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  • Familiares de José Rubén Rubio Freitas, detenido en el contexto de las protestas poselectorales, indicaron que el hombre ha sufrido episodios recurrentes de hipertensión

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) alertó el 9 de enero que un preso político sufrió un infarto en el Centro Penal de Tocuyito, en el estado Carabobo. Se trata de José Rubén Rubio Freitas, detenido en el contexto de las protestas poselectorales en Venezuela por el gobierno de Nicolás Maduro.

En su cuenta de X (antes Twitter), la organización indicó que la esposa del detenido, Rosa Romero, recibió una llamada en la que le notificaron que Rubio se encuentra ingresado de urgencia en un centro de salud sin especificar cuál. Su mujer, quien vive en Valera, estado Trujillo, indicó que su esposo ha sufrido episodios recurrentes de hipertensión desde su arresto, en parte producidos por las condiciones de reclusión y la falta de atención médica en el penal.

“Responsabilizamos al Estado venezolano de su vida y cualquier cosa que pueda pasarle. Exigimos que garantice su derecho a la vida y sea liberado inmediatamente”, señaló el CLIPP.

Presos fallecidos

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Foto: EFE/ Ronald Peña

Durante meses, diferentes organizaciones exigieron el traslado del preso político Osgual Alexander González, de 43 años de edad. El hombre, oriundo del estado Lara había presentado varias crisis de hipertensión desde su detención el 1° de agosto de 2024, y su estado de salud se había vuelto crítico. Murió el 16 de diciembre de un infarto dentro de la cárcel de Tocuyito, donde aún sigue detenido su hijo de 19 años de edad.

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González fue el segundo fallecido en menos de 72 horas en el penal. Díaz antes, el 13 de diciembre, se reportó la muerte de Jesús Álvarez por causas desconocidas. De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Álvarez se encontraba en mal estado de salud y sus compañeros debieron protestar para que pudiera ser llevado a la enfermería. 

A pesar de que su hijo, Jesús Alejandro Álvarez, reconoció el cuerpo de su padre en el Hospital Central de Valencia, no pudo retirarlo hasta la noche del 14 de diciembre, pues las autoridades de Tocuyito negaban que hubiera un preso fallecido.

Otro caso conocido fue el de Jesús Manuel Martínez Medina, quien falleció el 14 de noviembre. Martínez estaba detenido desde el 29 de julio en un comando policial de Lechería, estado Anzoátegui, después de haber fungido como testigo electoral en las elecciones presidenciales. El activista padecía de diabetes tipo II y problemas cardíacos, los cuales no fueron atendidos durante su encierro, provocando un deterioro en salud. No fue sino hasta días antes de su muerte que se autorizó su trasladó al Hospital Luiz Razetti de Barcelona.

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Salud crítica

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Vigilia por los presos políticos | Foto: EFE

Las denuncias por el mal estado de salud en las cárceles venezolanas ha sido un problema denunciado por múltiples organizaciones desde hace años. Sin embargo, tras las protestas poselectorales que dejaron más de 2 mil venezolanos detenidos de acuerdo con el Foro Penal, esta situación se ha agravado, pues informes realizados por el CLIPP y el OVP prueban de que las autoridades carcelarias niegan deliberadamente la atención médica y el suministro de medicamentos a los presos políticos.

Igualmente, muchos detenidos que inicialmente estaban sanos han presentado problemas de salud derivados de sus condiciones de reclusión, como infecciones, enfermedades en la piel o desnutrición. Esto sin mencionar el deterioro paulatino de su salud mental, aupado por los constantes maltratos físicos y psicológicos que reciben y que han empujado a algunos a desear quitarse la vida, de acuerdo con testimonios de familiares recogidos por CLIPP. 

Un ejemplo de ello fue una adolescente de 17 años de edad detenida en Anzoátegui, quien debió ser hospitalizada el 31 de octubre luego de beber cloro durante un cuadro depresivo, reportó la organización Una Ventana a la Libertad.

Las organizaciones también han denunciado la presencia en las cárceles de personas con condiciones de salud críticas que se complicaron por la desatención. Tal es el caso de Yenny Barrios, paciente oncológica detenida el 12 de septiembre en Carora, estado Lara. A pesar de que tuvo que ser trasladada en octubre a un hospital por sufrir complicaciones al interrumpirse su tratamiento, no fue sino hasta el 11 de diciembre que fue excarcelada.

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