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  • Marino Alvarado, coordinador de la ONG Provea y el padre Alfredo Infante, coordinador de derechos humanos del Centro Gumilla, aseguraron que no pretenden difamar al gobernador sino visibilizar la situación de derechos humanos en el país. Foto principal: EFE

Activistas venezolanos rechazaron el jueves 19 de mayo la demanda por difamación en su contra que presentó el gobernador oficialista del estado Carabobo, Rafael Lacava. Marino Alvarado, coordinador de la ONG Provea, y el padre Alfredo Infante, coordinador de derechos humanos del Centro Gumilla, recibieron el lunes la acción judicial luego que solicitaran una investigación al funcionario por su presunta responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales.

Alvarado aseguró que la acusación de Lacava forma parte del cerco que progresivamente se ha hecho a las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela.

Nuestro informe no es contra ningún gobernador. No somos parte de una campaña para desprestigiar absolutamente a nada. Es un informe para visibilizar el grave problema de las ejecuciones extrajudiciales en el país”, indicó el coordinador de Provea.

El 14 de  marzo de este año, Alvarado e Infante participaron en la presentación del informe Lupa por la Vida, en el que se explicó que la Policía de Carabobo “es de las más letales en Venezuela con 221 víctimas de ejecuciones extrajudiciales”. Por ello, solicitaron abrir una investigación a Rafael Lacava. 

“Nuestro informe no es contra ningún gobernador”: activistas venezolanos rechazaron la demanda de Lacava
Foto: EFE / Rayner Peña R

Abrir espacios en lugar de criminalizar 

Marino Alvarado hizo un llamado a Lacava para que “abra espacios” en los que se pueda avanzar en conocer lo que ha pasado y quiénes pueden ser los presuntos responsables de esos hechos, “en lugar de criminalizar el trabajo” de las organizaciones que defienden los derechos humanos.

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“La responsabilidad de un gobernador (…) no debe ser la defensa automática de los funcionarios que pudieran estar señalados de graves violaciones a derechos humanos e incluso de crímenes de lesa humanidad. La responsabilidad de todo gobernador, donde aparezca señalada su policía como presuntamente responsable de haber privado arbitrariamente la vida a las personas, es facilitar las investigaciones”, expresó Alvarado.

Por su parte, Alfredo Infante resaltó que las organizaciones no pretenden otra cosa que defender el derecho a la vida y restablecer el Estado de derecho “para que haya verdad, justicia y reparación para la no repetición” de hechos como estos.

Agregó que el informe no está focalizado en Carabobo, sino que se trata de un estudio que abarcó todo el país. Recordó que allí se evidencia que en 2021 hubo en Venezuela 1.414 presuntas ejecuciones extrajudiciales.

“Nuestro informe no es contra ningún gobernador”: activistas venezolanos rechazaron la demanda de Lacava
Foto: EFE / Rayner Peña R

Ley de Cooperación Internacional de la AN oficialista

A propósito del asedio contra las organizaciones de DD HH, la Asamblea Nacional oficialista adelantó la elaboración de una nueva Ley de Cooperación Internacional sin consultar con las organizaciones no gubernamentales (ONG) del país. nnEn el documento que dio a conocer la instancia del régimen de Nicolás Maduro en su página webu003c/au003e , se especifica que esta normativa llegaría para derogar la Ley sobre Cooperación Internacional que está vigente en el país desde enero de 1958. nnAunque en la exposición de motivos los puntos están relacionados a organismos internacionales, dentro del anteproyecto se redactaron algunos artículos que afectan a las organizaciones venezolanas. Los que más llamaron la atención de las ONG fueron los artículos 18, 23, 25 y 26. nnPor su parte, 500 agrupaciones de la sociedad civil y 250 activistas de derechos humanos advirtieron que el proyecto de ley de Cooperación Internacional de la Asamblea Nacional oficialista, tendría “consecuencias aún más devastadoras para la personas en situación de mayor vulnerabilidad” en Venezuela. nnA través de un comunicado conjuntou003c/au003e difundido el 18 de mayo, las ONG y activistas denunciaron que, de aprobarse el proyecto de ley “antisolidaridad”, como lo han llamado, se cerraría el acceso al apoyo que ofrece la comunidad internacional a las capacidades de protección, asistencia y desarrollo de la población en materia económica, social, civil y humanitaria.

La demanda es consecuencia de exigir derechos humanos 

Marino Alvarado, luego de recibir la demanda por parte de un tribunal penal de Carabobo, señaló que esto es “la consecuencia” de exigir derechos humanos y de alzar la voz por las víctimas de estos hechos. 

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“Supuestamente, lo hemos difamado porque hemos exigido que se investigue la presunta responsabilidad que pueda tener el gobernador con las ejecuciones extrajudiciales que han ocurrido en el estado Carabobo”, señaló el coordinador de Provea en un video publicado el 16 de mayo en la cuenta en Twitter de la ONG.

Insistió en que pareciera que hay una política de Estado de no investigar a quienes pudieran tener la mayor responsabilidad en hechos de violación a garantías fundamentales. Negó que estén acusando directamente a Lacava de algún hecho y que solo están pidiendo investigar “su posible responsabilidad”. 

Con información de EFE 

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