colombiano para cometer actos de terrorismo y desestabilizar Venezuela.
Caso Fundaredes
Antes que Bernal, muchas organizaciones habían denunciado la expansión de las FARC y el ELN en la frontera colombovenezolana. Una de ellas fue Fundaredes, la cual se encarga de documentar irregularidades y violaciones de derechos humanos en poblaciones fronterizas de estados como Táchira, Apure, Zulia y Bolívar. De hecho, junto a otras ONG denunciaron cómo estos grupos no solo controlan pueblos enteros, sino que reclutan, a veces forzosamente, a sus habitantes para trabajar en actividades ilícitas.
Su director Javier Tarazona, había denunciado también la presunta complicidad del Estado venezolano al alojar a estos grupos guerrilleros en su territorio, además de establecer alianzas en sectores estratégicos, como las minas del Arco Minero del Orinoco. El 30 de junio de 2021, Tarazona solicitó al Ministerio Público investigar al exgobernador de Guárico, Ramón Rodríguez Chacín. Esto luego de presentar una foto en la que se le ve a él y a su esposa junto a varios líderes del ELN.
Desde entonces, el activista sufrió acoso por parte de agentes encapuchados en vehículos sin placa. El 2 de julio de 2021 fue detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en la ciudad de Coro, en Falcón. Pocos días después, el fiscal general del régimen, Tarek William Saab, lo imputó por los supuestos delitos de terrorismo, traición a la patria e incitación al odio.
Tarazona permanece en la actualidad en la sede del Sebin en El Helicoide, Caracas. Sus abogados han reportado que su estado de salud se ha deteriorado bastante, producto de una cardiopatía que padecía antes de su arresto. No obstante, las palabras de Bernal parecen confirmar los reportes que durante años el activista y Fundaredes han recogido sobre las actividades de la guerrilla colombiana en Venezuela.
