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  • Apenas 36 diputados y actores políticos de las 110 personas incluidas en la lista de “indultados” habían sido imputados por su militancia en partidos políticos y solo 14 de ellos habían estado detenidos

Un texto de Isabella Reimí.

El 30 de agosto el entonces ministro de Comunicaciones e Información, Jorge Rodríguez leyó en un decreto los 110 nombres a quienes “se concede un indulto presidencial”. De acuerdo con el vocero del régimen de Nicolás Maduro, este documento “persigue la reconciliación nacional y que se reencausen las acciones políticas de todos los actores (de oposición) por la vía constitucional” de cara a las próximas elecciones del 6 de diciembre. 

Apenas 36 diputados y actores políticos de las 110 personas incluidas en la lista de “indultados” habían sido imputados por su militancia en partidos políticos y solo 14 de ellos habían estado detenidos.

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A su vez, Rodríguez argumentó que la votación “constituye una oportunidad estelar para garantizar la participación más amplia” y confesó que la intención del partido oficialista “es demostrar la solidez de la democracia venezolana” antes de las parlamentarias. 

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Por ello, algunos medios de comunicación social empezaron a difundir la noticia como “excarcelación de 110 presos políticos” o “indulto a presos políticos”. Sin embargo, no todas las personas en la lista se encontraban detenidas y, aunque algunos de los enumerados eran figuras públicas, en su mayoría eran personas poco conocidas sin aspiraciones a ocupar puestos dentro del parlamento. 

La investigación recopilada por Cotejo.info, en alianza para El Diario, constata que 72 ciudadanos de la lista eran miembros de la sociedad civil que fueron imputados luego de participar en alguna protesta, activistas sociales y sindicales poco reconocidos o simplemente amigos, familiares y hasta vecinos de otros perseguidos políticos. 

Incluso, uno de los perdonados que se mezcló junto al resto era un exfuncionario público que había cometido un delito de corrupción y no estaba asociado con la defensa de ningún derecho.

Civiles detenidos

De los excarcelados, 64 eran miembros comunes de la sociedad civil, 6 periodistas, 5 sindicalistas o agremiados y 2 personas más habían ostentado un cargo en algún cuerpo policial o militar al que habían renunciado previo a su detención. 

La tendencia del Estado venezolano de detener civiles comunes en protestas ha crecido en los últimos años, de acuerdo con el Programa Venezolano de Educación Acción (Provea). En una entrevista que Cotejo.info en alianza para El Diario sostuvo con la organización, su abogado Marino Alvarado, expresó que en los últimos años las protestas sociales han proliferado a nivel comunitario.

“Muchas veces personas humildes salen a protestar, y como no están acompañados de una dirigencia estudiantil o política, son a ellos mismos que se llevan (a prisión) y por eso a veces es muy difícil conocer la identidad” de los detenidos, aclaró Alvarado.

Los datos de los 110 también reflejan esta realidad. Al grueso de este grupo (48 personas) lo encarcelaron en los años 2019 y lo que va de 2020; mientras que los liberados que habían sido detenidos en 2018 suman 11 personas y fueron siete a los que procesaron tanto en 2016 como en 2017. Solo un dirigente estudiantil había sido imputado en protestas 2014 bajo el cargo de “intimidación al orden público”.

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A 25 personas de este grupo y a dos políticos los detuvieron durante alguna protesta (19 eran jóvenes larenses según el diario El Nacional), también en su mayoría en este año y el anterior. 

Además, cinco personas de las detenidas este año se encontraban en ejercicio de su derecho a informar y ser informados de situaciones relativas al covid-19 y al manejo estadal de los casos infectados, como la bioanalista Andrea Sagayo Moreno, el docente margariteño Fernando Marcano Ferrer y los periodistas Javier Vivas, Mimi Arriaga y Nicmer Evans. 

Seis de los excarcelados no tenían otra relación con la política que conocer, tratar o ser familiar de una persona perseguida; tal es el caso de Enrique Perdomo, abogado de Iván Simonovis, Antonia Turbay, vecina del excomisario, o Yoelkis Frontado, exnovia de un ciudadano perseguido por las Fuerzas de Acciones Especiales, la policía de exterminio según la ha calificado la Organización de Naciones Unidas. 

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Se desconocen los criterios

Poco después de enterarse de la noticia de los “indultados”, la organización defensora del debido proceso, Foro Penal, manifestó públicamente desconocer los criterios por los cuales se le otorgó el beneficio a unos presos políticos y a otros no.

De esta lista de 110, 24 ya estaban excarcelados con procesos abiertos. A 26 diputados los investigaban por causas políticas, pero no estaban detenidos sino en el exilio y refugiados en embajadas, y había un preso común.

Para Foro Penal solo 53 de los 110 eran presos políticos, y solo 14 eran militantes, como constató la investigación de Cotejo.info en alianza para El Diario. Ninguno de estos fueron los 242 militares detenidos desde 2014, según aclaró al medio Gonzalo Himiob, director de la organización. 

El indulto no era tal cosa para los diputados. El diputado Freddy Valero, presidente de la comisión de política interior de la Asamblea Nacional, recordó que el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de aquellos 26 diputados había sido inconstitucional desde sus orígenes, ya que tomar tal decisión le correspondía al parlamento legítimo y no a la asamblea nacional constituyente (ANC). 

Aún después de que se cerraran todas las investigaciones en su contra, los parlamentarios perseguidos se siguen resguardando por desconfianza a que el Estado cumpla esta promesa del 30 de agosto. 

Por otro lado, el hecho de que Henrique Capriles Radonski liderara la negociación de la liberación de estas personas, pudo haber influido en los seleccionados. De 16 personas adscritas a algún partido, siete militaban en Primero Justicia, partido del excandidato presidencial, cuatro en Voluntad Popular, dos en Acción Democrática y el resto en toldas minoritarias.

Además, aunque los abogados no se oponen al indulto de Alberto Rafael Bogarín Castro, imputado en 2016 por un caso de corrupción con la aerolínea y agencia estatal de viajes Conviasa, en su opinión de activistas por los derechos humanos su caso no se ha debido mezclar con la cifra de políticos excarcelados.

Aún después de la liberación, todavía hay 334 presos políticos en Venezuela, según el conteo del Foro Penal. 

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