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- La fundación Cadal publicó un informe con datos recogidos por más de 25 organizaciones en los que documenta patrones de crímenes de lesa humanidad, terrorismo de Estado y deterioro de la institucionalidad democrática perpetrados por el gobierno de Nicolás Maduro en el contexto de las elecciones presidenciales del 28 de julio
El Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (Cadal) publicó el 3 de septiembre un informe en el que documenta los patrones de violaciones a derechos humanos presuntamente cometidos por el gobierno de Nicolás Maduro. Esto en el periodo comprendido antes, durante y después de las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó como ganador a Maduro en unos resultados cuestionados por la oposición y la comunidad internacional.
El informe Crisis postelectoral y de DD HH 2024 en Venezuela. El Libro Negro de la dictadura fue un trabajo conjunto de la plataforma Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento, que agrupa a más de 25 organizaciones nacionales e internacionales cuyos nombres se reservan para evitar represalias posteriores.
Su título viene en honor al libro editado clandestinamente por José Agustín Catalá en 1952, en el que egistró los casos de tortura, censura, campos de concentración y nombres de las víctimas de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. “Este reporte es una continuación de aquellos anhelos de democracia y libertad de todes les venezolanes (sic)”, destaca el texto.
Antes de las elecciones
El informe indicó que el periodo previo a las elecciones estuvo marcado por fuertes restricciones al espacio cívico, como el avance en la Ley de fiscalización y regulación de las organizaciones no gubernamentales (ONG), aprobada recientemente por la Asamblea Nacional oficialista. En el plano político, 11 de los 35 partidos que fueron habilitados por el CNE para las elecciones estaban intervenidos judicialmente por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), entregando sus tarjetas a candidatos vinculados con el oficialismo.
De acuerdo con datos del Laboratorio de Paz citados en el informe, por lo menos 169 personas fueron detenidas por razones políticas entre enero y julio, antes de las elecciones. 52 de los casos (30,7%) fueron antes del inicio formal de la campaña presidencial el 4 de julio. Destacan las aprehensiones contra activistas políticos, colaboradores y personas que suministraron bienes y servicios a la campaña de Edmundo González Urrutia.
Furia bolivariana
El 18 de enero de 2024, Nicolás Maduro pidió a sus seguidores activar lo que denominó “Furia bolivariana”, para neutralizar cualquier potencial plan terrorista desde la oposición y perseguir cualquier foco de traición o fascismo. Como consecuencia, Laboratorio de Paz documentó diversos incidentes directamente vinculados con su proclama, como 20 sedes de organizaciones políticas, sociales y académicas vandalizadas en 11 estados del país, así como cinco detenciones con desapariciones forzadas de corta duración y un intento de secuestro.
El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) contabilizó durante el primer semestre del año 592 ataques e incidentes de seguridad contra organizaciones y defensores de derechos humanos. Entre los casos registrados destacan actos de estigmatización, intimidación y hostigamiento, amenazas, judicialización, ataques digitales y detenciones arbitrarias. Como caso destacado mencionaron el de la activista Rocío San Miguel.
Por su parte, Espacio Público registró el arresto de 25 personas por ejercer su derecho a la libertad de expresión. La mayoría ciudadanos ordinarios a los que se les imputan presuntos delitos de incitación al odio. Aparte también fueron detenidos tres periodistas en el contexto del proceso electoral, además del caso de Ramón Centeno, detenido desde el año 2021.
También se recibieron 98 denuncias sobre violaciones al derecho de libertad de expresión e información, en los que se agudizaron los bloqueos de portales de noticias, sobre todo de aquellos especializados en fact-checking. Esto mientras desde el Estado se promovía un control sobre la conversación en redes sociales, con fake news divulgadas desde medios de comunicación oficialistas. En paralelo, al menos 17 estaciones de radio fueron cerradas por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), dos de ellas en el contexto electoral.
Durante las elecciones
La Red Electoral Ciudadana (REC) conformada por diferentes organizaciones, desplegó más de 200 observadores independientes durante las elecciones del 28 de julio. El informe destaca que si bien el proceso comenzó sin incidentes y con una alta participación, para el segundo boletín del REC después del mediodía se encontraron varias irregularidades, como que 53,8 % de los centros monitoreados presentó algún tipo de falla con las máquinas. En el 28,2 % de los centros electorales se detectaron puntos proselitistas tanto del oficialismo como de la oposición; mientras en 36,9 % vieron exclusivamente los denominados “puntos rojos”.
