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- El Comité por la Libertad de los Presos Políticos indicó que las personas liberadas estaban en las cárceles de Tocorón, Tocuyito y Las Crisálidas.
La organización no gubernamental (ONG) Comité por la Libertad de los Presos Políticos reportó el 21 de diciembre la excarcelación de 60 presos políticos detenidos tras las presidenciales del 28 de julio, cuando se desataron protestas contra el resultado oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE) que dio como ganador a Nicolás Maduro.
A través de X, la organización detalló que del total de liberaciones -reportadas entre el 19 y 20 de diciembre, según familiares de los arrestados-, 37 corresponden a presos de la cárcel de Tocorón, 13 de Tocuyito y 10 de Las Crisálidas.
De acuerdo con la ONG, en Tocorón y Tocuyito “están usando vehículos oficiales y ambulancias para sacar a escondidas a los presos políticos, principalmente de noche”.
“Los dejan en terminales solo con lo que llevan puesto, y estos deben llamar a sus seres queridos para que los ayuden a regresar a sus ciudades de residencia”, aseguró.
Excarcelaciones de presos políticos
El 20 de diciembre la Fiscalía venezolana anunció 200 nuevas excarcelaciones de personas detenidas tras las presidenciales, para un total de 733 liberaciones, concedidas tras la solicitud de revisión de estos casos a la Justicia.
Sin embargo, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos afirmó que “hay serias dudas con la cifra oficial”, debido a que, según la ONG, no es la primera vez que se miente sobre la cantidad de excarcelados.
“Además, persiste la política de opacidad gubernamental al no ofrecerse información oportuna, pertinente, verificable de calidad y acceso libre desde las instituciones del Estado”, indicó.
Además, denunció que hay prohibición de grabar videos, dar declaraciones a la prensa y que los detenidos cuenten lo que vivieron dentro de la cárcel.
Aseguró que también “se coacciona a los liberados y a sus familiares”, por lo que las organizaciones de la sociedad civil encuentran dificultades para documentar la cantidad de excarcelaciones concretadas.
Otras excarcelaciones recientes
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP) informó el 21 de diciembre sobre la excarcelación de la periodista Ana Carolina Guaita, detenida el 2 de agosto en medio de la crisis poselectoral.
A través de X, el SNTP recordó que Guaita -trabajadora del medio digital venezolano La Patilla- estuvo presa por más de cuatro meses y fue acusada de terrorismo, instigación al odio y obstrucción de vía pública.
En la misma red social, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) celebró la excarcelación de Guaita, al tiempo que afirmó que “jamás debió estar detenida” porque “no cometió ningún delito”.
Además, la ONG venezolana Una Ventana a la Libertad informó el 18 de diciembre sobre la excarcelación del médico cirujano Eduardo Madrid Vásquez, detenido en el contexto de protestas contra el resultado oficial de las elecciones.
La organización explicó, en una nota de prensa, que Madrid fue liberado la noche del domingo con medidas cautelares, luego de que fuera arrestado en la ciudad de Valera, estado Trujillo, el 29 de julio. Señaló que, en un principio, el médico estuvo recluido en un calabozo policial de Valera y, posteriormente, el 25 de agosto fue trasladado hasta la cárcel de Tocuyito, en el estado Carabobo.
De acuerdo con el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, Madrid fue detenido cuando iba al ambulatorio donde trabajaba como médico rural.
Nuevas detenciones
Las últimas liberaciones se han llevado a cabo en paralelo a nuevas detenciones, como las de cuatro miembros del partido Vente Venezuela, liderado por María Corina Machado; la del exconcejal de Caracas Jesús Armas; la del alcalde de Cabimas, estado Zulia (noroeste), Nabil Maalouf; la del activista Luis Palocz, y la del dirigente campesino Carlos Azuaje.
Por otro lado, varias ONG, familiares y activistas denunciaron las tres muertes en prisión -una en noviembre y dos en diciembre- de detenidos en el contexto poselectoral, casos que la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) pidió que sean documentados por la Corte Penal Internacional (CPI).
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