• Por medio de un informe oficial, la CIDH manifestó su preocupación por los ataques del régimen de Nicolás Maduro que tilda de “enemigos” a medios de comunicación y periodistas venezolanos, lo que da pie a que organismos de seguridad ejecuten medidas coercitivas sin fundamento legal

A medida que el régimen de Nicolás Maduro aumenta los ataques y la censura contra los medios de comunicación, más organismos internacionales se pronuncian para rechazar y promover el cese de los actos represivos. 

Por lo tanto, este viernes 5 de febrero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través de su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), rechazó las recientes agresiones efectuadas a los medios de comunicación y periodistas venezolanos.

La condena del órgano, perteneciente a la Organización de los Estados Americanos (OEA), va dirigida a los reportes que ha recibido en las últimas semanas sobre allanamientos a las instalaciones de varios medios de comunicación; así como a organizaciones humanitarias y de respaldo hacia los derechos humanos (DD HH).

Medios de comunicación recientemente atacados

El primer acto de represión de 2021 por parte del régimen venezolano ocurrió el 8 de enero. Ese día arremetió contra dos medios de comunicación: Diario El Panorama y VPItv. En el caso del primero, el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera (Seniat) alegó presunto incumplimiento de las obligaciones tributarias, por lo que ordenó el cierre de la empresa –ubicada en Maracaibo–, por 5 días.

Sin embargo, desde entonces, la página de panorama.com.ve no está disponible, ni siquiera por medio de herramientas VPN. 

¿Qué son los VPN?

Por sus siglas en inglés Virtual Private Network, son redes virtuales privadas que permiten establecer una conexión a Internet. En muchos casos, son utilizadas para poder acceder a páginas restringidas en un área específica, ya que al simular una conexión desde otro sitio (como otro país), no tiene denegado el acceso.

CIDH medios
Foto cortesía

En el caso de VPItv, miembros del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera (Seniat) y la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) se presentaron en sus oficinas sin orden de allanamiento y alegando que revisarían que ciertos equipos, adquiridos desde el año 2000, tuvieran su debida documentación tributaria. 

Una vez dentro, incautaron “cámaras, televisores y computadores portátiles, lo que conllevó que VPItv suspendiera sus operaciones” y lo anunciaran dos días después, tal como apunta el comunicado de la CIDH.

Durante el procedimiento injustificado -actualmente sigue sin conocerse la razón-, los trabajadores de VPItv explicaron a los funcionarios que eran un medio internacional cuya sede principal se encontraba en EE UU, por lo que en Venezuela solo tenían un servicio corresponsal. 

“La medida tomada por Conatel comporta un cese de las operaciones en ese país, es una sanción que no nos permite operar por los momentos en territorio venezolano”, indica parte del comunicado que difundió el medio el 10 de enero. 

Miembros de Azul Positivo apresados

Posteriormente, el régimen procedió el 12 de enero a realizar el arresto de seis integrantes de Azul Positivo. Una organización no gubernamental de Venezuela que se fundó en 2004. Desde el allanamiento a su sede en Maracaibo, que resultó en la detención de los activistas, solo han liberado a uno de ellos; a pesar de que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otros organismos como Amnistía Internacional solicitaron su liberación. Este hecho fue detallado por El Diario para ese entonces.

Desde su génesis, esta ONG se ha dedicado a la prevención del VIH –sida– en el territorio zuliano. Los resultados efectivos de ello han sido verificados y apoyados completamente por la ONU.

Por su parte, el abogado director de Foro Penal, Gonzalo Himiob, consideró esta como la primera muestra tangible de las graves violaciones a los derechos humanos que se viven actualmente en Venezuela. Hablando por el Foro Penal, agregó que se declaran en rechazo de cualquier acto que atente contra las ONG y las personas que trabajen para proteger los derechos humanos.  

Estas acciones del régimen desprendidas de toda razón legal, ocasionaron protestas a las afueras del Ministerio Público, Caracas, exigiendo liberación de los cinco activistas. La concentración estaba compuesta por al menos 18 organizaciones defensoras de los DD HH.

Preocupación de la CIDH por los señalamientos del régimen 

“Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a solicitar, recibir y utilizar recursos con el objeto expreso de promover y proteger, por medios pacíficos, los derechos humanos y las libertades fundamentales”. sí reza un fragmento del comunicado de la CIDH. 

El organismo expresó su desacuerdo por los señalamientos que realizaron varias páginas afines al régimen, catalogando de “info-mercenarios” a los comunicadores de Efecto Cocuyo. Esto por recibir supuesto financiamiento extranjero para manipular las informaciones según sus intenciones.

Asimismo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) y el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) y otras entidades han sido objeto de acusaciones similares y sin basamento, expresa el comunicado. 

La Comisión y su Relatoría Especial encuentran especialmente preocupantes los pronunciamientos que insinúan que las y los periodistas son ‘enemigos del Estado’ o ‘enemigos internos’ por cuenta de su financiamiento extranjero y advierten que, al ser emitidos desde instancias asociables a las fuerzas de seguridad del Estado, los señalamientos se tornan más agresivos y amenazantes; y no sólo se deslegitima su trabajo, también se crea un clima adverso para ejercer su labor, comprometiendo su vida e integridad personal”, expone el informe.

Entretanto, las autoridades de la CIDH y su RELE instan urgentemente al régimen venezolano a garantizar un “entorno libre de hostilidades”. Especialmente en este caso a quienes defienden los derechos humanos y la información imparcial del país.

Por último, la Comisión Interamericana le recuerda al Estado venezolano que está en la obligación de velar por el cumplimiento de las leyes que resguardan los derechos humanos en la región que comprende la OEA. 

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