En 14,1 % de los centros reportan que hubo coacción para seleccionar el candidato oficialista y en 19,2 % se vieron casos de voto asistido, aunque sin aclarar si se trató de personas con discapacidad como permite la ley. Agrega que en 16,5 % de los centros se registraron casos de miembros de mesa que abiertamente manifestaron favorecer al oficialismo, y en 2,8 % a la oposición. Aunque resaltan que en el 80,8 % de los centros los miembros de mesa se comportaron cívicamente.
El tercer reporte del REC publicado a las 10:00 pm muestra cómo la situación desmejoró considerablemente tras el cierre de las mesas de votación. En 55,8 % de los centros se negó inicialmente el acceso a los testigos electorales, en muchos casos sin explicación, aunque solo en 24,4 % de los casos vino de parte de los funcionarios del Plan República. Aun así, aclara que luego el 82,3 % de los centros tuvo testigos tanto del oficialismo como de la oposición.
Actas y violencia
La REC indica que en de los casos estudiados, a 30,5 % de los testigos se les negó la entrega de su copia correspondiente de las actas de escrutinio, en su mayoría de parte de los miembros de mesa que no dieron explicaciones de la razón. En la fase de verificación ciudadana, en 45,7 % de los centros no se permitió el acceso a la comunidad, principalmente argumentando falta de espacio, aunque también por orden arbitraria del presidente de mesa o del Plan República.
Se registraron 157 episodios de violaciones de derechos humanos durante las elecciones, la mayoría en los estados Mérida, Táchira y Barinas. 34 de los casos fueron amenazas y hostigamiento por parte de funcionarios y seguidores del oficialismo, así como 7 de agresiones físicas y una detención arbitraria. También hubo un caso de cambio del centro de votación sin previo aviso, 14 casos de solicitud de requisitos no previstos para votar, y 20 violaciones del derecho a informar contra periodistas y medios de comunicación.
El Laboratorio de Paz contabilizó 86 casos de actuaciones de grupos armados irregulares afectos al oficialismo, popularmente conocidos como colectivos. La mayoría de los casos (25) ocurrieron en Caracas, aunque con una presencia constante en 16 estados del país. A estos grupos se les responsabiliza por al menos 25 ataques, 57 actos de intimidación y 4 de robo a los electores. En la mayoría de los casos, los colectivos buscaban amedrentar a los electores para que no se mantuvieran cerca del centro de votación o supervisaran el escrutinio.
En los ataques se registraron seis personas heridas de bala, además de la muerte de Julio Valerio García, de 40 años de edad. Fue impactado en el cuello por un proyectil de mortero en la población Patiecitos, municipio Guásimos, del estado Táchira. Esperaba entrar a la auditoría ciudadana en la Escuela John F. Kennedy cuando sujetos en una camioneta blanca los atacaron para que se dispersaran.
Después del 28J
Luego de que el CNE anunciara su primer boletín, varios focos de protestas espontáneas se registraron en gran parte del país. El 29 de julio comenzó con cacerolazos en rechazo a los resultados electorales, seguido por manifestaciones callejeras y marchas que rápidamente escalaron en violencia en la medida que fueron reprimidas por los cuerpos de seguridad y colectivos armados.
Entre el 29 y 30 de julio, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) documentó 915 protestas ciudadanas en todo el país. De ese total, al menos 138 protestas reprimidas, y en 119 se observaron ataques de civiles armados.
“Muchas de las situaciones abusivas de derechos humanos que ocurrieron después del evento electoral son, en buena medida, continuación de los modelos de actuación documentados y denunciados por las organizaciones venezolanas durante años”, señala el informe.
Entre el 28 de julio y el 5 de agosto, cuando ocurrió el pico de protestas y represión, se registraron por lo menos 450 eventos que comprometen los derechos de la sociedad civil y el espacio cívico. Principalmente del derecho a la participación, la libertad de reunión pacífica y a la libertad de expresión. También se agudizó la persecución contra activistas, militantes de partidos políticos, periodistas y sociedad civil en general.
