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- El organismo determinó que la reciente represión en Venezuela por parte del gobierno venezolano profundizó la crisis de derechos humanos
La Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió en un nuevo informe que el gobierno de Venezuela ha intensificado drásticamente sus esfuerzos para “aplastar toda oposición pacífica a su mandato”, lo que hundió al país “en una de las crisis de derechos humanos más agudas de la historia reciente”.
En otro informe anterior, publicado en diciembre de 2023, la misión concluyó que el “aparato represivo del Estado” no había sido desmantelado y seguía representando una “fuerza latente”, que “podría activarse cuando el gobierno lo considerara necesario”.
Después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, el “sistema de acoso y la represión violenta” contra opositores se reactivaron de forma “intensa y acelerada”. En este nuevo informe, el organismo destacó que las protestas postelectorales dejaron 25 muertos y cientos de heridos y detenidos.
A continuación, lo más relevante del nuevo informe de la misión internacional independiente:
1. Un nuevo hito en el deterioro del Estado de derecho en Venezuela
Marta Valiñas, presidenta de la Misión de Determinación de los Hechos, dijo durante una conferencia de prensa que las acciones del gobierno venezolano son una continuación de patrones anteriores, que la misión ya ha caracterizado como crímenes de lesa humanidad.
El informe, que analiza la situación de los derechos humanos en el país entre septiembre de 2023 y agosto de 2024, destaca que se ha alcanzado un nuevo hito en el deterioro del Estado de derecho tras las elecciones presidenciales.
De acuerdo con el organismo, los poderes públicos “han abandonado toda apariencia de independencia” y, en la práctica, muchas garantías judiciales han perdido su eficacia, “dejando a la ciudadanía indefensa ante el ejercicio arbitrario del poder”.
2. Detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas
La misión sostuvo que las detenciones aumentaron significativamente durante la campaña electoral y especialmente en los días posteriores a las elecciones del 28 de julio de 2024.
Entre los casos documentados se encuentran 48 detenciones entre diciembre de 2023 y marzo de 2024 bajo el cargo de conspiración, así como órdenes de arresto contra otras personas, que no solo son activistas, periodistas y opositores políticos, sino incluso militares.
Durante julio de 2024, en plena campaña electoral, hubo 120 detenidos. De acuerdo con datos de las autoridades venezolanas citados en el informe, más de 2.000 personas fueron arrestadas después de las elecciones presidenciales con acusaciones de terrorismo e incitación al odio.
De acuerdo con la misión, entre los últimos había al menos un centenar de menores de edad, algunos con discapacidades. Además, mencionaron que los procesos penales iniciados contra los cientos de detenidos no han logrado sistemáticamente cumplir con las garantías mínimas del debido proceso.
En la mayoría de los casos investigados, las detenciones implicaron o fueron seguidas de graves violaciones sistemáticas del debido proceso. En este sentido, la misión indicó que tiene motivos razonables para creer que, de las víctimas de los 49 casos de detención arbitraria investigados durante el periodo, 13 también fueron víctimas de desapariciones forzadas de corta duración, 13 fueron víctimas de tortura y 8 fueron víctimas de violencia sexual o de género.
Su investigación también arrojó que entre septiembre de 2023 y mayo de 2024, al menos 60 personas (49 hombres y 11 mujeres) fueron sentenciadas en relación con las Operaciones Constitución, Gedeón y Libertad. Los detenidos fueron condenados a entre 16 y 30 años de prisión.
3. Tratos crueles y malas condiciones en las cárceles
La misión informó que continuó recibiendo denuncias de torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes contra los opositores detenidos mientras estaban bajo custodia de las fuerzas de seguridad en prisiones y otros centros de detención.
“Los métodos de tortura utilizados en los casos investigados por la misión incluyen puñetazos, golpes con tablas de madera o bates envueltos en espuma y descargas eléctricas, incluso en los genitales. Otros mecanismos registrados incluyen asfixia con bolsas de plástico, inmersión en agua fría, privación de agua y sueño a través de iluminación y/o música alta las 24 horas del día”, detalla la misión en el informe.
El organismo puntalizó en el documento que los métodos son consistentes a los procedimientos de tortura utilizados por la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y servicios de inteligencia como se documenta en informes anteriores de la misión.
De acuerdo con el informe, la misión también siguió recibiendo denuncias sobre las malas condiciones de detención en las prisiones. Algunos de los casos investigados muestran que los prisioneros son alojados en celdas de 4 metros cuadrados en condiciones insalubres, con estrictas limitaciones para salir y con escasez de alimentos y agua.
4. Instituciones y otros actores involucrados
La misión destacó que las violaciones de derechos humanos descritas en el informe involucraron una “amplia gama de actores institucionales”. Puntualizan que las declaraciones de las autoridades del Estado, particularmente después del 28 de julio de 2024, alentaron y guiaron la represión que contribuyó a un clima de hostilidad y violencia en el país.
Recordaron que durante la campaña electoral, Nicolás Maduro llamó a votar por él para evitar “un baño de sangre” y una “guerra civil”, y advirtió que habría “una mano de hierro puño y justicia para los fascistas y para los violentos”.
El organismo resaltó que las acciones de otros poderes e instituciones del Estado también “reflejaron su alineación con el Ejecutivo”, en detrimento del ejercicio de sus mandatos constitucionales de una manera independiente y equilibrada.
La misión precisó que observa con especial preocupación la falta de acción y respuesta por parte de organismos como la Defensoría del Pueblo. “La misión encontró varios casos en que familiares o abogados de personas que hubieran sido detenidas presentaron denuncias pero que esas quejas nunca fueron respondidas”, describió.
La misión instó a abrir investigaciones
Entre las recomendaciones expuestas en el informe, la Misión destacó que es necesario que las autoridades de Venezuela investiguen el uso “abusivo” de la fuerza por parte de los organismos de seguridad del Estados, así como la participación de civiles armados actuando con la connivencia.
Además, recomendó poner fin a la práctica de las detenciones arbitrarias descritas en el informe e instó a liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente.
Por otro lado, la misión recomienda al Estado cooperar con los organismos de protección de derechos humanos internacionales.
“La misión reitera la importancia de apoyar una rendición de cuentas genuina con esfuerzos a nivel nacional, incluidos los realizados sobre la base del principio de jurisdicción universal, así como la investigación de la Corte Penal Internacional (CPI)”, resaltó.
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