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- Foro Penal denunció un patrón de persecución contra jefes de campaña locales y colaboradores logísticos del Comando con Venezuela. Entre los casos más recientes está la detención del activista Freddy Cimino y el sindicalista Régulo Reina
Las elecciones presidenciales de Venezuela han estado marcadas por la ola de persecución y represión por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. Desde el inicio de la campaña, el 4 de julio, 80 personas han sido detenidas por colaborar con actividades del candidato Edmundo González Urrutia y la líder opositora María Corina Machado. Aunque la suma total sería de más de 105 arrestos arbitrarios en lo que va del año 2024.
Precisamente Foro Penal había compartido el 16 de julio un reporte en el que se contabilizaban 102 detenciones relacionadas a la campaña opositora. Sin embargo, en las 48 horas posteriores se registraron tres nuevas desapariciones forzadas que elevaron la cifra.
En su momento, la organización señaló que el patrón de estas detenciones se enfoca en activistas del Comando con Venezuela, especialmente jefes de campaña en el interior del país, así como militantes de partidos políticos de la Plataforma Unitaria. También se ha extendido contra ciudadanos que han prestado servicios o ayudado a González Urrutia y Machado. Tal ha sido el caso de conductores y encargados de equipos de sonido, motorizados, pescadores o empresarios que les han dado alojamiento.
Acotó que del total del año, al menos 70 personas ya fueron liberadas a las pocas horas de su arresto, otras excarceladas con medidas cautelares. Sin embargo, aún prevalece un grupo que continúa en los calabozos de diferentes organismos de seguridad e inteligencia, muchos de ellos sin cumplir con el debido proceso ni tener contacto con sus familiares o abogados.
Casos recientes
El 18 de julio se reportaron dos desapariciones forzadas en diferentes puntos del país. El primero fue Freddy Cimino, coordinador de Organización del partido Voluntad Popular (VP) en el estado Miranda. En su cuenta de X (antes Twitter), la tolda afirmó que el activista fue abordado la noche anterior por funcionarios sin identificar mientras viajaba en su vehículo por la urbanización La Macarena, en Los Teques.
Testigos aseguraron que Cimino fue subido a una patrulla rotulada como de Protección Civil. Posteriormente su vehículo apareció en la sede de la División contra la Delincuencia Organizada (DCDO) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Caracas. La coordinadora nacional de VP, Adriana Pichardo, indicó que Cimino era miembro del Comando con Venezuela en los Altos Mirandinos y al momento de su detención solo llevaba en su carro paquetes de volantes y tarjetones electorales que había recogido para la campaña.
“En ningún momento se les ocurra (a las autoridades) ahora presentar drogas o armas o cualquier otra cosa que quiera montar contra Freddy Cimino”, advirtió.
Igualmente, ese mismo día, la exdiputada María Gabriela Hernández publicó un video en el que se ve a funcionarios de la Policía de Monagas llevarse detenido al sindicalista Régulo Reina en el municipio Libertador de esa entidad. Acotó que días atrás, el trabajador de la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) había participado en un acto de apoyo a Edmundo González.
Más detenciones
A estas dos detenciones se suman la del jefe del equipo de seguridad de María Corina Machado, Milcíades Ávila. El movimiento Vente Venezuela denunció su desaparición el 17 de julio, también por funcionarios sin identificar, justo cuando la líder opositora se encontraba de gira por el estado Portuguesa. “Maduro ha hecho de la violencia y la represión su campaña”, escribió.
Luego de ser presentado en tribunales el 18 de julio, Ávila fue excarcelado con medidas cautelares. Previamente Machado había relacionado su arresto a una supuesta denuncia por “violencia de género” por parte de un grupo de funcionarias oficialistas que el 13 de julio intentaron agredirla mientras almorzaba con Edmundo González en un restaurante de La Encrucijada, estado Aragua. Local que días después fue clausurado por orden del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat).
