- Carolina Girón, coordinadora del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) y Carlos Nieto Palma, coordinador de la organización Una Ventana a la Libertad, explicaron para El Diario la situación que llevó a los convictos del Centro Penitenciario de Tocuyito, en el estado Carabobo, a realizar el motín del pasado 1º de enero
El mensaje fue directo: “Nos estamos muriendo de hambre”. El hombre que habla cubre su rostro, acaso para evitar su final. Detrás, las llamas que evidencian la indignación. Quienes lo acompañan están en las mismas condiciones. Aplauden el resto de denuncias: “los directores de este recinto carcelario hacen caso omiso”, “el inspector que llegó en estos días no nos dejó pasar la comida”, “no nos han mandado a tribunales, ¿hasta cuándo vamos a estar presos? Tres años sin subir a tribunales en este penal”. Y repite, por si no estaba claro, que se están “muriendo de hambre”. También hace una petición: “necesitamos el apoyo de la ONU”. Es un motín -el primero de 2021 en Venezuela-, en el Centro de Formación del Hombre Nuevo “El Libertador”, uno de los núcleos que componen el Centro Penitenciario de Tocuyito, en el estado Carabobo.
En el video de apenas 30 segundos, el recluso desnudó la realidad dantesca de esta cárcel. Que se están muriendo de hambre no es una exageración. Desde enero de 2020 hasta octubre de ese mismo año, 37 convictos de este centro penitenciario fallecieron por desnutrición o por tuberculosis, según comentó a El Diario Carolina Girón, coordinadora del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP). En total, 121 presos murieron por motivos de salud en las prisiones del país, y 47 en calabozos policiales.
#1Ene Presos en el nuevo penal, Tocuyito, dicen que "se están muriendo de hambre, por eso decidieron protagonizar una protesta este viernes. Piden a ONG de DDHH se solidarizan. #Carabobo pic.twitter.com/unXub3YWRh
— Heberlizeth González (@Heberlizeth) January 2, 2021
El hambre ha llevado a algunos presos a comer, literalmente, a un perro. Fue en noviembre de 2020, cuando asesinaron y luego se comieron a la mascota del anterior jefe del penal, una perra Rottweiler a la que llamaban “la niña” y “princesa”. Luego del hecho, castigaron a los reos dándoles comida solo una vez al día, según denunció la ONG Una Ventana a la Libertad (UVL).
Las autoridades de la prisión, sin embargo, no están ausentes: de acuerdo con Girón, el motín se inició en la noche del viernes 1º de enero porque algunos custodios, junto con la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) del lugar, negociaban con otros presos llamados “rancheros” la comida que el Ministerio de Servicios Penitenciarios y algunos familiares llevaban a los reos. Según el OVP, los parientes informaron que los pollos son revendidos en Bs. 5.000.000 por unidad, mientras que un kilo de harina de maíz precocida cuesta hasta Bs. 2.500.000.
“La ingesta diaria está basada en agua con pocos granos de arroz o pasta, mientras que los últimos días solo les dieron agua de arroz o bollos de harina de maíz. Además, las comidas son servidas entre 1:00 am o 4:00 am, por lo que los reos permanecen largas horas sin probar bocado”, denunció la ONG en su página web. Aseguran que en el Centro de Formación del Hombre Nuevo “El Libertador” hay presos que han bajado hasta 40 kilos de peso.
El motín, en el cual participaron más de 160 reos de acuerdo con el OVP, terminó este sábado 2 de enero con el traspaso de al menos 57 reclusos a cárceles de otras regiones del país. Según trascendió en una lista, 29 reos fueron trasladados a Barinas, 21 a Táchira y siete a Mérida. Se desconoce si realizarán más traslados.
Carlos Nieto Palma, coordinador de la organización Una Ventana a la Libertad, dijo para El Diario que hasta el momento se desconocía si alguno de los presos que participaron en el motín fueron víctimas de represalias. Algunos resultaron heridos, pero se desconoce quiénes fueron los responsables. “Lo único que sabemos es que ninguna autoridad se ha presentado en el lugar, que el Ministerio de Asuntos Penitenciarios, que es el que tiene que aclarar, no ha dicho absolutamente nada”, dijo.
Hacinamiento y retardo procesal
En una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) en diciembre de 2016, Iris Varela inauguró el Centro de Formación del Hombre Nuevo “El Libertador”. Con el típico discurso de propaganda del régimen, el canal del estado vendió la obra como una de las infraestructuras “más grandes e importantes del país”, para brindar a los privados de libertad “espacios de reclusión dignos”.
“Hoy, gracias a la gestión del gobierno revolucionario, al sentido humanista que nos caracteriza, estamos cantando victoria. No creemos en cadenas perpetuas, ni en la violación de derechos humanos, ni en la pena de muerte. Aceptamos las oportunidades, la paz y la vida”, dijo la ministra de Asuntos Penitenciarios del régimen de Nicolás Maduro.
Varela celebró que el nuevo centro penitenciario albergaría a 1.170 internos. No obstante, el coordinador de UVL explicó que la prisión, que se inauguró sin concluir las obras luego de casi 10 años en los que el proyecto permaneció paralizado, esperaba tener una capacidad para 3.000 reclusos. “A pesar de ser una de las pocas cárceles que se abrió en Venezuela desde que se abrió el ministerio para el servicio penitenciario, estas son las condiciones en la que está”, dijo.
Por su parte, Girón afirmó que actualmente el Centro de Formación del Hombre Nuevo “El Libertador” tiene capacidad para 600 reos. Antes de los traslados que se hicieron este 2 de enero, había 1.100 presos en esta cárcel. Por ende, la directora del OVP explicó que hay hacinamiento crítico.
De ellos, la mayoría espera por una condena definitiva. Es un mal nacional: la situación del 70% de los presos del país sigue en proceso, según Nieto Palma. Advierte que la cifra puede ser mayor. Otros, en cambio, tienen boleta de excarcelación, pero siguen en la prisión.
Presos políticos
En el Centro de Formación del Hombre Nuevo “El Libertador” hay 16 presos políticos. Sus situaciones son igual o más críticas que la de los presos comunes. Entre ellos está Hirto Hurtado, quien fue detenido por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) el 24 de octubre de 2017 por supuesto sabotaje a la filial petrolera Petrozamora. Su esposa, Luzmer de Hurtado, explicó para El Diario que él no trabajó para esa empresa, sino que era aforador de Pdvsa Occidente.
Hirto Hurtado: privado de libertad con fines políticos desde el 05/09/2017. Trabajador de PDVSA#LiberenAHirto#QueSeHagaJusticia pic.twitter.com/aHTAYcmZaE
— Foro Penal (@ForoPenal) July 11, 2020
“No sé nada de mi esposo, estoy muy preocupada. Él está completamente incomunicado por su condición de preso político”, dijo. Sin embargo, tanto Girón como Nieto Palma explicaron que hasta la publicación de esta nota, ningún recluso del centro penitenciario se ha comunicado con sus familiares.
La última vez que Luzmer vio a su esposo fue el 12 de diciembre, luego de 10 meses sin poder visitarlo debido a la cuarentena impuesta por el régimen de Maduro por la pandemia del covid-19. “Estaba muy delgado, ha perdido más de 40 kilos. Hace meses que no le daban ninguna proteína, solo agua de arroz y de harina una vez al día. Los custodios se roban la comida que llevamos los familiares. Mi esposo está muy deprimido”, contó.
Ella, al igual que los parientes de los 16 presos políticos y del resto de presos comunes que se encuentran en el Centro de Formación del Hombre Nuevo “El Libertador”, se enteran de la situación a través de Twitter.
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