Violencia armada
Durante las protestas postelectorales se registraron al menos 26 muertes. Acota que si bien algunos fallecieron días después, en todos los casos resultaron heridos entre el 29 y 30 de julio. Estos hechos inicialmente fueron negados por el gobierno, como el caso de Aníbal José Romero Salazar, alias Pimpina, a quien Nicolás Maduro calificó como un “falso positivo”, pese a que Cazadores de Fake News corroboró que sí murió por un impacto de bala el 29 de julio.
El 30 de julio, Maduro informó en cadena nacional que habían más de 1.200 personas detenidas en el marco de las protestas postelectorales y prometió arrestar a mil más. De acuerdo con el informe, esto fijó una cuota que buscó ser cumplida por los organismos de seguridad intensificando la represión para detener a jóvenes en las calles o perseguir a opositores delatados por oficialistas en sus comunidades. En total, Foro Penal contabilizó 1.590 detenciones arbitrarias, de las cuales 131 fueron de adolescentes.
“Han implementado las prácticas de vigilancia, revisión de celulares y detenciones o extorsión de personas por parte de cuerpos de seguridad en avenidas y aeropuertos a nivel nacional (…) así como los toques de queda en zonas de sectores populares y de concentraciones durante los días de convocatoria. Esto con la intención de generar temor en la población en general y disminuir cualquier expresión o manifestación pública en contra del gobierno nacional”, advirtió una ONG citada por el reporte.
Operación Tun Tun
Por otro lado, el informe resalta la aplicación de prácticas de terrorismo de Estado a través de la “Operación Tun Tun”, creada en 2017 pero que en esta ocasión cobró una mayor importancia dentro de la narrativa oficialista. El informe señala que se creó una campaña en la que se difundieron más de 43.000 mensajes registrados por la organización Probox en los que se buscaba infundir terror a la oposición o burlarse de los manifestantes detenidos. Esto por parte de cuentas institucionales, funcionarios de gobierno y de cuerpos se seguridad, y cuentas de seguidores del chavismo.
También se incentivó a los seguidores de Maduro a delatar a los opositores de su comunidad para ser detenidos. Para esto, el 30 de julio el gobierno habilitó una opción en la aplicación VenApp con la cual se podían hacer denuncias, mientras que organismos de seguridad como la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) habilitaron una línea de Telegram con el mismo fin.
De acuerdo con Probox, en varios grupos y cuentas oficialistas también se aplicó el doxxing, es decir, la filtración de información personal de personas señaladas de ser “fascistas” o de estar involucradas con las protestas. En muchos casos también se publicaba desde cuentas oficiales del Estado fotos de manifestantes captados en cámara solicitando información para su captura.
Conclusiones
El informe concluye que las elecciones del 28 de julio se realizaron “en condiciones asimétricas y desventajosas” para los candidatos no oficialistas, siendo el inicio de un patrón de violaciones de derechos humanos que luego se intensificó en los días posteriores a los comicios. Difiere del reporte del Panel de Expertos de las Naciones Unidas que había consideró que la jornada se desarrolló en un ambiente “predominantemente pacífico”, esto por los reportes de violencia armada por colectivos y el asesinato de un votante en Táchira.
“Luego del desconocimiento de la voluntad popular, y ante las expresiones de la indignación colectiva mediante movilizaciones autoconvocadas y espontáneas, protagonizadas por sectores populares, la reacción de las autoridades fue responder a las demandas reprimiendo las protestas y neutralizándolas a cualquier costo”, señala.
Destacó también el uso del temor generalizado como mecanismo de control social y la evidente parcialidad política e ideológica de los funcionarios encargados de la seguridad ciudadana, quienes han asumido abiertamente la represión y persecución de opositores, considerándolos como enemigos a derrotar en lugar de ciudadanos.
“Han transformado las políticas públicas de mantenimiento del orden en una práctica de dominio y coerción militar y policial del territorio venezolano, cuya principal motivación es el mantenimiento del poder, generando condiciones para la extorsión y chantaje de los afectados”, acota.
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