“Ávila me ha acompañado alrededor de todo el país y ha arriesgado su vida para defenderme”, comentó Machado. Agregó que todo el incidente en Aragua fue planificado con el fin de vulnerar a su equipo de seguridad en los días previos a la elección. Algo que días después se validó con el atentado contra su vehículo en el estado Lara.
El 14 de julio, el partido Un Nuevo Tiempo (UNT) reportó la detención de su presidente en el estado Monagas, Ángel Aristimuño. Su arresto quedó registrado en un video, donde se indica que tenía una orden de captura desde el 8 de julio, emitida por el juez Erick Ferrer, aunque sin especificar los delitos que se le imputan. El dirigente era jefe de campaña de la oposición en Monagas, donde organizaba una visita de Edmundo González.
Contra los partidos
El mismo día del arresto de Aristimuño, la coordinadora de Vente Venezuela en Portuguesa, María Oropeza, reportó la detención de su directora de campaña en Guanare, Mary Rodríguez, y de Mayra Montilla, en un operativo de diferentes cuerpos de seguridad en los que allanaron varias viviendas. Esto en el marco de la visita de Machado a esa ciudad, en la que también retuvieron a los encargados del sonido y la tarima.
Con esto, Machado indicó que suman más de 24 militantes de Vente detenidos durante la campaña. Entre los más recientes están Denis Martínez, coordinador de la tolda en Anaco (Anzoátegui). Desde enero también permanecen detenidos los jefes de campaña del partido en los estados Barinas, Trujillo, Yaracuy y Vargas, así como de su coordinador nacional de Organización, Henry Alviárez, y de su coordinadora política nacional, Dignora Hernández.
Por su parte, Adriana Pichardo indicó que, además de Cimino, también hay otros dos presos políticos de Voluntad Popular. El primero es Jeancarlos Rivas, activista juvenil de 19 años de edad, detenido el 14 de junio en La Guaira por funcionarios de la policía regional y que actualmente está recluido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide.
El segundo es Aldo Rosso, responsable de VP en la parroquia El Valle de Caracas. El activista social, de 69 años de edad, se dirigía a la Caravana por la Libertad de Edmundo González en Caracas, el 4 de julio, cuando fue abordado por funcionarios. Una situación similar también ocurrió con el responsable de la tolda naranja en el municipio Plaza del estado Miranda, Ignacio Monique, cuando partía hacia la misma marcha desde Guarenas. Fue liberado días después.
Colaboradores
Una de las prácticas más comunes por parte del oficialismo es atacar a ciudadanos, sin importar si militan o no en partidos, solo por apoyar en la logística de la campaña. Esto no solo se ha limitado a detenciones de varias horas de los conductores que trasladan a Machado o llevan los equipos de sonido, sino también ha involucrado el cierre de los hoteles donde se ha hospedado y de los restaurantes en los que ha comido por funcionarios del Seniat.
Uno de los casos más recientes es el del empresario tachirense Ricardo Albacete Vidal, quien meses atrás le había regalado a Machado un camión y la había alojado en su casa durante su visita al municipio Guásimos. Fue detenido en Caracas por funcionarios del Sebin el 11 de julio y mientras estaba en situación de desaparición forzada, se practicaron allanamientos a sus galpones, en los que también detuvieron a .
Posteriormente, el fiscal general Tarek William Saab confirmó las detenciones de Albacete y Aldo Rosso, vinculándolos a ambos con un presunto plan de sabotaje al sistema eléctrico. Esto basado en supuestos “materiales estratégicos” encontrados en los galpones del empresario.
Otro caso fue el del cantante Wilmer “Willy” Álvarez Vargas, un migrante venezolano en Colombia quien se hizo viral en redes sociales por publicar dos canciones dedicadas a Machado. Había regresado al país para visitar a su familia en Barquisimeto (Lara) y votar en las elecciones, cuando el 11 de julio se denunció su desaparición en una alcabala de La Pedrera, Táchira. Luego de tres días lo presentaron en tribunales, donde se le imputó “resistencia a la autoridad”. Se les exigieron dos fiadores como requisito para su liberación.
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